Washington, Estados Unidos. Los numerosos análisis, interpretaciones y cálculos sobre el proyecto presupuestario del Gobierno estadunidense tienen temas en común y algunas cuestiones divergentes, pero casi todos coinciden en un punto: los pobres serán los más perjudicados.

La propuesta que la administración del republicano Donald Trump envió el 23 de mayo al Congreso para abarcar el año fiscal 2018, que comienza en septiembre venidero, tiene la ambiciosa meta de equilibrar las cuentas federales en el plazo de una década.

Para alcanzar tal propósito, prevé una contracción de 3.6 billones de dólares (millones de millones) en los gastos, lo cual estaría respaldado, fundamentalmente, con severos recortes a los programas sociales del país.

Es muy poco probable que la iniciativa pase el escrutinio del legislativo hasta llegar a convertirse en ley; de hecho, en el Capitolio llovieron las críticas contra el plan del presidente, tanto por parte de los demócratas como de varios republicanos.

Pero más allá de su quimérica aprobación, el documento titulado Una nueva base para la grandeza norteamericana llama la atención por ser visto como una declaración política y hoja de ruta de las prioridades del jefe de Estado.

Grandes recortes sociales y contabilidad poco realista

La iniciativa, que solicita 4.1 billones de dólares para 2018, no afectaría los fondos destinados a la seguridad social y al Medicare, un programa de asistencia médica que beneficia a los adultos mayores. Sin embargo, concibe recortes de 800 mil millones de dólares en 10 años al Medicaid, dedicado a la atención sanitaria de personas de bajos recursos, lo cual muchos califican como promesa incumplida del mandatario, quien desde la campaña aseguró que no afectaría ese programa.

En tanto, se reduce en más de 190 mil millones de dólares la financiación del programa de alimentos para familias pobres conocido como SNAP, el cual favoreció 44 millones de norteamericanos en 2016.

Asimismo, se rebajarán más de 72 mil millones de dólares a los beneficios por discapacidad, y se eliminarán programas de préstamos estudiantiles que subsidian la educación universitaria para los pobres.

Se pronostica, además, la desaparición gradual del financiamiento dirigido a la Corporación de Radiodifusión Pública y la Fundación Nacional para las Artes.

La propuesta también disminuiría 31.4 por ciento de los fondos de la Agencia de Protección Ambiental; 29.1 por ciento los del Departamento de Estado; 20.5 por ciento los de Agricultura; y 10.7 por ciento los de la Fundación Nacional de la Ciencia.

Por el contrario, y como prometió el jefe de Estado, se registra un aumento del gasto miliar del 10 por ciento para 2018, equivalente a 54 mil millones de dólares.

De ese total, la seguridad fronteriza recibirá más de dos mil 600 millones de dólares, entre ellos mil 600 millones para comenzar los trabajos en el muro que el mandatario quiere construir en los límites con México.

Al mismo tiempo, el proyecto de Trump disminuiría o eliminaría billones de dólares en impuestos dirigidos a los más ricos, incluyendo el impuesto sobre bienes y la tasa marginal sobre el ingreso ordinario pagado por los contribuyentes de mayores ingresos.

Para defender esos contenidos del texto, que provocó fuertes críticas, el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, indicó a la prensa que se trata de un plan diseñado desde el punto de vista de los contribuyentes que pagan y no de los que reciben.

El funcionario subrayó que no se puede medir la compasión “por el dinero o las personas que están en los programas de asistencia social, sino por la cantidad de gente que sacamos de ellos”.

“Si tomas cupones de alimentos y eres capaz de trabajar, necesitamos que vayas al trabajo. Si estás en un seguro de invalidez y no se supone que lo eres, no estás realmente incapacitado, necesitamos que vuelvas a trabajar”, sostuvo.

Al mismo tiempo, remarcó que la propuesta reduce progresivamente el déficit hasta equilibrar las cuentas públicas y confía en un crecimiento sostenido del tres por ciento anual, estimulado por los recortes de impuestos y la retirada del exceso de regulación federal.

Esa aspiración, sin embargo, es blanco de cuestionamientos, pues, a pesar de los recortes a los programas sociales, educativos y científicos, entre otros, analistas consideran que el Gobierno solo alega ahorros vagos y fuentes de ingresos imprecisas.

Todo el pronóstico se apoya en la idea de que la economía de la nación crecerá a una tasa anual de por lo menos el tres por ciento, casi el doble del crecimiento del 1,6 por ciento de 2016 y un ritmo que no se ha visto en casi 20 años, indicaron expertos.

Equilibrar las cuentas sólo funcionaría “si crees en las hadas de los dientes”, manifestó el exsecretario del Tesoro Larry Summers, mientras la Oficina de Presupuesto del Congreso sitúa el ritmo del crecimiento económico en 1,9 por ciento, y la Reserva Federal en 1,8 por ciento.

El camino del Congreso

La popularidad de los republicanos entre sus votantes recibió un golpe a principios de mayo con la aprobación en la Cámara de Representantes de la ley sanitaria que busca derogar y reemplazar el Obamacare.

En medio de los efectos de esa norma, cuyo camino legislativo seguirá en el Senado, los miembros del partido rojo tratarán de distanciarse del proyecto de Trump, que implicaría nuevas cargas para sus electores, sobre todo en zonas rurales.

A pesar de ello, y ante la superioridad que esa fuerza tiene en las dos cámaras del Congreso, se considera la posibilidad de que las pautas marcadas por el presidente lleven a los republicanos a mover sus iniciativas de gasto hacia la derecha.

Para el diario The New York Times, aunque los recortes de la administración no se conviertan en ley, la formación roja puede aprovechar el momento para imponer su propia austeridad.

Eso se debe a que, en lugar de romper con los precedentes del sistema político de Washington que tanto criticó, el jefe de Estado presentó un plan hecho a la medida de la ortodoxia conservadora, al aligerar la carga de los ricos y amenazar los programas dirigidos a los pobres.

Martha Andrés Román*/Prensa Latina