Criminalización de personas, comunidades y organizaciones en el marco de la defensa del agua en México

La situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México es preocupante pues durante el 2016 se registrern 63 ataques en diversas modalidades. De 2010 a julio de 2016 se han registrado 303 casos de ataques a las y los defensores ambientales.

El Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, expresó su preocupación “por el inquietante número de asesinatos y casos de violencia que, sin lugar a dudas, subestima la verdadera magnitud de las amenazas que enfrentan los defensores de los derechos humanos ambientales.”

El mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso.

Las agresiones más comunes fueron dirigidas a personas (139) y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil (10) y comunidades (20). Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos73, 5 inmobiliarios, 4 despojo de tierras, 4 por eólicos, 2 por contaminación, 2 turísticos, 2 transgénicos y 2 por tala clandestina.

De los 63 casos registrados el recurso natural más afectado fue la tierra y el territorio con 27 casos, seguido del agua con 24 casos; bosque y medio ambiente en general con 5 casos cada uno; y ecosistema costero y manglar con 1 caso cada uno.

Resulta altamente preocupante que el Estado mexicano no esté realizando un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra las y los defensores ambientales, toda vez, que, en muchas ocasiones, son las propias autoridades, en los tres niveles de gobierno, quienes cometen o tienen participación en las agresiones, señala el relator.

Y es que, de acuerdo con los datos obtenidos, 43% de las agresiones provinieron de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; (el 56% fueron cometidas por autoridades estatales; el 22% por autoridades federales y el otro 22% por autoridades municipales) el 14% fueron cometidas por particulares; el 7% por parte del personal de las empresas; el 3% por parte de la gente de la misma comunidad y el 2% por grupos del crimen organizado. En el 31% de los casos no fue posible identificar a los agresores76.