Los elementos de la policía que ejercen violencia arbitraria no sólo violan la ley, sino que ejecutan actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, señaló el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura, Nils Melzer.

Para el experto, “cualquier uso innecesario, excesivo o arbitrario de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es incompatible con la prohibición absoluta de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Por ello, indicó que “infligir deliberadamente dolor o sufrimiento a individuos vulnerables, que no pueden escapar o resistir, es absolutamente ilegal e incluso puede llegar a ser considerado tortura”.

Al presentar su último informe ante la Asamblea General de la ONU, destacó que la prohibición de la tortura se debe aplicar a cualquier uso de la fuerza que hagan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y no sólo dentro de las prisiones.

“Los Estados deben garantizar que sus agentes estén capacitados, equipados e instruidos para evitar cualquier uso innecesario, excesivo o arbitrario de la fuerza y para dar prioridad a los medios no violentos al momento de cumplir con su deber”, señaló.

De acuerdo con el relator de la ONU, “si el uso de la fuerza es inevitable, los funcionarios del Estado deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad de la situación y al legítimo propósito que se espera lograr”.

En ese sentido, advirtió la ilegalidad de algunos tipos de armas y dispositivos de control de disturbios que suelen ser usados por la policía y las fuerzas de seguridad.

“Cualquier arma u otro medio para obligar a cumplir la ley, que por su diseño o por su naturaleza, inflija una fuerza innecesaria, excesiva o arbitraria contra seres humanos, debe considerarse inherentemente cruel, inhumano o degradante y, por lo tanto, está absolutamente prohibido.”

Durante su discurso, refiere la ONU a través de un comunicado de prensa, el relator señaló que “cualquier tolerancia, aquiescencia o impunidad ante tal abuso equivale a una violación grave del derecho internacional”.