Un nuevo atentado contra dos sacerdotes de la iglesia católica en el estado de Guerrero confirma la denuncia del clero de que México es el país más letal para el ejercicio del ministerio eclesiástico.

El asalto y robo a mano armada del obispo de Chilpancingo, Maximino Miranda, y el cobro de piso al obispo de Tlapa, Dagoberto Sosa, a manos de grupos de la delincuencia organizada, se suma a las 530 extorsiones de que han sido objeto los prelados en todo el país y los 18 asesinatos en los que va del régimen de Peña Nieto.

El obispo Maximino Miranda fue sorprendido por miembros del crimen organizado en un retén que instauraron en las inmediaciones de Ciudad Altamirano, donde lo despojaron de objetos de valor, dinero y una camioneta.

Al obispo de Tlapa, los delincuentes le exigieron el cobro por derecho de piso, el cual no cobraron porque llegó otro grupo que desplazó al primero, de acuerdo con la versión del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel.

El prelado informó en conferencia de prensa –según un despacho de Reforma-, que los grupos delictivos procedentes de Michoacán y Estado de México son los que más daño están haciendo en las comunidades de Guerrero.

Agregó que el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo y el secretario de gobierno, Florencia Salazar, ya ni le dirigen el saludo debido a que ha mantenido contacto con líderes de la delincuencia organizada del estado para bajar los niveles de violencia en la región, obligado por la falta de respuesta de las autoridades a los reclamos de seguridad y justicia.

La principal causa de las extorsiones a los religiosos está relacionada con la venta de seguridad por parte de los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado y, en algunos casos, por elementos que pertenecen o formaron parte de las fuerzas armadas de país, dice Omar Sotelo Aguilar, director de la unidad de información del Centro Católico Multimedial.

Para el prelado, “el gobierno de Peña Nieto ha sido un desastre: México ocupa el primer lugar en Latinoamérica de crímenes contra ministros de la iglesia católica. Este régimen pasará a la historia como el más letal para el ejercicio del sacerdocio”.

Señala que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se han reportado 520 extorsiones a sacerdotes, 17 asesinados, 25 atentados contra seminaristas, laicos y presbíteros, dos desaparecidos y dos secuestrados.

Con estas estadísticas, dice, para el 2018 Peña Nieto podría concluir su mandato con un alza estimada al ciento por ciento de homicidios contra religiosos -por encima del saldo rojo del expresidente Felipe Calderón, en cuyo periodo fueron ultimados 15 sacerdotes-, siendo el sexenio más peligroso para el ejercicio del sacerdocio de la era moderna.

“Este fenómeno en creciente desarrollo es resultado de la incapacidad del gobierno mexicano para controlar la violencia desbordada por grupos del crimen organizado en las distintas zonas geográficas del país, advierte Sotelo Aguilar”.

En ese sentido, considera que el gobierno de Peña Nieto “ensoberbecido por sus reformas estructurales, envuelto en la vergüenza por las miles de víctimas de una guerra no declarada, desapariciones, vulneración de los derechos humanos, impunidad y corrupción”, se perfila como el más negro de la historia moderna de México.

Precisa que son 4 estados de la república mexicana considerados peligrosos para el ministerio sacerdotal: Guerrero, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán, lo cual perfila al gobierno de Peña Nieto como el más negro de la historia moderna de México.

Estos diversos tipos de agresión contra sacerdotes, religiosos y laicos, es un problema que se presenta de manera continua también en Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guadalajara, Estado de México, donde es una constante la intimidación psicológica, verbal, y/o consignas a través de misivas o llamadas telefónicas.

Respecto al robo de templos, de dijo que de 2005 a la fecha han sido profanados 3 mil 220 iglesias, entre ellos la Catedral Metropolitana. Los daños causados por irrupción y vandalismo contra imágenes, mobiliario y objetos religiosos, se estima en 10 millones de pesos.