En 2009, un acuerdo ilegal entre México y Colombia permitió que el Instituto Nacional de Migración “secuestrara” y extraditara a Miguel Beltrán Villegas, sociólogo colombiano especializado en fuerzas armadas y criminalización de la protesta social. Después de ser absuelto por la Corte Suprema de Justicia de su país regresa para exigir al gobierno mexicano que investigue a los responsables. En entrevista, habla de los 7 años que pasó en la cárcel y las consecuencias que le trajo a él y a su familia vivir con la acusación de terrorista.

Acusado tener vínculos con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Miguel Ángel Beltrán Villegas dejó de ser un profesor universitario para cargar con el estigma de “terrorista”. Hoy, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó un fallo absolutorio a su favor, su esposa Natalia Caruso denuncia que el daño que se le hizo “a todo el núcleo familiar” no se ha reparado.

La privación de la libertad que sufrió Miguel Ángel le arrebató la posibilidad de ver crecer a sus dos hijos. El mayor de ellos nació cuando el académico enfrentaba sus primera condena. “Nace como una apuesta de la vida dentro de la cárcel”, expresa Beltrán Villegas. A su segundo hijo tuvo la fortuna de verlo nacer en libertad, aunque la dicha duró poco: “después de 19 días de nacido fui encarcelado”.

Natalia tuvo que soportar “agresiones” por parte de personal del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC). Durante las visitas semanales a su esposo, por ejemplo, la hacían esperar sin tomar en cuenta que cargaba con un bebé y un niño. “La extensión del castigo es también para los familiares”.

Aunque Miguel Ángel enfrentó dificultades antes y durante su aprehensión, a la hora de preguntarle sobre sus mayores afectaciones prefiere cederle la palabra a su esposa. Ella tuvo que ser madre soltera a la fuerza y representa a un círculo familiar que también ha sufrido las consecuencias del hostigamiento y la persecución.

“Parte de esas afectaciones son invisibles: no las ven los operadores judiciales y no están contempladas en muchos de los fallos porque son afectaciones físicas y psicológicas que, después de 10 años, estamos empezando a procesar”, comenta Natalia.

Su hijo mayor, cuenta, fue amenazado vía telefónica; la mamá de Beltrán Villegas enfermó tras ver el encarcelamiento de su hijo; y a tíos, primos y sobrinos les negaron algunos empleos “sólo por ser familiares de Miguel Ángel”.

La reparación de estos daños, además de una disculpa del Estado mexicano, es una de las principales demandas de la pareja colombiana. “Que [el gobierno] contemple que no sólo Miguel Ángel fue víctima de privación de derechos humanos, sino también todo su núcleo familiar”.

Nelsa, como le dicen de cariño, admite que no fue la única madre soltera en el mundo pero también es consciente de que su caso es particular y representativo. Su esposo le fue arrebatado por un plan orquestado entre los gobiernos de Felipe Calderón en México y de Álvaro Uribe en Colombia. En menos de un día dejó de ser Miguel Ángel Beltrán Villegas, profesor-investigador, y fue convertido en Jaime Cienfuegos, ideólogo de las FARC que usaba sus clases de la universidad para reclutar nuevos guerrilleros.

 

Persecución colombiana en México

Beltrán Villegas señala en entrevista a tres colombianos, con nombre y apellido, como responsables directos de su encarcelamiento: el expresidente Álvaro Uribe, el general Óscar Naranjo y el exprocurador general Alejandro Ordóñez. Todos ellos, afirma, concretaron su persecución en complicidad con el gobierno mexicano y usando al Instituto Nacional de Migración para “secuestrarlo” y extraditarlo.

“Uribe se pronunció cuando yo fui destituido de la universidad. A través de un tuit dijo que había sido destituido el profesor guerrillero que se escondía en las cátedras universitarias”, recuerda.

“El general Óscar Naranjo, quien llegó a ser director de la Policía Nacional, vicepresidente de Colombia y fue nombrado el mejor policía del mundo, tuvo un papel bastante funesto. De hecho, cuando fui secuestrado y llevado a Colombia dijo que había sido capturado un terrorista que estaba creando células terroristas en la universidad”.

El académico señala, finalmente, el papel del “exprocurador general Alejandro Ordóñez, desde la parte administrativa, de manera sesgada y poco neutra inició un proceso de persecución contra la libertad de cátedra de la mano del director de la Universidad Nacional, el profesor Ignacio Mantilla, quien firmó mi destitución cuando tenía todas las herramientas y elementos para oponerse”.

Cuando en 2009 Beltrán Villegas decidió buscar asilo en México, Felipe Calderón mantenía una estrecha cooperación militar con Álvaro Uribe. “Estaban identificados con la idea de luchar contra el terrorismo, en realidad contra los movimientos sociales criminalizados. Hubo visitas mutuas y el general Naranjo estuvo asesorando en varias oportunidades las políticas mexicanas de seguridad”, comenta el hoy profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

David Albarracín, el abogado que lleva el caso en Colombia, sostiene que ningún Estado tienen derecho a detener y sacar de su territorio a una persona que está en peligro. Y critica la actuación del gobierno calderonista: nadie lo hace, “salvo que quien persigue a la persona que ha tocado tu puerta tenga una conexión muy cercana a la casa a la que llega”.

Albarracín concluye: “el más alto nivel del Estado colombiano y del Estado mexicano tenían un acuerdo abiertamente ilegal. Un acuerdo que echó por el garete normas y principios del derecho internacional de los refugiados, del derecho nacional mexicano y colombiano”.

Por su parte, Ana Saiz Valenzuela, directora de Sin Fronteras, IAP, la organización civil que acompaña el caso, “el acuerdo entre los gobiernos mexicano y colombiano ha hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga en estudio del caso. Ya pidió la información al Estado mexicano por lo que es un caso en curso”.

 El acompañamiento de terceros a este caso ha sido fundamental para impedir la continuación de la injusticia. “Tuvimos la fortuna de tener mucha solidaridad de académicos internacionales y de organizaciones civiles”, expresa Natalia Caruso. Detalla que apoyo legal en México, correspondiente a la extradición, la llevó Sin Fronteras y, en Colombia, David Albarracín creó un equipo jurídico de abogados que realizaron el acompañamiento frente a las acusaciones de terrorismo.

Cárcel, laboratorio de investigación social

A Natalia y a Miguel también los une el amor a la academia. Ella se encontraba cursando un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México cuando su esposo fue extraditado. A pesar de las dificultades, no detuvo sus estudios sino que logró acabar su tesis a distancia y fue acreedora de una mención honorífica. Miguel Beltrán Villegas, en paralelo, culminó un postdoctorado que había iniciado en México gracias al apoyo de una universidad argentina.

“Lo excepcional es que nosotros mantuvimos nuestro proyectos a pesar de las condiciones difíciles. En estos casos lo que se busca es aniquilar a la persona y nosotros dijimos que no nos iban a aniquilar ni como personas ni como familia”, comenta.

Desde antes de ser detenido, las investigaciones de Beltrán Villegas giraban en torno al conflicto armado en Colombia, la seguridad democrática, la violación a los derechos humanos y la criminalización de la protesta social. Para él, fue su perspectiva académica “crítica” la que incomodaba al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien negaba la existencia de un conflicto y decía que sólo había una amenaza terrorista.

Beltrán Villegas se planteó como necesidad fundamental escuchar a todos los actores. “Sobre las FARC hay unas buenas investigaciones pero nunca se escucha la voz de los guerrilleros y guerrilleras que habían sido protagonistas”.

Y agrega: “en esa perspectiva, en el proceso de paz que se dio en San Vicente del Caguán tuve la oportunidad de entrevistar a Raúl Reyes, quien era miembro del secretariado de las FARC. Además, cuando estuve en México tuve contacto con Marcos Calarcá, quien era miembro de la comisión internacional de las FARC. Yo considero que esto generó la persecución”.

Hasta entonces se tenía una sola visión de la guerrilla, explica el académico. “La única verdad era que las FARC era una organización terrorista y narcotraficante. Yo insistí, y mis investigaciones así lo sustentan, que las FARC eran la expresión de resistencia de campesinos que se habían levantado en armas en respuestas de una violencia estatal”.

—¿Continuaste con tu labor académica dentro de la cárcel?

—La cárcel se convirtió para mí en un laboratorio social: no estuve sólo con guerrilleros, estuve con paramilitares, con narcotraficantes, con delincuentes sociales. Superando un poco las resistencias que me impuso la cárcel empecé a desarrollar mis investigaciones.

Beltrán Villegas recoge estos relatos de vida en los libros La vorágine del conflicto colombiano: una mirada desde las cárceles y Las FARC-EP (1950-2015): luchas de ira y esperanza. Ambos retoman las causas sociales que detonaron el conflicto y que “irónicamente” el gobierno de Juan Manuel Santos reconoció cuando se sentó a dialogar con la guerrilla, explica. “Más allá de la situación personal, familiar, la cárcel me arraigó más en mis convicciones de mostrar una perspectiva diferente del conflicto”.

En la edición y publicación de estos libros, Natalia Caruso tuvo una labor principal: además de sacar los manuscritos de la cárcel, tuvo que ingeniarselas para proporcionar libros y papel a Miguel, ya que se le negó el acceso a estos materiales de trabajo.

 

Pendiente: disculpas, investigación y reparación

Las autoridades mexicanas jugaron un papel importante en la violación de derechos humanos del profesor colombiano. Según la organización Sin Fronteras, el Instituto Nacional de Migración citó al catedrático el 22 de mayo de 2009. Lejos de auxiliarle, los funcionarios le negaron su derecho a pasar con un abogado, le impidieron realizar el trámite migratorio y lo obligaron a firmar una resolución con información falsa; acto seguido, Miguel Ángel fue “secuestrado” y extraditado a Colombia, donde la policía ya lo esperaba para acusarlo de nexos con las FARC.

La justificación de la autoridad mexicana se fundamentó en un supuesto oficio emitido por la Policía Internacional (Interpol, por su sigla en inglés) en donde se decía que Miguel Ángel era fugitivo de la justicia colombiana y debía ser devuelto al país.

El 14 de febrero de 2019, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) encontraron que el INM “violó el derecho a la libertad al debido proceso, al derecho de asilo los principios de presunción de inocencia y de no devolución”. Razón por la cual condenó a la autoridad a pagar una indemnización “por actividad irregular del Estado”, y así reparar el daño.

Sin embargo, Ximena Suárez de la Cruz, encargada del área de litigio estratégico de Sin Fronteras, asegura que el dinero que ofreció el Estado mexicano no es reparación suficiente. Por ello solicitan que a Beltrán Villegas se le reconozca como víctima ante la Comisión Nacional de Víctimas para que tenga acceso a una reparación integral, que incluye: garantías de no repetición, la investigación contra quien sea culpable y una disculpa pública.

“Una vez que se han reconocido violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Miguel Ángel, Nelsa y su familia, también son necesarias medidas de reparación. Una reparación integral que, no es que el gobierno mexicano la está otorgando”, expresa Ximena Suárez.

A propósito del Día Internacional del Refugiado, el 20 de junio, el abogado colombiano David Albarracín invita a reflexionar que “todos y todas, en algún momento, podemos ser Miguel Ángel. Por eso queremos que si golpeamos la puerta de un país porque en el nuestro nos quieren lastimar y nos quieren encerrar, este abra la puerta, nos escuche y nos proteja”.

Lauren Franco/Marcial Yangali

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