La conclusión del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica celebrado en la Cámara de Diputados, no dejó resquicio alguno a las dudas: la mayoría de los participantes coincidieron en la necesidad de apoyar la iniciativa presidencial con el fin de que vuelva al Estado la rectoría de los recursos energéticos del país.

De igual forma, hubo un planteamiento generalizado para refundar la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicándola en sintonía a las demandas sociales y las necesidades de un servicio eficaz y accesible a los diversos sectores de la economía, sin los fines de lucro que pretendió endilgarle el modelo de los gobiernos neoliberales y que le hicieron perder su esencia nacionalista con la que surgió en el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Una CFE donde se garantice el derecho humano a la electricidad con el establecimiento de una tarifa social y se corrija de fondo con el borrón y cuenta nueva, los incuantificables agravios a los usuarios que desde el sexenio de Felipe Calderón han venido luchando contra la imposición de los impagables “recibos locos” y que han terminado por criminalizar y judicializar a los deudores, como si se fueran culpables de un error nacido de una disparatada política energética neoliberal.

Esta nueva CFE debe también contribuir a poner fin al conflicto laboral que Calderón generó con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al imponer mediante un ilegal y sorpresivo decreto la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, lanzando al desempleo a 44 mil trabajadores y poniendo en riesgo a 22 mil jubilados; una CFE donde tengan cabida todos los trabajadores electricistas de México.

En las diversas mesas de análisis quedó asentada la importancia que tiene para el futuro del país retomar el sentido inicial que dio vida a la CFE en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando la inmensa mayoría de los mexicanos carecía de energía eléctrica en sus hogares y quienes, sobre todo en las grandes ciudades tenían acceso a la luz, debían pagar altas tarifas por un servicio de mala calidad, sobre todo porque a las empresas extranjeras que dominaban el mercado interno les importaban únicamente sus ganancias, pero no el bienestar social y el desarrollo de nuestra economía.

La Comisión Federal de Electricidad surgió el 14 de agosto de 1937 con objetivos muy claros y definidos para iniciar la electrificación del país, buscando la consolidación de un sistema eléctrico nacional de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía en favor de todos los sectores sociales y ramas económicas.

Un año más tarde, el 18 de marzo de 1938, la Expropiación Petrolera cerró la pinza del inicio de nuestra independencia energética, fortalecida como parte de una estrategia de nuestra soberanía económica con la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, en el gobierno de Adolfo López Mateos.

Durante los foros, otro de los puntos de convergencia fue establecer con claridad que el país no debe ni puede seguir tolerando la vigencia de los contratos leoninos pactados con las empresas privadas, sobre todo extranjeras, relacionados con la compra de energía y derivados del otorgamiento de 772 permisos de energía, pues de no frenarlos, tendrán un costo de 2 billones de pesos a las finanzas pública en los años por venir.

La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, aprobada en el Congreso con el apoyo de diversos partidos y de forma mayoritaria por el PRI y el PAN, cambió de manera radical la naturaleza de empresa pública de la CFE para transformarla, al igual que a Pemex, en una Empresa Productiva del Estado, pues de acuerdo a los parámetros impuestos por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y las modificaciones a los artículos 25,26 y 27 constitucionales, las antes paraestatales debían abandonar su esencia social y convertirse en una parte de la competencia del libre mercado.

Haber impuesto en los gobiernos neoliberales está visión de competencia, sobre todo tras la llegada al poder de los gobiernos panistas, derivó en la barbarie administrativa de imponer cobros estratosféricos a la gente humilde bajo el pretexto de fortalecer las finanzas de CFE. Tanto Calderón como Peña Nieto no movieron un dedo para corregir el grave problema social que colocó en el dilema de pagar su luz o comer a miles de mexicanos.

De siempre, los directivos de la Comisión Federal, como la gente de la Procuraduría Federal del Consumidos (Profeco) y de Hacienda, supieron que el problema de las pérdidas financieras de la empresa no estaba en los aparentes “adeudos” de los consumidores pobres, sino en la forma en que el neoliberalismo había aceptado “subsidiar” a las trasnacionales con su compra obligada de energía y el financiamiento de sus plantas de generación, a costa de endeudar a la exparaestatal.

A los gobiernos neoliberales no les importó robar con sus “recibos locos” a los que menos tienen para cumplir con sus contratos leoninos a los particulares, a los que además se les consintió el esquema de autoabastecimiento, cuyo abuso fue denunciado en los foros al exponer lo absurdo de que la tiendita de la esquina pague mucha más luz que un Oxxo.

Esta mentalidad mercantilista e inhumana debe ser desterrada en la CFE junto con varios funcionarios que han llegado al extremo de enviar a cortar la luz en colonias populares haciendo acompañar de la Guardia Nacional a los encargados de ejecutar tal injusticia.

Son esos funcionarios los que por años han venido enriqueciéndose de la mano de contratistas y que en sexenios pasados, cobraban sus comisiones a diversos empresarios con yates y Ferraris, como fue el caso de Néstor Félix Moreno Díaz, uno de los funcionarios consentidos del ex Director Alfredo Elías Ayub, cuando se le calificó a la CFE, como una “Empresa de Clase Mundial”, pero incapaz siquiera de hacer justicia a los usuarios que pedían les demostraran cómo es que con dos focos, un televisor y un refrigerador se podían consumir miles de pesos de luz.

La información aportada en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, dejó bien asentado que en México hay una corriente mayoritaria y bien informada con la que los representantes y beneficiarios de los contratos leoninos del neoliberalismo, sobre todo trasnacionales como Iberdrola, se negaron a debatir por el temor a ser exhibidos como lo que son: saqueadores de la riqueza nacional y de las finanzas públicas.

Una nueva CFE debe surgir de esta iniciativa porque la actual no es, ni por asomo, la empresa pública que fundó el General Cárdenas en 1937 y que debe volver a su esencia nacionalista para estar acorde a los fundamentos planteados en la Reforma Eléctrica.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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