El principal obstáculo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas “son las fallas sistemáticas en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos, que resultan en impunidad en la mayoría de los casos”, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el relator de las Naciones Unidas, Michael Forst.
Estas personas “se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad frente a actores privados, tales como grupos del crimen organizado y empresas que actúan al amparo de autoridades débiles, corruptas o infiltradas, tanto a nivel federal, como a nivel estatal y municipal”, explicó Forst el pasado 23 de marzo durante su informe anual en Ginebra, Suiza.
El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos urgió al gobierno mexicano a “fortalecer sus cuerpos de seguridad y el sistema de procuración de justicia, no mediante el aumento del número de efectivos o el empleo de fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior, sino mediante la implementación de medidas efectivas para erradicar la corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, las fiscalías, y el poder judicial”.
En particular, el Forst exhortó, a las autoridades mexicanas “a asegurar la independencia de la Fiscalía General de la República mediante el nombramiento de un Fiscal General sin vínculos partidistas y con amplio reconocimiento social.”
También demandó “revisar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, a fin de asegurar que las tareas de seguridad doméstica queden en manos de corporaciones civiles, debidamente capacitadas y sujetas a mecanismos de responsabilidad ordinarios y no militares”.
Durante su informe, el relator especial hizo énfasis en los homicidios y ejecuciones de defensoras de derechos humanos. Ellas “enfrentan amenazas particulares de violencia física y homicidios no sólo por su trabajo, sino por su condición de ser mujer”, concluyó Forst.
Marcial Yangali
