La mayoría de violaciones a derechos humanos aún está relacionada con el problema de violencia generalizada que padece México. Para el doctor en derecho Mario Santiago Juárez, aunque la política federal para enfrentar al crimen organizado cambió con el gobierno de López Obrador, en estados y municipios se mantienen las viejas prácticas que detonan crímenes como los homicidios y las desapariciones
El problema en México es de violencia generalizada, no es sólo de violencia institucional o violencia que venga del Estado, considera el doctor en derecho Mario Santiago Juárez. En ese contexto es en el que ocurre la mayoría de violaciones a derechos humanos en el país, que van desde los homicidios, las desapariciones y la tortura hasta los desplazamientos forzados internos.
Para el profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el entorno de violencia muy grave que aún existe se exacerbó por la política del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa –que continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto– para, supuestamente, enfrentar al crimen organizado.
En ese sentido, explica a Contralínea que ya “está muy documentado el nivel de violencia ejercido por el Ejército, por la Marina, por las diferentes agencias y policías federales”. El experto en defensa de los derechos humanos indica que esta situación sí se puede disminuir, pues ya no es la misma política la que se tiene a nivel federal.
Asimismo, Santiago Juárez observa que en temas de violaciones a derechos humanos lo que se vive es una continuidad en muchos aspectos de esa violencia que desató el calderonismo. Al respecto, expone que lo más importante son los cambios que ha impulsado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Son precisamente cuestiones que tienen que ver con la política pública en materia de combate a la delincuencia organizada. Pienso que sí hay un cambio evidentemente de política, pero son las consecuencias de la política previa las que se siguen viendo”.
El abogado asociado a la organización I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, recuerda que durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, “las redadas de parte de los servidores públicos de policía, de la Marina y el Ejército estaban coordinadas para hacer desapariciones forzadas. Eso lo sé y lo vi porque hablé con las víctimas. Entiendo que ya no está pasando, ya no es la política –si podemos llamar política a una cuestión tan trágica, tan grave como la que acaba de pasar– criminal, totalmente”.
Los ejemplos de cómo la autoridad en los tres niveles de gobierno ejerció una violencia desmedida están por doquier. “En Nayarit podemos hablar de lo mismo, en varios estados donde el gobernador es parte del crimen organizado. Este tipo de cuestiones ya no son parte –eso es evidentemente más bien– de la política de este nuevo gobierno. Sin embargo estamos viendo que las desapariciones siguen subiendo”.
El doctor en derecho señala que la responsabilidad directa es de las procuradurías y fiscalías estatales, empezado por la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero. “Esta Fiscalía tendría la obligación de atraer los cientos o miles de casos que por todo el país estamos viendo de personas desaparecidas. Y ahí no hay ningún cambio. El error ha sido confiar en la Fiscalía que no está ni de lejos cumpliendo con su labor y su facultad constitucional, que establece el 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
—¿Qué faltaría tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales y municipales para que las violaciones a derechos humanos ya no sean una constante?
—Sabemos que hubo un cambio en 2008. Hubo una reforma muy importante en materia penal que fue la reforma que convirtió la materia penal en una justicia adversarial, y esto significó muchos cambios importantes en la forma en la que los jueces locales conocían los asuntos. Esto implicó también derechos a las víctimas, derechos a las personas procesadas, es decir, a los que han cometido delitos. Sin embargo, no hubo una igual transformación en materia de investigación. Yo doy clases permanentemente en muchos estados de la República y conozco cómo funcionan los ministerios públicos: no hay una profesionalización del ministerio público en ningún estado; es decir, siguen siendo personas que ingresan allí buscando trabajo no con una vocación de servicio ni con una profesionalización que implicara, por ejemplo, el conocimiento de saber cómo se hace una investigación criminal. Entonces lo que se necesita es una transformación a nivel nacional, pensando en la Fiscalía General pero en cada una de las secretarías de los estados porque están conformadas por personal que no tiene tampoco la infraestructura.
Como ejemplo, cita el caso del Servicio Médico Forense de la Ciudad de México: “es una institución que ya tiene un nivel adecuado, pero a nivel estatal eso está muy lejos de ser una realidad; es decir, no tienen los mínimos institucionales, el personal, no hay un servicio de carrera que se pudiera ir profesionalizando. Lo más grave de todo es que no hay voluntad y no hay intención de hacer ningún cambio. La Fiscalía General de la República sigue operando como hace 50 años con un problema del siglo XXI”.
Respecto de la falta de sentencias en temas de violaciones a derechos humanos, el doctor Santiago Juárez opina que “normalmente caemos en una confusión: el público en general piensa que porque no hay sentencias la culpa puede ser de los jueces –que también–, pero el trabajo principal en una investigación de tipo criminal la tienen las fiscalías. Es decir, las fiscalías son las que deben tener esta investigación previa y luego presentar los casos, judicializarlos: presentarlo a un juzgado para que efectivamente pueda ser procesado. Y evidentemente en nuestro sistema de respeto al estado de derecho pues todo eso tiene que ser público, cuando es el fuero local; y con el viejo sistema penal, cuando son delitos federales, y esto es lo que no sucede porque nunca ha habido en México una investigación real de los crímenes; y la impunidad ha sido la constante no de ahora, no de hace 6 años ni de hace 12 o 24, es una constante mexicana”.
El profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala señala que el problema no es necesariamente que sean miles de casos y que ellos tengan demasiado trabajo, sino de que “no hay una voluntad, una intención de realizar macro casos en los que se vea, por ejemplo, cómo operan las redes criminales, hacer un mapeo de actores, investigaciones de contexto para ir deslindando esas responsabilidades. Vemos que los casos son muy lentos, y que muchas de las personas que sí son efectivamente detenidas, procesadas, no tienen una sentencia. Ojalá que eso fuera el común denominador, pero la mayoría de las veces nunca son detenidos. Contamos con una impunidad que es crónica”.
