Brasilia, Brasil. En nombre de la “modernización” de la legislación vigente, el Congreso brasileño aprobó una reforma laboral impulsada por el presidente Michel Temer y que organizaciones sindicales aseguran devolverá al país al siglo XIX.

El texto modifica más de 100 acápites de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), vigente desde el 1 de mayo de 1943 y que, según legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), permitió a los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff crear más de 20 millones de empleos y colocar a la economía nacional entre las más pujantes del planeta.

La apresurada discusión de la reforma, sin que existiera para los senadores la posibilidad de modificar un ápice del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, transcurrió además en un contexto que el líder de la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Adilson Araújo, catalogó como “conturbado”.

Tenemos –dijo– una tasa de desempleo récord, una crisis económica cada vez más profunda y una coyuntura política marcada, por primera vez en la historia, por el hecho de que un presidente (Temer) haya sido acusado de corrupción pasiva por la Procuraduría General de la República.

La naturaleza devastadora de la propuesta impulsada por el Ejecutivo fue denunciada también por el director técnico del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, quien afirmó que el objetivo de la misma es ampliar la protección a las empresas y desproteger al trabajador.

Este proyecto de ley “crea instrumentos para legalizar prácticas que precarizan el trabajo, reducen o impiden la protección sindical y dejan al trabajador expuesto a la coerción de las empresas en la definición de sus derechos”, enfatizó.

Mientras, el presidente nacional de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Claudio Lamachia, insistió en que la reforma de Temer ataca la Constitución Federal y todo el sistema normativo vigente y pretende crear subclases de trabajadores con pocos derechos, contratos precarios y remuneraciones indignas.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo, Guilherme Feliciano, aseveró que la aprobación de la reforma laboral provocará un retroceso de 200 años.

La llamada modernización de la legislación laboral contiene –según Feliciano– varias inconstitucionalidades, la más notoria de las cuales es el hecho de privilegiar lo negociado (entre trabajadores individuales y patronos) sobre lo legislado, lo cual tiende a deteriorar las condiciones de trabajo.

Se trata, dijo el magistrado, de una posibilidad que no está autorizada por la Constitución, la cual prevé apenas alteraciones para mejorar la condición social del trabajador y no a empeorarlas, como es el caso.

Mujeres, las más afectadas

La reforma laboral de Temer, según el diario Brasil de Fato, será especialmente perjudicial para las mujeres. Tanto es así que en su articulado admite que embarazadas y lactantes puedan trabajar en lugares insalubres; léase: en contacto con productos químicos, agentes biológicos, radiación, exposición al calor, ambientes hospitalarios de riesgo, frío intenso y otros.

Fija también para el acoso moral y sexual un costo acorde con la condición social de la víctima, al prever que ésta sea indemnizada de acuerdo con el salario que percibe.

Del mismo modo, revoca el artículo 384 de la CLT acabando en la práctica con el derecho de la mujer a descansar 15 minutos, como está previsto hoy, antes de comenzar una jornada extraordinaria.

La impugnada reforma permite además que tanto mujeres como hombres puedan ser sometidos a jornadas laborales de 12 horas, con 36 de descanso; introduce el trabajo intermitente, con lo cual el empleado carece de vínculo con la empresa, no tiene horario fijo, pero queda a disposición del patrón todo el día, aún cuando sólo recibirá un pago por las horas trabajadas.

De otra parte, y en opinión del auditor fiscal de trabajo, Luís Alexandre de Faria, la pretendida modernización no sólo banalizará el trabajo esclavo, sino que también dificultará combatirlo al ampliar la tercerización y estipular la contratación de profesionales autónomos de forma irrestricta, entre otros aspectos.

En ese sentido, el fiscal del Ministerio del Trabajo, Maurício Ferreira Brito, advirtió sobre los prejuicios que resultarán de hacer prevalecer lo negociado sobre lo legislado, pues “dependiendo de lo que se negocie, podrán legalizarse prácticas de trabajo análogo al esclavo”.

Aún antes de ser aprobada en segunda instancia por el Senado Federal, el propio director técnico del Dieese, Ganz Lucio, advirtió que lo presentando al Congreso era un proyecto diseñado para reducir estructuralmente los costos del trabajo, legalizando la precarización y ampliando el desequilibrio de poder entre la empresa y el trabajador.

Para eso, apuntó, excluye al sindicato de la representación y la negociación; crea las bases para el sindicalismo por empresa, y limita el papel de la justicia laboral con centenas de mudanzas en la legislación.

La reforma laboral de Temer constituye una pieza esencial en el proyecto de subordinar los intereses del país al capital internacional, garantizando condiciones institucionales para reducir el costo del trabajo, quebrando los instrumentos esenciales de equilibrio de fuerza y de promoción del derecho, que son los sindicatos y la Justicia del Trabajo, remarcó.

Moisés Pérez Mok/Prensa Latina

[OPINIÓN]

Contralínea 552 / del 14 al 20 de Agosto de 2017