La organización internacional Human Rigths Watch (HRW) solicitó a las autoridades mexicanas investigar en forma oportuna, exhaustiva y confiable “las evidencias que indican que un complejo programa informático de espionaje (spyware) vendido al gobierno fue usado para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción”.
Señaló que “el gobierno debería asegurar que rindan cuentas todos aquellos que se determine que son responsables del uso del programa contra activistas y periodistas”.
A través de un comunicado de prensa, HRW recordó que, el pasado 19 de junio, The New York Times informó que la plataforma Pegasus había sido usada “contra abogados que trabajan para la reconocida organización de derechos humanos Centro Prodh [Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez], que representa a familiares de los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 en Guerrero y a otras víctimas de abusos, contra un académico que impulsaba la adopción de legislación contra la corrupción y contra dos periodistas influyentes que expusieron casos de abuso y corrupción gubernamental”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, observó que “es sumamente preocupante que este tipo de sofisticadas armas cibernéticas puedan usarse contra ciudadanos de a pie, sobre todo cuando se trata de defensores de derechos humanos y periodistas que se dedican a denunciar corrupción y abusos”.
De acuerdo con el comunicado, el defensor indicó que “el gobierno mexicano ha negado cualquier responsabilidad en estos hechos, pero debe esforzarse mucho más para determinar quiénes fueron los responsables, llevarlos ante la justicia y asegurarse que esto no vuelva a ocurrir”.
La organización destaca que fue a partir de un análisis técnico del centro de investigación Citizen Lab, con sede en Toronto, como se documentó que “en los ataques se utilizó el programa denominado Pegasus, comercializado por el fabricante israelí de armas cibernéticas NSO Group. Una vez que un teléfono inteligente se infecta con el programa, el software de NSO Group permite a organismos gubernamentales vigilar cualquier actividad en el teléfono, incluidos mensajes de correo electrónico, archivos, listas de contactos, información sobre ubicación y mensajes de chat. El programa espía también permite que los gobiernos realicen en forma secreta grabaciones de audio o video utilizando el micrófono y la cámara incorporados a un teléfono”.
Por ello, Human Rights Watch pidió a NSO Group investigar un posible uso ilegal de la tecnología por parte de México y “suspender de inmediato todo servicio y asistencia a organismos públicos donde se detecten abusos”.
Para HRW, a nivel global, la reglamentación de la venta de potentes programas de espionaje aún es insuficiente. “Los controles y límites nacionales sobre su exportación no son suficientes para evitar la venta a gobiernos que los han utilizado o probablemente los utilicen para actuar contra críticos del gobierno y perseguirlos. Hay además una necesidad urgente de adoptar medidas de supervisión y mecanismos que garanticen que las empresas que venden estas herramientas rindan cuentas por abusos asociados con su actividad comercial”.
