La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio para verificar la observancia y el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud ante las deportaciones masivas de migrantes del gobierno de Estados Unidos.
Por medio de un comunicado, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, instruyó esta medida debido a la situación que enfrentan las personas que han arribado a la Frontera Norte de México sin ningún control migratorio ni sanitario frente a la pandemia de Covid-19.
“Se solicitaron medidas cautelares a 31 diferentes autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, a fin de evitar la consumación irreparable de hechos violatorios de derechos humanos que pudieran afectar la salud, integridad, seguridad e incluso la vida de personas deportadas, entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres y población con enfermedades crónico-degenerativas, que se alojan en el albergue San Juan Bosco, de Nogales, Sonora”, destaca. Así como de migrantes puestos a disposición del INM, institución que a su vez, de ser necesario, los canaliza a algún recinto de los Sistemas Nacional o locales del DIF, Centros de Integración para Migrantes o albergues de la sociedad civil.
Lo anterior después de que el 29 de julio, 2 y 6 de agosto, personal de la CNDH visitara dicho albergue, en las que se observó un creciente flujo de personas en contexto de migración provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que arriban a ese recinto debido a las deportaciones masivas que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo.
Personal del albergue indicó que el 29 de julio se alojaron a 380 personas migrantes que fueron expulsadas del país vecino, las cuales no fueron recibidas por el INM, pese al problema de contagio de Covid-19 se está presentando no solo con los extranjeros, sino también entre colaboradores de la institución.
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