La detención de dos exgobernadores mexicanos fuera del país resulta la zaga de toda una estela de corrupción que involucra a altos cargos y pone en entredicho al sistema político y la credibilidad de los funcionarios públicos.

En una celda de Guatemala está el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, capturado en el país centroamericano luego de seis meses en fuga.

Duarte está acusado de varios delitos asociados a la corrupción, y en particular el desvío de recursos públicos que dejaron al estado endeudado y sectores desfalcados como los de salud, educación, seguridad y otros.

Ocurrió en una entidad donde el crimen organizado multiplicó sus actividades con crímenes, secuestros y otros actos delictivos, incluso con la coparticipación de oficiales y agentes policiales.

Pero el gran capo estaba sentado en la silla de la gobernación, desde donde creo empresas fantasmas, robó a manos llenas e incluso fondos destinados por la federación para la mitigación de daños provocados por fenómenos naturales en ese territorio que da al Golfo de México.

Ranchos, inmuebles, terrenos, joyas, obras de arte están en manos de autoridades estatales y federales, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores alista el expediente formal de extradición ante las autoridades judiciales guatemaltecas.

Duarte es apenas una de las caras de la corrupción. En otra celda, pero en Florencia, Italia, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrigton, espera por la decisión del Ministerio de Justicia del país europeo que atiende reclamaciones de extradición de Estados Unidos y México.

Yarrington, prófugo desde 2012, usaba documentación falsa en Italia cuando fue capturado y enfrenta cargos en cortes de Estados Unidos por narcotráfico, entre otros delitos que también deberá encarar en su país.

Los gobiernos de Estados Unidos y México se pusieron de acuerdo para que el encartado sea extraditado primero a territorio estadounidense y enfrente allí un proceso judicial. Luego de recibir sentencia, será extraditado temporalmente a su país de origen, donde también la justicia lo juzgará.

Ambos países deberán también ponerse de acuerdo con la suerte de otro exgobernador, Cesár Duarte, de Chihuahua, reclamado también por corrupción, quien cruzó la frontera y está solicitando residencia en el vecino del norte.

Llama la atención que los dos Duarte y Yarrington fueron abanderados del Partido Revolucionario Institucional, PRI, del presidente Enrique Peña Nieto.

También viene del PRI y fue presidente de su Comité Ejecutivo Nacional el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien estuvo detenido en España por varias imputaciones y a quien la revista Forbes incluyó en 2013 en la lista de “los 10 mexicanos más corruptos”.

Representantes de otros partidos también están bajo sospecha. Así ocurre con los exgobernadores, Roberto Borge, Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso Femat y Rodrigo Medina  (exmandatarios  de Quintana Roo, Sonora,Aguascalientes y Nuevo León, respectivamente) quienes en meses recientes enfrentaron acusaciones penales en México o el extranjero.

A la lista se suman el exfiscal del actual gobierno de Nayarit, Édgar Veytia, y el exsecretario deHacienda de Coahuila, Carlos Villalobos, ambos detenidos con diferencia de días por autoridades estadounidenses;  uno en San Diego,California, acusado de tráfico de estupefacientes, y el otro, enPhoenix, Arizona, por presunto desvío de recursos.

Si México ya estaba bajo observación internacional por el tema de los desaparecidos, los secuestros, fosas clandestinas y la impunidad que rodea a todos estos flagelos, el tema de la corrupción en altos cargos públicos muestra otra cara fea del país.

Para no pocos analistas ello conforma un retrato alarmante de la descomposición institucional, pero también de la incapacidad oficial para controlar y atajar la corrupción desbordada con el protagonismo de gobernadores y otros funcionarios de alto nivel.

Está a la vista la inoperancia de los mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas, que incluye tanto a instituciones federales, estatales, al Congreso de la Unión y a los cuerpos legislativos en los estados.

No pocas veces –señalan aquí– las instancias fiscalizadoras están al servicio del gobernante de turno, a despecho de denuncias ciudadanas y de organizaciones sociales que, lejos de ser escuchadas, muchas veces son reprimidas y castigadas de diversas maneras.

Una buena responsabilidad recae también en los partidos políticos que son, en definitiva, quienes postulan a sus candidatos para ocupar puestos públicos. Ello se pone de manifiesto sobre todo en la campaña electoral en curso para los comicios de junio en tres estados, previas a los comicios de 2018 cuando se elegirá al presidente de la República y serán renovados los curules del Senado y la Cámara de Diputados.

El panorama lleva a cuestionarse hasta qué punto las instancias en las que se deciden las candidaturas puedan estar contaminadas por intereses y acuerdos previos para la obtención de beneficios ilícitos.

Para la Arquidiócesis de México la captura de exgobernadores mexicanos en Guatemala e Italia ”demuestra la cloaca de corrupción” imperante en país.

Un editorial del semanario Desde la Fe afirma que la nación está sometida a la corrupción y que la impunidad resulta “el principal ingrediente”.

Añade que tanto a Javier Duarte como a Tomás Yarrignton se les ensalzó en su momento como la “nueva generación política del cambio contra el pasado autoritario antidemocrático y de poder desmedido”.

El editorial refiere estados desfalcados y en quiebra económica porque operaron gobernadores sin contrapeso alguno y “quienes se atrevieron a denunciar, pagaron muy caro las consecuencias de sus actos”.

“Hediondez del poder” es el título del duro editorial de la Iglesia Católica mexicana.

Orlando Oramas León*/Prensa Latina

* Corresponsal jefe de Prensa Latina en México.