Uno de los aspectos más importantes de la llamada economía verde tiene que ver con la imposición de cuantiosas cargas fiscales a las actividades más contaminantes o que mayor daño causan al medio ambiente, como las extractivas.

Pero en México, muy lejos estamos de que ese tipo de industrias altamente nocivas sufran siquiera por los impuestos: aquí, las autoridades entregan en bandeja de plata permisos, concesiones y demás autorizaciones para que las empresas mexicanas y extranjeras hagan y deshagan a su antojo.

Ejemplo de ello es la minería que, con la clara anuencia del gobierno, despoja territorios a pueblos originarios y a personas de escasos recursos; en total impunidad, contamina aire, suelo y agua; y por si esto no le bastara, paga una ridícula suma por extraer recursos tan valiosos, como el oro y la plata. Y, al final, el gobierno la premia con millonarios estímulos fiscales.

Impuestos verdes

Los impuestos relacionados con el medio ambiente tienen una base imponible aplicada en una unidad física de algún material que tiene un impacto negativo comprobado y específico sobre el medio ambiente, explica el análisis La economía verde: beneficios e impactos, elaborado por Roberto Candelas Ramírez para el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

Agrega que éstos incluyen los impuestos sobre la energía, el transporte, y se excluyen los impuestos del tipo valor agregado. En el caso de la extracción minera y el uso de agua, indica que se aplican regalías, es decir, cobros específicos por el uso del recurso natural explotado.

El estudio apunta que, “desafortunadamente, en México no existe en el régimen tributario federal un solo gravamen tributario destinado a resarcir los daños ambientales que las empresas mineras ocasionan a los ecosistemas y los vertimientos de contaminantes a las fuentes de agua”.

Industria abusiva

Pero el problema con esta industria va más allá del hecho de que no exista ese gravamen; pues los que sí existen no se respetan. “Los ingresos fiscales percibidos por concepto de impuestos que pagan las empresas mineras en México ascienden al 1 por ciento del total de ingresos, convirtiéndose en el segundo país que menos impuestos recibe en América Latina”, refiere el análisis del CESOP.

Agrega que esta situación se da a pesar de que aquí operan dos de los cinco grupos mineros más importantes, por su valor en ventas (Grupo México e Industrias Peñoles), y de que aplican varias cargas tributarias que establece la Ley Minera y su reglamento.

Entre ellas: la compensación abonada por quienes realizan exploración minera; la prima por descubrimiento; los derechos sobre minería, aplicables a los concesionario o quienes desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales (aunque sólo por el área que abarca la concesión y su duración).

En este punto, refiere que la cuota por hectárea se ubica en el rango de 17.62 a 124.74 pesos, según el año de vigencia de las concesiones y asignaciones mineras. Algo a todas luces ridículo.

El estudio destaca que en el país “no existen impuestos específicos que graven las actividades mineras: pagan los mismos impuestos federales (ISR, IETU, IVA) que cualquier otra actividad económica. También pagan los mismos impuestos estatales y, salvo el caso excepcional de Baja California, ninguna entidad federativa paga un impuesto ambiental sobre la extracción y aprovechamiento de materiales y minerales mineros”.

En este contexto de abusos pareciera que lo peor no es eso, sino que además reciben estímulos fiscales. “La industria minera tiene un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta consistente en la deducción inmediata de las inversiones que realice el empresario minero, hasta por 77 por ciento del valor del capital invertido”, indica el análisis.

Mineras se burlan del régimen tributario

Y esta permisividad sólo da lugar a más abusos: abiertamente los mineros se burlan del sistema de tributación. Ejemplo de ello es lo que descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe de fiscalización: 14 concesionarios habrían eludido impuestos.

Por ello, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercer sus facultades de comprobación fiscal respecto de las empresas Besmer, SA de CV; Compañía Minera Autlán, SAP de CV; Comercializadora Sago Import Export, SA de CV; Exmin, SA de CV; Minera Planet Exploration, SA de CV; Minera Río Tinto, SA de CV; SGL Minera, SA de CV; y Succeshill & Co, SAPI de CV.

También, de los concesionarios Héctor Alfonso Hernández Vega, Armando Javier Gamboa Alanís y Federico García Félix; así como de quienes ostentan los registros federales de contribuyentes DGX030220LU7, MUSJ7009031T5 y SOLE601107I88.

Según la auditoría financiera y de cumplimiento 16-5-06E00-02-0075, “Derechos sobre minería”, estos 14 contribuyentes “se identificaron como beneficiados de los créditos otorgados por el Fideicomiso de Fomento Minero”. Sin embargo, “no se acreditó el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario sobre minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

La Auditoría también revela que, “si bien los tres derechos mineros reflejaron mayor recaudación respecto del ejercicio 2015, se disminuyó la cantidad de contribuyentes que realizaron el pago de los derechos especial y extraordinario, que va del 1.3 al 70.7 por ciento”.

Según el resultado de la fiscalización, 61 contribuyentes que presentaron el pago del derecho especial en 2015 no presentaron declaración del derecho en 2016; 48 contribuyentes adicionales realizaron el pago en 2016 de por lo menos un derecho, que representa el 3.5 por ciento del total recaudado.

Además, la recaudación realizada en 37 Administraciones Desconcentradas de Recaudación del SAT en el país se “integró por los pagos de 161 contribuyentes, de los cuales: un contribuyente realizó pagos por dos derechos; un contribuyente realizó pagos por los tres derechos; 147 contribuyentes realizaron el pago de un derecho; y 12 contribuyentes presentaron la declaración en cero.

Al comparar el padrón de concesiones de la Secretaría de Economía con la base de datos de pagos del sistema del SAT, los auditores identificaron que de los 161 contribuyentes que realizaron el pago de por lo menos uno de los tres derechos, 113 (70.2 por ciento), con un total de 6 mil 422 concesiones, realizaron el pago de los tres derechos, y los 48 contribuyentes restantes, el 29.8 por ciento, no se identificaron con alguna concesión en el padrón que Economía proporcionó.

La auditoría concluyó que en 2016, la Cuenta Pública reportó ingresos por 2 mil 740 millones 796.4 mil pesos correspondientes a la recaudación de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos.

Así, la “eficiencia” del fisco con los grandes contribuyentes mineros.

Nancy Flores

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