El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral (INE), que entre otras cosas les sugiere a los consejeros –encabezados por Lorenzo Córdova Vianello– acabar con los gastos suntuosos e injustificados y el dispendio. Elaborado por las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público, dicho plan generaría ahorros por 2 mil 972 millones de pesos (en sueldos y salarios, 719 millones; en gasto de operación, 1 mil 384 millones; y en fideicomisos, 869 millones).
Durante la presentación en la conferencia matutina de hoy, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, hizo un recuento de los gastos que ha eliminado el gobierno federal desde diciembre de 2018, como la compra de seguros de gastos médicos mayores, de vida y de separación individualizada; así como “los gastos superfluos en viajes, comidas, telefonía y se eliminaron las delegaciones de las dependencias federales en el extranjero, sólo se adquirieron insumos estrictamente necesarios”. Erogaciones que el INE aún mantiene vigentes.
Por su parte Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, indicó que el plan de austeridad conjunto se basó en esa experiencia del gobierno federal, “que ha permitido una mayor eficiencia del gasto público que nos permite poder destinar los fondos necesarios para el desarrollo”.
Agregó que en este año, el INE cuenta con un presupuesto de 19 mil 736.6 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados, y que, sin considerar las asignaciones para revocación de mandato y consulta popular, el Instituto cuenta con 830 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal, los cuales podrían destinarse al ejercicio de revocación, ello de forma complementaria con las medidas de austeridad del Instituto en su gasto operativo.
Respecto de las medidas de austeridad sugeridas, indicó que son las mismas que ya han sido aplicadas por el Ejecutivo federal. Entre ellas, aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace; suprimir pagos de seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, y hacer ajustes en el gasto de operación de acuerdo a los criterios de la Ley Federal de Austeridad.
En cuanto a sueldos y salarios, Juan Pablo de Botton detalló que se podría generar un ahorro de 718.8 millones de pesos, sin afectar al personal operativo ni sindicalizado, y que tampoco implican reducir plazas. Agregó que, “en particular, la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para servidores públicos de mando y enlace de las dependencias y sus equivalentes a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 millones de pesos”.
Asimismo, dijo que se podrían revisar los bonos por apoyo en elecciones, correspondiente a los estímulos de personal, lo que representaría una economía de 150 millones de pesos.
Respecto de la cancelación del seguro de gastos médicos mayores, el ahorro sería de 131.6 millones de pesos; y del seguro de separación individualizada, de 306.9 millones. Como ejemplo de lo que significa eliminar ese tipo de gastos, De Botton aseguró que los ahorros anuales del gobierno de López Obrados son por 8 mil 155.9 millones de pesos. “Y ahorros totales, si consideramos el presupuesto partiendo de 2019 incluyendo el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, por alrededor de 32 mil 623.9 millones de pesos”.
Del gasto de operación, dijo que el presupuesto aprobado al INE asciende a 4 mil 526.5 millones de pesos, al cual se le descontarían los 830 millones de pesos que le asignó de más la Cámara de Diputados y, si aplicaran las medidas de austeridad de racionalidad, “se podrían obtener ahorros por austeridad que ascienden a 554.5 millones de pesos, que serían equivalentes a 15 por ciento del gasto operativo remanente”.
Así, “entre los 830 millones de pesos adicionales al presupuesto normal y los 554.5 millones por austeridad, se tendría una disponibilidad de 1 mil 384.5 millones de pesos”. Ello, dijo, implica reducciones en: telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo y diversos conceptos que ya son aplicados en la Administración Pública Federal.
Al respecto, el subsecretario Juan Pablo de Botton detalló que el gasto operativo del gobierno y del Ejecutivo federales se ha reducido de manera consistente a partir de 2018. En el caso de las secretarías de Estado, dijo, se pasó de 204 mil 420 millones en 2018 a 169 mil 467 millones de pesos en 2019: una reducción de 34 mil 953 millones.
Por su parte Thalía Lagunas Aragón, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, se refirió a los dos fideicomisos del INE, donde el Instituto es “el dueño de ese dinero”: Fondo para atender el Pasivo Laboral, que cuenta con un saldo disponible de 534 millones; y el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, con 826 millones de pesos, al 30 de septiembre, dando un gran total de 1 mil 360 millones de pesos.
Los recursos contemplados en el plan de austeridad, aseguró, no son parte del presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal, tampoco se afecta la entrega de recursos por concepto de prerrogativas a los partidos políticos, ni se reducen plazas de ningún tipo ni para el personal de estructura ni para el personal operativo y sindicalizado.
Así, dijo, “en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos, en gasto de operación mil 384 millones de pesos, en los fideicomisos que acabamos de comentar 869 millones de pesos, dando un esfuerzo de dos mil 972 millones de pesos”.
