En México, el espionaje se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, señalan más de 100 organizaciones de la sociedad civil de México y el extranjero y personas en lo individual.
A través de un comunicado conjunto, indican que esta práctica “constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”. Por ello, exigen al gobierno mexicano que, ante los hechos revelados en la investigación de Citizen Lab, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC, rinda cuentas sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron.
También le piden investigar y sancionar a los responsables. “Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta”.
Los firmantes rechazan lo que califican como un nuevo ataque contra periodistas y defensores de derechos humanos. “Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales. Asimismo, exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”, indican en el comunicado.
Agregan que la respuesta del gobierno federal “es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR [Procuraduría General de la República] y la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] cuentan con estas herramientas de espionaje. Corresponde al gobierno mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal perpetrado contra periodistas y defensores de derechos humanos en México”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro Nacional de Comunicación Social; Instituto de Justicia Procesal Penal; IDHEAS, Litigio Estratégico en DH; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; CIMAC; Centro de Derechos Humanos Don Sergio; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; Frente Cívico Sinaloense; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes; Red Nacional de Periodistas.
Nancy Flores
