Desde el 26 de marzo no hay información del paradero de Gonzalo Molina –defensor de los derechos de las comunidades– ni de los tres familiares que lo acompañaban. “Exigimos que las autoridades realicen los trabajos de búsqueda de manera inmediata, oportuna, transparente”, demandó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también se pronunció al respecto, al exigir su presentación con vida y solicitar a los gobiernos federal, de la Ciudad de México y de Guerrero “emprender acciones para su localización y de tres personas más, e implementar medidas cautelares para sus familiares […] para garantizar su vida e integridad personal y prevenir hechos de difícil o imposible reparación, así como proporcionarles atención integral, asesoría jurídica, acompañamiento y contención emocional”.
Lo último que se supo fue que estas cuatro personas se desplazaban en la Ciudad de México haciendo uso del servicio Uber. “De manera repentina se perdió la comunicación”, detalló el Centro Tlachinollan en un comunicado.
Gonzalo Molina es líder comunitario y promotor de la policía comunitaria de Tixtla, Guerrero, donde denunció la existencia de “colusión” entre grupos de la delincuencia y agentes del Estado. Además, encabezó protestas en 2013 ante la detención de Nestora Salgado, quien también era parte de la policía comunitaria y hoy es senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional.
Ese mismo año, Molina fue detenido acusado por secuestro, portación de armas, terrorismo y por lesiones agravadas. Fue hasta el 28 de febrero de 2019 que fue liberado y exonerado de los delitos que le imputaron, “demostrando que su encarcelamiento estuvo alentado por razones políticas”, señala Tlachinollan.
Sin embargo, desde el día que obtuvo su libertad, “Gonzalo optó por salir del estado [Guerrero] ante las amenazas telefónicas que empezó a recibir, a causa del trabajo que ha realizado y por su denuncia sistemática contra las autoridades”.
En la Ciudad de México aprovechó para recibir tratamiento médico y para compartir su testimonio con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. También concedió entrevistas a medios de comunicación para hablar sobre la “criminalización que sigue vigente contra los defensores comunitarios”.
El gobierno de Guerrero, a través de un comunicado difundido este viernes, ha mencionado su preocupación por el caso y se comprometió a colaborar con las autoridades federales para lograr la pronta localización de Gonzalo.
Por su parte, la CNDH reprobó este mismo día “todo acto de violencia, en especial cuando deriva, como en este caso del también vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, en la privación de la libertad, y llama a las autoridades competentes a no desestimar como línea de investigación el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos, sobre todo el que realizaba en Tixtla, Guerrero”.
Marcial Yangali
