Con una pena de hasta 20 años de prisión se pretende castigar a los servidores públicos que simulen o manipulen procesos de adquisición de bienes y servicios en el gobierno federal; esto, para combatir la corrupción y evitar que se beneficien a “socios, amigos o familiares” de funcionarios.

La iniciativa de ley –presentada por la senadora morenista María Soledad Luévano Cantú– plantea que a los funcionarios que simulen o manipulen compras de la Administración Pública Federal se les impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y una sanción equivalente a 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

“A lo largo de los últimos cinco sexenios, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y hasta la conclusión de la administración de Enrique Peña Nieto, las adquisiciones del gobierno se han convertido en un negocio, donde las compras y los contratos públicos se utilizan para enriquecer a funcionarios y empresarios corruptos”,  indicó la senadora.

En un comunicado, se indicó que con la propuesta de ley se creará un tipo penal que garantice al Estado mexicano el acceso a productos y servicios de mejor calidad, con mejores precios y condiciones de mercado, lo cual beneficiará al erario nacional, a la sociedad y “pone piso parejo para todas las empresas” que ofrezcan sus productos y servicios.

Se entenderá como simulación y manipulación de procedimientos a los actos que realicen los funcionarios públicos para favorecer a uno o varios de los ofertantes de los bienes o servicios adquiridos. La simulación es equiparable al delito de peculado, “una grave trasgresión ética y legal”, puntualizó la legisladora Luévano Cantú.