En la ciudad de México 9 mil jóvenes de entre 14 y 29 años viven en situación de riesgo en 125 colonias, estima el Instituto de la Juventud del Distrito Federal. El Estado, advierten especialistas, es omiso en la atención y la creación de políticas públicas para atender a este sector. Violencia, marginación, drogadicción y deserción escolar son realidades que enfrentan cada día.
Omar buscó refugio en la casa de Guadalupe huyendo del maltrato de su padrastro. Ella lo recibió porque el joven pasaba la noche en la calle. Fue golpeado, amenazado y perseguido por la pareja de su madre.
Desde entonces, no ha vuelto a ver a su familia y vive temeroso de que lo encuentre.
Guadalupe conoce tres casos así en el predio donde vive. Aquí, en Tepito, son historias que se cuentan todos los días.
La violencia es parte de la vida de los jóvenes en el barrio. La impunidad también, agrega Guadalupe; y es que Omar estuvo en la discoteca News Divine.
La mujer trabaja con su familia vendiendo aguas. El ingreso no alcanzó para que su hijo de 21 años continuara estudiando la preparatoria; cada materia reprobada costaba 500 pesos.
A Víctor, de 20 años, le fracturaron la nariz elementos de la policía durante el operativo al News Divine. A él y a su hermano Julio, de 18 años, los sitiaron contra la pared y los atacaron con las macanas. Julio pudo escapar, pero su hermano fue remitido a la Agencia 50 del Ministerio Público.
Dicen que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, no ha cumplido ninguna de las promesas que resarcirían el daño: ni la pensión por 7 mil pesos mensuales ni la entrega de computadoras.
Su madre es comerciante y no ha podido trabajar porque debe atender terapias, reuniones, consultas médicas y juntas que resultaron de aquella tarde del 20 de junio de 2008 en la discoteca.
Su esposo trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y con su salario no basta.
Víctor y Julio han vivido siempre en Tepito. Observan que jóvenes de su edad no estudian y prefieren trabajar.
La mayoría, describen, “anda en la droga” y con cualquier provocación toma la pistola. Si el padre vende estupefacientes o sustancias ilegales, entonces también el hijo, comentan.
En el Distrito Federal, 9 mil jóvenes de entre 14 y 29 años viven en riesgo en 125 colonias, estima el Instituto de la Juventud del Distrito Federal (Injuve). El Programa de Jóvenes en Situación de Riesgo, que atiende a esta población mediante tutores, apoyos y becas, describe que estos jóvenes crecen en colonias marginadas y de alta incidencia delictiva, donde se enfrentan al desempleo, las adicciones, la desintegración familiar y la violencia.
Javier Hidalgo Ponce, director del Injuve, expone que un factor que motiva que los jóvenes estén en situación de riesgo es el descuido del Estado para garantizar sus derechos: “Como sociedad no hemos sido capaces de brindarles elementos de protección.
Si tuvieran oportunidades, no las cambiarían por una vida con violencia”.
Asegura que se debe entender a los jóvenes en riesgo como un grupo altamente vulnerable. De hacerlo, podría hablarse de una sociedad más sana. “En estos momentos, estas políticas sociales deben aplicarse en todo el país; lejos de reducir la inversión en la gente, hay que blindar a la juventud”.
Los jóvenes representan el 17.3 por ciento del total de habitantes de la ciudad de México. En total se cuentan 1 millón 505 mil 921 personas entre 15 y 24 años.
Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 66.7 por ciento de los jóvenes en el Distrito Federal se localiza en un nivel socioeconómico bajo; sólo el 7.5 se ubica en un nivel alto.
El Acta final de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes establece que se trata de un sector social que requiere una atención especial por tratarse de un periodo de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro.
La Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal establece que sujetos de la disposición serán los habitantes de entre 14 y 29 años. En su artículo tercero enuncia que tienen derecho a una vida digna que podrán construir a partir del acceso y disfrute de servicios y beneficios socioeconómicos, políticos, culturales, informativos, de desarrollo y convivencia.
Juventud de Tepito
El recuerdo más vivo de Brian es la pistola apuntándole a los cinco años. Los policías encapuchados habían llegado en plena noche. No entendía qué sucedía. Fue su primer operativo; en 16 años de vida, ha sufrido 10.
En el último estaba con su abuela. Lo sacaron de su casa.
Fue tendido en el piso, bocabajo y con las manos en la nuca, por más de una hora. Tenía 14 años. Brian ya no vive en el barrio. Entiende que haya operativos, pero refuta sus métodos porque “son muy agresivos”: incurren en robo y violencia.
Jesús Navarro, tutor del Programa de Jóvenes en Situación de Riesgo del Injuve, observa que a esta población se le margina y criminaliza. Aunque ve como necesarios los operativos, sugiere que deberían tener mayor tacto.
El Informe de la situación de los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal 2007, de la asociación civil Inicia, apunta que de casi 3 mil jóvenes entrevistados, el 6.1 por ciento expresó haber sido detenido durante el último año para que se identificara o se le practicara una revisión.
De los afectados, el 34.2 por ciento fue víctima de extorsión, el 19.3 fue humillado o insultado, el 18.7 por ciento fue amenazado con ser golpeado o lastimado y el 12.8 por ciento fue víctima de golpes y maltrato.
Sobre los motivos de la acción policial, el 71.4 por ciento creyó que su detención se debió al tipo de acompañantes con los que estaba en ese momento, el 69.4 por ciento se lo atribuyó a su apariencia o vestimenta y el 59.7 por ciento a su edad. El reporte anota que “la violencia e inseguridad experimentada por los jóvenes del Distrito Federal pone en cuestión el ejercicio de su autonomía”.
Según la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, durante 2007 fueron principalmente jóvenes de 15 a 28 años, con problemas de adicción a las drogas, quienes incurrieron en el delito de robo a transeúnte. En las cárceles del Distrito Federal, señala el Injuve, el 60 por ciento de los presos son jóvenes. “Esto expresa –advierte Hidalgo Ponce– que ellos son más vulnerables a la inseguridad”.
Y es que las condiciones en Tepito atrapan a sus jóvenes. Es así que el Programa de Jóvenes en Situación de Riesgo sufre pérdidas. El deportista profesional Jesús Navarro asegura que no se pueden salvar todos los casos y calcula que un 20 por ciento de los jóvenes atendidos renuncia al programa.
Guillermina Carmona, tutora por más de seis años del Injuve, atribuye las deserciones a que en Tepito se obtiene dinero rápido, por lo que los jóvenes prefieren abandonar el programa para dedicarse al negocio de las drogas.
Hidalgo Ponce enuncia que en estas colonias la moral colectiva hace permisible la violencia: “Cuando la viven como algo normal, la asimilan y reproducen, pues tampoco hay quien la sancione”.
Al respecto, la tutora Graciela Ruiz relata el caso de una adolescente de 14 años, cuya madre la obligaba a ingerir drogas. La joven no asistía a la secundaria: “En este medio es muy difícil que los jóvenes logren sus objetivos, porque vienen de familias disfuncionales”.
Según el Instituto de la Juventud hasta 43 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 25 años están expuestos a las drogas. El 50 por cieno de ellos consume sustancias para experimentar, el 13 por ciento lo hace con frecuencia y el 3.2 por ciento es dependiente. Para el organismo, los más vulnerables por la ampliación del mercado son quienes tienen entre 12 y 17 años.
En los últimos tres años, el consumo de drogas y alcohol se incrementó en casi 3 por ciento en la ciudad de México. Refiere que el uso ascendió de 15.2 a 17.8 por ciento entre adolescentes de secundaria y bachillerato.
Gloria Vélez, tutora, califica a la drogadicción como el pan de cada día en la zona. Narra el caso de dos hermanas que atendió, que fueron violadas y agredidas durante gran parte de su vida. Una de ellas decidió consumir sustancias ilegales por los problemas en su hogar. Las dos jóvenes han podido superar sus problemas.
No así, señala Vélez, otro joven que quiere abandonar sus estudios.
De padres separados, el joven encontró muerto a su hermano de 16 años: él mismo había decidido quitarse la vida: “No llegamos a tiempo para su ayuda; hay casos que se nos van de las manos”. Hoy el joven desea renunciar a la preparatoria.
De acuerdo con el Instituto de la Juventud, “hay una estrecha relación entre la marginación económica y social y la deserción educativa”. Así, en la delegación Iztapalapa, nueve de cada 10 niños y adolescentes que no asisten a la escuela habitan unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación; y en la delegación Gustavo A. Madero, ocho de cada 10.
El Estado, omiso
La Declaratoria del Encuentro Mesoamericano de las Juventudes subraya que las políticas públicas para este sector deben ser políticas de Estado y no de gobierno y deben tener presupuestos específicos para su instrumentación.
Elaborado en octubre de 2008 por organizaciones civiles de El Salvador, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá –durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno “Juventud y Desarrollo”–, el documento advierte que es necesario que las políticas públicas se construyan de manera incluyente, representen a diversos sectores de la población juvenil y sean ampliamente consultadas.
“Debe fundamentarse en un enfoque de derechos, principalmente los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de las capacidades y potencialidades”, observa.
El Informe de la situación de los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal 2007, de la asociación civil Inicia, evalúa el cumplimiento del derecho a la vida libre de violencia, a la identidad y a la libre asociación. De 2 mil 895 jóvenes entrevistados, de entre 15 y 24 años, el 76.53 por ciento contestó que tiene posibilidades de desarrollarse en un ambiente libre de violencia.
No obstante, el Informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Distrito Federal 2008 (DESCA), del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, expone que en la ciudad de México se registran cada vez más casos de violencia intrafamiliar.
Enuncia que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal estimó que en 2005 casi el 12 por ciento de los reportes por maltrato y abuso sexual fueron realizados por jóvenes de secundaria. “Lo anterior no es necesariamente una muestra de la realidad en los hogares, ya que muchos de los jóvenes prefieren no denunciarlo”.
Por su parte, la asociación Inicia cita que el Informe nacional sobre violencia y salud 2006 de la Secretaría de Salud concluyó que uno de cada tres jóvenes considera que en sus hogares hay agresiones verbales, mientras que uno de cada seis dice que hay agresiones físicas.
El 16.8 por ciento de los jóvenes cree que la prepotencia es una acción frecuente entre su familia y el 12.7 considera que la humillación lo es. Además, cinco de cada 10 jóvenes denunciaron sucesos de violencia en el noviazgo.
En el ámbito escolar, seis de cada 10 jóvenes han sido víctimas de agresión verbal y uno de cada dos de agresiones físicas. A la par, 33.6 por ciento sufrió tratos humillantes, el 31.3 por ciento un trato prepotente y 24.2 por ciento sufrió acoso sexual.
Inicia expone que jóvenes con un nivel socioeconómico alto le dieron casi 80 puntos al cumplimiento al derecho a la no violencia, mientras que jóvenes de un nivel socioeconómico bajo lo hicieron con 77 puntos. Los últimos afirman que con mayor frecuencia son objeto de arbitrariedades y agresiones en su lugar de trabajo.
Respecto a la violencia en espacios públicos, Inicia indica que el 56.5 por ciento de los jóvenes, entre 15 y 24 años, señaló como frecuentes las agresiones verbales, el 41.5 por ciento aseguró haber sufrido agresiones físicas y el 31.8 por ciento calificó como común el acoso sexual. Además, cuatro de cada 10 jóvenes perciben que los espacios de convivencia que frecuentan son inseguros y violentos.
Sobre el derecho a la identidad, sólo el 19.6 por ciento cree que se cumple satisfactoriamente. El índice que define la relación entre el trabajo y la posibilidad de configurar proyectos de vida suficientes y sostenibles alcanzó los 39.80 puntos. Los jóvenes de los niveles socioeconómicos más bajos ubicaron la medida en 33.55 puntos y los jóvenes de estratos más altos, en 49.14.
Otra medida por debajo del promedio correspondió a las mujeres, con 37.91 puntos, en tanto los hombres reportaron 41.42 puntos. La diferencia se relaciona –explica el informe– con la mayor ausencia de prestaciones e insatisfacción con ingreso, jornada y ambiente laborales.
El derecho a la libertad de asociación –define– está relacionado con la participación activa en algún espacio de la sociedad como organizaciones vecinales, comunitarias, profesionales y políticas.
Esta garantía tiene el índice más bajo, 9.44 en una escala de cero a 100: “Un joven promedio de la ciudad de México ejerce de manera muy limitada su libertad para asociarse y defender intereses colectivos”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria expone que este sector es discriminado en acceso a la información y toma de decisiones: “Los prejuicios lo dejan fuera de procesos que tienen que ver directamente con él, como es la salud sexual y reproductiva”.
El Informe de la situación de los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal 2007 explica que la creciente marginalidad, exclusión, segregación y discriminación evidencian las fallas y omisiones de la sociedad y el Estado.
“Eso se manifiesta en la cuantiosa proporción de jóvenes que viven en hogares empobrecidos, en los altos niveles de rezago educativo, en la precariedad de las fuentes de trabajo, en la inseguridad y violencia que caracteriza los ámbitos en los que se desenvuelven cotidianamente”.
La organización no gubernamental prevé que una situación así no es sostenible en el mediano y largo plazo; no sólo para las generaciones jóvenes, sino para el conjunto de la sociedad.
Concluye que frente a la fragilidad de compromisos institucionales del Estado, el ejercicio efectivo de los derechos de la población juvenil depende más de la ciudadanía, antes que de la existencia de un Estado garante de su respeto y protección.
Políticas deficientes
En relación con los programas para la juventud del Distrito Federal, la asociación civil Inicia señala que, pese a que están orientados al reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos, “están marcados por la concepción del joven como problema, una visión adultista y la excesiva burocratización”.
Sitúan así, advierte, en un lugar pasivo a los jóvenes en su elaboración y evaluación, proponen visiones y acciones sumamente fragmentarias y parciales respecto a las necesidades y demandas del sector, además de realizarse de manera poco coordinada entre los entes de gobierno.
Publicada el 24 de julio de 2000, la Ley de las y los Jóvenes para el Distrito Federal, expone la organización, resulta imprecisa en la formulación de los derechos y en las obligaciones del gobierno del Distrito Federal, “otorgando libertades ilimitadas a la autoridad para interpretar sus deberes”.
Con excepción del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la ley tampoco delimita obligaciones de otras instancias de gobierno local: “Pese a que se indica que la labor del instituto será de carácter normativo, mas no operativo, la débil vinculación que la ley establece entre éste y el resto de las dependencias lesiona gravemente la influencia efectiva que pueda tener en políticas públicas”.