“Los derechos sociales constituyen uno de los ejes rectores de la protección judicial, ya que en la actualidad la existencia del Estado y la actuación de sus autoridades se justifican en la medida en que promueven el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales, propios de una sociedad democrática”, señaló el Ministro Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.
Durante su participación en el Congreso “La Protección de los Derechos Sociales en Tiempos de Crisis”, dijo que las Cortes Supremas y Constitucionales están llamadas a construir decisiones judiciales que contribuyan, de manera progresiva, a la tutela de los derechos sociales, preservando la capacidad de respuesta de las instituciones públicas.
El reto que enfrenta el juez constitucional –continuó— consiste en salvaguardar el derecho humano de la persona sin comprometer la viabilidad presupuestal y financiera del Estado.
Para ello, la Suprema Corte ha establecido condiciones específicas que deben cumplir las autoridades: “cuando el Estado aduce que existe una carencia presupuestaria, debe acreditarlo”.
Apuntó que este criterio del Alto Tribunal permitió establecer una obligación general para las autoridades que constituye una defensa judicial de los derechos del individuo y su satisfacción por parte de las instancias responsables.
“Promover y garantizar los derechos sociales, desde la Judicatura, exige también fijar el alcance de las normas constitucionales y convencionales que protegen dichos derechos fundamentales”, añadió.
