Al conocerse los objetivos del  gobierno estadounidense en la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), puede anticiparse que la peor parte para México apenas empieza; dos de los puntos torales anunciados por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, establecen que el gobierno de Donald Trump busca la eliminación del capítulo 19 del acuerdo vigente, para que en la solución de controversias se anule la posibilidad de acudir a tribunales internacionales, y resalta, en el capítulo sobre energía, proseguir con las reformas que abran aún más los mercados en esta materia.

Todo a petición de un socio comercial que en los últimos 23 años se ha llevado las mayores ganancias y los mejores empleos, dejando a nuestro país un estancamiento económico y un atraso social que, todo indica, serán perpetuados a cambio de obtener del gobierno norteamericano su apoyo para la clase política en el poder, con miras a las elecciones presidenciales de 2018.

Representantes de industriales, agricultores y banqueros del vecino país coinciden en que el TLCAN les representó grandes beneficios, como una mejor competitividad y creación de empleos. Por ejemplo, Robert S. Kaplan, uno de los presidentes del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, declaró hace unos días que una eventual cancelación del tratado, en contra a lo expresado por Trump, produciría la pérdida de empleos ante el embate de la economía asiática.

Kaplan recordó lo archisabido por economistas de ambas naciones, pero lamentablemente ignorado o callado por la clase política mexicana: el 40 por ciento de las compras que Estados Unidos hace de productos mexicanos tienen un alto porcentaje de componentes fabricados dentro de sus fronteras; además, el 70 por ciento de importaciones norteamericanas de bienes manufacturados en México, cruza varias veces la frontera común antes de ser un artículo terminado.

Y si bien es cierto que tras la puesta en marcha del acuerdo comercial,  industrias como la automotriz repuntaron en nuestro suelo, la realidad es que a las armadoras las atrajo el suculento ofrecimiento de gozar de exenciones fiscales y pagar bajos salarios. En 1993, un año antes del TLCAN, había en México 13 plantas automotrices y actualmente existen unas 30 que crearon miles de puestos de trabajo, pero mal pagados.

Situación parecida aconteció con la rama de las maquiladoras en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, en donde se vinieron abajo los pronósticos anunciados a la firma del acuerdo por el entonces presidente Carlos Salinas, cuando se aseguró que uno de los impactos positivos sería la elevación de los salarios para los trabajadores mexicanos y la creación de miles de empleos de calidad.

Datos del INEGI y del Banco de México señalan que mientras en 1993 las exportaciones de la industria manufacturera con maquila ascendieron a 45 mil millones de dólares, para 1998 llegaron a 100 mil millones de dólares. Para 1999, a cinco años de iniciado el TLCAN, había en el país unas 3 mil 206 maquiladoras que daban empleo alrededor de un millón de personas. En las zonas donde comenzaron a operar las maquiladoras, el problema no fue la falta de empleos sino las características paupérrimas de éstos.

La laxitud en la aplicación del capítulo laboral contemplado en el acuerdo, por parte del gobierno mexicano, hizo muy atractiva la inversión de  maquiladoras en México, sobre todo de poderosos consorcios norteamericanos que a la par de armadoras automotrices vieron en las bajas remuneraciones el mecanismo para aumentar su competitividad al ahorrar millones de dólares  en salarios.

Además, la crisis financiera de 1994, el llamado error de diciembre que devaluó el peso en un 31 por ciento, acrecentó el atractivo de aumentar su competitividad, pagando salarios más económicos que en suelo estadunidense. Por citar un caso: mientras en 1999 un obrero de una maquiladora ganaba en México entre 300 y 600 pesos a la semana por una jornada laboral de 45 horas, unos mil 200 y 2 mil 400 pesos mensuales, en Estados Unidos las empresas debían pagar en su país, por un trabajo igual, salarios de entre 13 mil 200 pesos y 26 mil 400 pesos al mes. Abismal diferencia que prevalece hasta hoy.

Por eso el banquero Kaplan, al igual que industriales y agricultores norteamericanos, saben de las ventajas que les ha reportado el tratado y se cuidaron bien, en estos 23 años de vigencia, de no exigir a nuestro país el cumplimiento del capítulo laboral que teóricamente les obligaría a impulsar mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores mexicanos. Situación que  iría en contra de sus intereses.

Los agricultores estadounidenses están solicitando a Trump dejar las cosas como están en su sector, pues más de la cuarta parte de sus exportaciones las realizan a México; su temor es mayor en la medida que su presidente echó abajo el acuerdo Transpacífico, negociado por Barack Obama, cerrándoles las puertas de acceso a nuevos mercados.

En el reverso de la moneda, quienes piden que el agro quede fuera no sólo de la renegociación del tratado sino de su contenido, son los agricultores mexicanos, quienes en dos décadas vieron derrumbarse su sector ante la imposibilidad de competir contra sus símiles de la frontera norte, por la política de subsidios que su gobierno otorga de hasta un 30 por ciento en apoyo a la producción de alimentos. En México, los subsidios apenas y llegan a cuenta gotas a un 7.5 por ciento, lo que provocó la quiebra y el desmantelamiento de cultivos tradicionales y sustento de miles de comunidades indígenas y ejidos campesinos, como el frijol y el maíz, productos, entre otros muchos, que ahora importamos en miles de toneladas anuales de Estados Unidos, ante el quebranto de nuestra autosuficiencia  alimentaria.

Una de las repercusiones más graves, a 23 años del TLCAN, es la pérdida de más de 5 millones de empleos en el agro; esos millones de mexicanos que emigraron a Estados Unidos para huir del hambre y que ahora están en riesgo de ser deportados.

Se habla de que en la mesa de renegociación estarán presentes asuntos como el laboral y el ecológico, para que en México mejoren los salarios y se respeten convenios internacionales como el 98 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), referente a la libre sindicalización. De entrada suena bien, pero como se ha visto en todos estos años, al gobierno norteamericano le importa que sus connacionales lleven siempre las de ganar y valdría preguntarse si en el rubro de la ecología pedirá que se suspenda en la reforma energética la explotación del gas Shale a través del llamado “fracking”, método ya prohibido en sus fronteras por la devastación ocasionada al medio ambiente.

Preocupante para el país que las autoridades no busquen la opinión de los sectores involucrados y directamente afectados por lo que pueda venir, y  acudan a la mesa de la renegociación buscando apoyos políticos para las elecciones del próximo año, antes que velar por el futuro de nuestra economía y un mejor nivel de vida para millones de mexicanos. Una renegociación con la guardia baja será el tiro de gracia a nuestra ya de por sí disminuida soberanía.

Martín Esparza Flores*/Segunda parte y última

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Contralínea 549 / del 24 al 30 de Julio de 2017