La hipótesis que en términos científicos es apenas la elaboración de conexiones racionales necesita por fuerza la comprobación en la realidad para establecer los enlaces reales a los que apunta la proyección originaria. El periodismo de investigación sabe que el mejor momento para ofrecer sus resultados es después de haber comprobado las hipótesis en los hechos reales. Es entonces cuando se puede admitir la develación de un hecho real, de interés público, bajo la perspectiva del derecho a la información con fines democráticos. El problema del periodismo viene cuando, de forma sistemática, se empieza a seccionar y confeccionar especulaciones hipotéticas que son presentadas al público como investigaciones terminadas.
En estos casos, los medios deciden arbitrariamente omitir la comprobación, en espera de que esto ocurra por gracia de la sola publicación de la hipótesis. De hecho, trasladan la responsabilidad ética tanto del periodista como del medio de comunicación que publica al acusado. Con ello se pretende que éste sea el que de forma rápida desmienta las acusaciones, es decir, que complete la investigación.
Esta ruptura del ciclo de investigación abre la temporalidad para que el periodismo se convierta en un mecanismo de propaganda que permite influir en la opinión pública con fines de tergiversación de la realidad. Esto, además de representar la pérdida de toda ética, se conecta con las necesidades de los poderes económicos para generar una sensación de crisis en los gobiernos y evitar que fluyan los siempre difíciles momentos en los que las repúblicas buscan reformar sus estructuras para resolver los graves problemas sociales de origen.
Con el sólo hecho de abrir la brecha entre la formulación primaria de hipótesis sobre los casos de corrupción y la necesaria comprobación se da pie a que surja en escalada una serie de hipótesis, una tras otra, para abonar el terreno de una crisis política. Éste es un juego perverso que en América Latina ha sido utilizado como antesala de los golpes blandos (lawfare). Así, la separación entre hipótesis y comprobación abre la posibilidad de que los medios de comunicación que las difunden se excusen de incurrir en esta estrategia porque –según explican– “sólo se trata de difundir información relevante para el público”.
Una de las características de los golpes de Estado blandos o híbridos es que se construyen repartiendo los pesos de la estrategia entre diferentes actores disolviendo las responsabilidades. Al final del proceso, nadie en lo particular puede ser acusado de mentir o tergiversar. La sofisticación de estos planes reside en la capacidad de distribución de funciones y termina acumulando una gran cantidad de hipótesis jamás comprobadas con las que se construye la simiente de un imaginario virtual de crisis.
Este escenario tiene diferentes funcionalidades, pero la más importante es el ocultamiento del poder económico a escala global puesto que, en el mundo capitalista contemporáneo, especialmente con el neoliberalismo, se constituyeron poderes económicos trasnacionales que sobrepasan los alcances de los Estados-nación. Actualmente, el declive de Estados Unidos como fuerza hegemónica frente al crecimiento económico de China, la crisis energética de Europa y la pandemia han generado presiones sobre las tasas de ganancia de los capitales, situación que no admite que sectores tan relevantes para la acumulación global, como es el energético, se transformen en industrias para el interés nacional. Se tocaron, pues, las fibras más sensibles del poder económico: sus ganancias. Por tanto, frente a este escenario resulta inconsecuente el intento que realizan los poderes mediáticos de excusarse bajo el viejo esquema en donde el poder presidencial sería el máximo poder ignorando los intereses privados mencionados.
El caso es que con esta guerra híbrida se busca, en última instancia, retrasar o impedir las reformas económicas de los países, se interviene de manera violenta para imponer sus intereses a pesar de que el juego democrático haya sido ganado por el pueblo. Esta imposición oligárquica utiliza, además de los lobbies judiciales, a los medios de comunicación corporativos para alcanzar sus fines. De aquí que sea necesario impulsar una discusión amplia y clara sobre estas funcionalidades del poder. La libertad de expresión es sólo la careta que utilizan para imponer sus agendas a las democracias que luchan por conseguir su liberación económica. El poder mediático se convierte así en poder económico.
Óscar David Rojas Silva*
*Economista por la Universidad de Guadalajara, con estudios de maestría y doctorado por la UNAM sobre la crítica de la economía política. Director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre.
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