El próximo 1 de agosto se llevará a cabo la inédita consulta popular para investigar y, en su caso, enjuiciar, a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por delitos de corrupción, pero principalmente por su probable responsabilidad en crímenes de Estado cometidos en sus sexenios y que, a diferencia de los primeros, éstos no prescriben.
Aunque diversos actores han tratado de denostarla, al asegurar que la justicia no se consulta y que los delitos ya prescribieron, sin duda se trata de un ejercicio democrático sin precedentes, que va más allá de preguntar a los ciudadanos si quieren o no que se investigue los actos ilícitos del pasado. En realidad, este ejercicio tiene que ver con el juicio de una sociedad a sus gobernantes, una sociedad que además ya expresó su hartazgo de forma multitudinaria en las elecciones presidenciales de 2018 y en las intermedias de 2021.
Por ello, lo más importante de la próxima consulta no será necesariamente si se alcanzan los votos para que sea vinculante –puesto que se entiende que la autoridad está obligada a investigar y castigar todos los crímenes–, sino sobre todo palpar el repudio social a los cinco rostros más visibles de la corrupción y la impunidad, es decir, a los expresidentes priístas y panistas que por 30 años hicieron un gran daño a este país, sobre todo a las sociedad más pobre y desprotegida.
Por supuesto que los cinco merecen ser juzgados y condenados por múltiples actos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, vínculos y protección al narcotráfico, saqueo contra la Hacienda Pública y crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de cinco sexenios, y por ello, es predecible que la voz unánime de la sociedad sea en ese sentido, pues lo menos que merecen es ir a prisión y el repudio social.
Es deseable, por tanto, que la participación sea copiosa a pesar de las tretas del propio Instituto Nacional Electoral que, con el argumento de carecer de presupuesto, ya anunció que no instalará las casillas necesarias para la participación que se espera. Otra vez, el árbitro convertido en jugador demuestra que su interés no es la democracia sino salvaguardar a los grupos mafiosos de poder.
Y en esos grupos los que más pesan son los políticos y los empresarios, pues en esta coyuntura no podemos olvidar que ambos se beneficiaron de la corrupción, la injusticia y la impunidad que reinaron por décadas nuestro país.
Uno de los más claros ejemplos es el sexenio de Salinas de Gortari, quien terminó de implantar el neoliberalismo rapaz y el mal llamado Estado mínimo. Salinas es responsable de la más profunda privatización de bienes e industrias nacionales: de 1 mil 150 empresas públicas que existían en 1982, al terminar su sexenio, en 1994, sólo quedaban 200, entre ellas la venta de los bancos y de Telmex.
Otros crímenes por los cuales deberá juzgarse a Salinas tienen que ver con la profunda corrupción que imperó en su gobierno, encabezada por su clan familiar. Para muestra está el manejo ilícito de la extinta “Partida Secreta” de Los Pinos, operada en forma discrecional por los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, quienes trasegaron miles de millones de pesos del erario a cuentas en el extranjero de la familia presidencial.
En el caso de Zedillo Ponce de León, no se deben olvidar las masacres de Acteal, Aguas Blancas y El Charco, considerados como crímenes de lesa humanidad, porque estuvieron involucrados agentes del Estado; así como por convertir en deuda pública las deudas privadas, como el rescate de los bancos con el Fobaproa, o de las carreteras con el FARAC, y el resto de las privatizaciones como Ferrocarriles Nacionales.
De Fox Quesada hay que recordar su rapacidad para apropiarse del dinero público, con emblemáticos casos de corrupción como el de Enciclomedia, pero también por los múltiples negocios de los hijos de Marta Sahagún, su esposa. Además los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Oaxaca durante el conflicto magisterial, en 2006, y el fraude electoral de ese mismo año y la imposición de su sucesor Felipe Calderón.
A Calderón se le debe juzgar por ser responsable de la peor crisis humanitaria que México ha padecido en época reciente. Matanzas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas de miles y miles de personas. Así como su alianza con el Cártel de Sinaloa para trasegar droga a Estados Unidos. El operativo Rápido y Furioso y la Iniciativa Mérida. Pero también de casos de corrupción terribles como la Estela de Luz, la inexistente Refinería Bicentenario y el caso trasnacional Odebrecht, entre muchos otros. Así como el fraude electoral de 2012, al permitir e incentivar la compra masiva de votos.
Y a Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato. Y los múltiples casos de corrupción, empezando por toda la podredumbre en Petróleos Mexicanos, con las compras de Agro Nitrogenados, Fertinal, Hijos de J Barreras y el caso Odebrecht. También todas las reformas estructurales.
Esperamos que a pesar de la carencia de casillas en donde se emitirá la decisión, la ciudadanía expresará libremente su repudio a estos cinco políticos que durante 30 años masacraron las finanzas públicas en perjuicio de millones de mexicanos.
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