Por la construcción de un terraplén en la cuenca de Nautla, Veracruz, los habitantes de la comunidad Paso Largo temen sufrir inundaciones como las ocurridas recientemente en Tabasco y Chiapas. El conflicto de los pobladores con la SCT será atendido directamente, este fin de semana, por el presidente López Obrador

Casi 2 kilómetros de la construcción de un terraplén hacen la diferencia entre una conexión carretera de Veracruz a Tampico o de un posible dique en la cuenca de Nautla, donde atraviesa el afluente del río Bobos y donde habitan más de 41 mil personas. Citricultores, campesinos y vecinos del lugar temen que el proyecto, heredado de la administración de Enrique Peña Nieto, inunde su territorio en temporada de lluvias, en una situación similar a la ocurrida en Chiapas y Tabasco. Se trata de la carretera Cardel-Poza Rica bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desde 2014, y que construye el conglomerado industrial portugués Mota-Engil, SAPI de CV.

El conflicto que ha provocado este megaproyecto merece la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 9 de junio pasado anunció en su conferencia de prensa matutina que iría a “Veracruz porque vamos a resolver un problema de una carretera también que está interrumpida. Faltan 2 kilómetros, ya está terminado todo, para comunicar desde Xalapa hasta Tampico, cerca de Tampico, por una supercarretera, pero no hay la conexión porque hay un conflicto en un pueblo por estos 2 kilómetros y voy a hablar con la gente para que se llegue a un acuerdo”.

El ingeniero Roberto Morales Prince, integrante de la organización Comité de la Comunidad No al Terraplén, indica que los vecinos viven “atemorizados, pues conocemos lo que sucede en ese río, es una zona inundable, de alto riesgo, está especificado, tiene una normatividad reglamentaria para no construir este tipo de edificaciones. Sabemos que eso se hizo en una administración donde se permitía todo, con tal de lograr el objetivo económico”.

Expone que, actualmente, con la obra ya casi concluida la región tiene inundaciones “normales: sube el río en la mañana, limpiamos y ya no hay problema, pero con esta obra es otra cosa”.

Relata que el 29 de enero de 2020 hubo “un norte, con frentes fríos, una lluvia en la cuenca de la ciudad de Misantla, un río paralelo al río Bobos, mucho menos caudaloso, con menos volumen, que provocó una inundación en la zona, nada más en una llovizna que cayó… Eso no es normal para nosotros, el río subía y ya iba corriendo lento, estamos modificando drásticamente el medio ambiente”.

Desde 2014, comenta, proyectan que la carretera de Cardel a Poza Rica debe pasar el área inundable y la zona de alto riesgo, con “restricciones para construir el terraplén. Podríamos hacer puentes elevados, no hay problema, la tecnología la podemos hacer, tenemos capacidad técnica y todo lo necesario”.

Este tramo, añade, lo tendrían que resolver con un puente que ya estaba justificado en la manifestación de impacto ambiental, porque “el puente iba a ser tipo Golden Gate, atirantado. Por razones que desconocemos, fueron cambiando el eje hasta una segunda propuesta” que ahora consiste en un terraplén y del que ahora sólo faltan por concluir 1.8 kilómetros.

La obra afecta principalmente la comunidad de Paso Largo (oficialmente Felipe Carrillo Puerto), dice Urbano Gómez Becerril. El ejidatario dice que los vecinos de esta región han solicitado al gobierno federal que considere modificar el proyecto, porque son “9 kilómetros donde se retienen el agua, sube a un nivel de 3 o 4 metros promedio. Sin terraplén, un huracán, una creciente o una tormenta tropical llega a 3 metros de nivel, no inunda las comunidades, se mantiene en la zona de cultivo, ¿Qué va a pasar ahorita que ya hay 7 kilómetros de terraplén? Toda esa agua que pasaba con libertad, sin obstáculo alguno, se va acumular y va a tratar de pasar por los dos kilómetros que de por sí ya llevaban tres metros de altura”.

Gómez Becerril comenta que con Peña Nieto comenzó la construcción. El proyecto ya venía, “van a la asamblea de ejidatarios y les dicen: no se preocupen, nosotros sólo queremos el derecho de vía de parte del ejido, esto va a ser un puente elevado. Cuando se dieron cuenta, los ejidatarios se opusieron, los  mandaron a citar a la secretaría de Gobierno del Estado, los encerraron y prácticamente los obligaron a firmar”. Desde el día 13 de abril de 2018 los vecinos lograron suspender la obra.

Añade que la SCT ha enviado a la región doctores en hidrología, “un software que dice que en mil años nunca nos vamos a inundar, pero con respeto a las instituciones que les dieron sus maestrías y sus doctorados, eso es sólo teoría, nosotros vivimos ahí y sabemos de lo que es capaz este río. Si nos dejamos, después vamos a ser otro Tabasco chiquito”.

Inversión de 4 mil 700 mdp

Martín Ramón Álvarez Fontán, titular del Centro SCT Veracruz, indica que faltarían 6 meses para poder terminar una inversión de 4 mil 700 millones de pesos en todo el proyecto de la carretera Cardel- Poza Rica, llevada a cabo por la  constructora Mota-Engil y concesionada a 30 años.

“El proyecto viene desde 1993 y se inició la obra en 2015. El proyecto nunca varió, eso fue un dicho de alguien que era un puente piloteado… Estamos hablando de una longitud de 2 kilómetros de pilotes, realmente sale fuera del tema original”, comenta el funcionario.

En entrevista vía telefónica, la ingeniera Blanca Aburto García, presidenta de Obra de SCT de Veracruz, respalda el dicho de: “el proyecto ya nació a como está el día de hoy. El trazo no se ha modificado y las obras tampoco. ¿Qué sí hemos modificado para tranquilidad de la gente de Paso Largo?, las obras de ese tramo para paso de agua, para tranquilidad de ellos, no por el hecho de que nuestro proyecto esté mal”.

Al respecto, indica Aburto García, “hemos querido de todas formas llegar a una negociación con la localidad, no porque el proyecto esté mal, sino por tranquilidad de la gente. La obra está detenida desde abril de 2018, ya tenemos más de dos años con el proyecto parado, con una cantidad de documentos que constatan que hemos tenido reuniones con ellos, que el proyecto se ha modificado en 4 ocasiones. Llevamos cinco propuestas distintas para tranquilidad de la comunidad, avaladas por las instancias que llevan mucho mejor que nosotros el manejo del agua, como es la Conagua y a pesar de todo eso, no hemos podido llegar a un arreglo con ellos y ya los opositores”.

Álvarez Fontán agrega que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno es la conciliación, la plática, el agotar todo. La denuncia existente no la pone el gobierno ni la SCT. La está poniendo la empresa concesionada porque ellos ya son los que liquidaron los terrenos federales, ya son propiedad de ellos y ellos son los afectados de sus terrenos”.

El representante de la SCT comenta que la dependencia ha hecho un estudio a mil años, junto con la Semarnat y la Conagua, para evaluar el desarrollo de las lluvias en una situación catastrófica. Aunado a ello, dice, la compañía Mota-Engil ofrece un “seguro de 10 millones, no por la carretera, no por la obra, sino por algún evento posible de inundación o algo de las parcelas de junto por los 30 años que está la concesión”.

La presidente de Obra de SCT de Veracruz expone que hay un seguro o una póliza por posibles inundaciones que pueda tener la zona y que sean asociados a la obra, 10 millones por evento. El tramo es de 1.8, los colindantes a esa obra son pocos propietarios y la localidad está algo alejada y esos por cada evento, si un año pasan dos eventos, será el mismo monto si lo rebasa lo tendrá que revisar para ver lo que procede, pero la disponibilidad del concesionario está, así resolver los temas.

El beneficio de la obra, alega el funcionario, “es un desarrollo total para la zona, económicamente y para el país, estaríamos juntando, uniendo el sur con el norte… Sin duda, al secretario Jorge Arganis Díaz Leal le interesa demasiado la obra, como al presidente, queremos hacer las cosas bien y estamos agotando todas las instancias. Estamos abiertos a seguir platicando, a no trabajar con cerrazón, pero sí necesitamos el crecimiento de Veracruz y del país que tanto necesita la reactivación de nuestra economía”.

Para nosotros, como secretaría dice Aburto García, “lo más importante es la tranquilidad de la gente que va a estar aledaña y conviviendo con ese proyecto de por vida, por eso todas las modificaciones que hemos hecho para tranquilidad de ellos y seguiremos agotando todas las instancias para llegar a un buen arreglo que beneficie a las dos partes”.

Acciones legales

Una nota informativa entregada a Contralínea por la dirección general de Comunicación Social, especifica que en el Tramo Operativo T1B,  que va del Entronque Vega de Alatorre al Entronque Nautla, con longitud de 30 km, representantes del Ejido Paso Largo del comité “No al Terraplén”. “impiden la reanudación de los trabajos del km 132+200 al km 134+000 (longitud de 1.8 km), desde el 13 de abril de 2018”.

Asegura que el proyecto ejecutivo cumple con la Normativa SCT, “también se tienen la revisión y aprobación por parte de la Conagua y Cenapred [Centro Nacional de Prevención de Desastres], instancias que efectuarán las revisiones técnicas al Estudio Hidrológico elaborado por una empresa especializada en la materia que contrató la Concesionaria, ambas dependencias en los meses de junio y julio de 2019 concluyeron que el proyecto no impacta ni altera las condiciones de la zona de Paso Largo, (Oficios Nos. BOO.805.-13/19 Y H00.-DG/1287/2019)”.

Expone que de acuerdo a las últimas solicitudes de la población se construirán canales laterales revestidos en las zonas que sí lo requieran. “La Concesionaria considera factible emitir una póliza adicional al seguro de Responsabilidad Civil para atender las posibles inundaciones en la Localidad de Paso Largo, hasta por un monto de 10 millones de pesos, por evento, mismo que se renovaría anualmente por el tiempo que dure la concesión de la Autopista”.

Con fecha 8 de febrero del 2021, con la anuencia de los Alcaldes de San Rafael y Martínez de la Torre, Veracruz, la constructora reingresó a la zona de Paso Largo para ejecutar la obra y nuevamente representantes del comité “No al Terraplén” se presentaron para bloquear los trabajos, expone.

Cuatro días más tarde, el 12 de febrero pasado, “la Concesionaria de la Autopista interpuso demanda ante la Fiscalía General de la República en contra del Comité “No al Terraplén” y de quien resulte responsable por el bloqueo de la obra”, informa la SCT.