La nueva denuncia penal que presentó el IMSS por el incendio de la Guardería ABC –que cobró la vida de 49 bebés y lesionó a otros 104– no alcanzaría a responsabilizar al expresidente Felipe Calderón –quien orquestó una operación de Estado para ocultar el crimen en beneficio de su esposa Margarita Zavala–, pero sí a los entonces altos funcionarios del Instituto, quienes durante sus gestiones fueron omisos respecto del desorden generalizado en los contratos de subrogación de guarderías. Entre ellos, destaca Daniel Karam Toumeh, director general del Seguro Social antes y después de la tragedia y quien habría impedido que los menores fueran trasladados a hospitales especializados de Estados Unidos. La denuncia documenta violaciones graves a derechos humanos de las víctimas, que son delitos que no prescriben
Al momento del incendio de la Guardería ABC –ocurrido en Hermosillo, Sonora– aquel 5 de junio de 2009, el 99.7 por ciento de los recintos a los que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les subrogaba ese servicio incumplía los requisitos necesarios para su funcionamiento, señala la nueva denuncia penal que el Instituto presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 12 de febrero de 2020 y que, por primera vez, acusa a altos exfuncionarios de los tres niveles de gobierno.
Dicha denuncia advierte la relación del accidente con los procesos de adjudicación, contratación, prestación y supervisión del servicio de guarderías en todos los niveles de responsabilidad, incluida la dirección general del IMSS. Entre los altos exfuncionarios federales que señala como presuntos responsables de la tragedia no se encuentra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien –ahora se sabe con certeza– orquestó una operación de Estado para ocultar el crimen y utilizó todo su poder para encubrir a la familia de su esposa Margarita Zavala; pero sí figura el director general del Seguro Social entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de diciembre de 2012.
Se trata del maestro Daniel Karam Toumeh, amigo del expresidente Calderón y quien lo asesoró durante la campaña presidencial (febrero-agosto de 2006). Y después de las cuestionadas elecciones, participó en el equipo de transición como responsable de los proyectos de salud y seguridad social del panista que asumiría la Presidencia en diciembre de 2006.
La denuncia documenta que en la administración de Karam Toumeh, las guarderías subrogadas por el IMSS operaron en condiciones deficientes no sólo en Sonora, sino en el resto del país, lo que configuró un desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, operación y supervisión de las guarderías subrogadas. Ello, con base en los resultados de la investigación ministerial del caso del incendio de la Guardería ABC hecha por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; de la recomendación 049/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y de la auditoría 08-1-00GYR-06-1115 de la cuenta pública 2008, “Regulación y Supervisión de Guarderías (IMSS-ISSSTE)”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.
En ese contexto, la Guardería ABC, SC, operaba bajo el esquema vecinal comunitario con condiciones deficientes de seguridad para su funcionamiento. Los socios eran Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella –prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, entonces primera dama de México–, Gildardo Urquídez Serrano, Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido Suárez.
Los cargos que se busca fincar a los presuntos responsables de la muerte de 49 bebés de entre 10 meses y 4 años de edad, y las lesiones causadas a otros 104 menores sobrevivientes –72 de ellos con secuelas graves– incluyen homicidio culposo –en su modalidad de comisión por omisión–, delitos de lesiones, ejercicio indebido del servicio público, abuso de poder.
Adicionalmente, se señalan violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas, mismos que de acuerdo con el derecho mexicano y el derecho internacional no prescriben. Entre éstas se documentan violaciones al principio de interés superior de la niñez; a la protección de la vida y a la integridad física y psíquica; a la seguridad social; a la salud; al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales; a la legalidad y seguridad jurídica –derivados de una prestación y ejercicio indebido del servicio público, por parte de servidores públicos del IMSS, del gobierno de Sonora, del ayuntamiento de Hermosillo, y de los propios responsables de la Guardería ABC, SC, “que actuaron bajo la anuencia o tolerancia de los servidores públicos del IMSS y de las autoridades de dicho municipio”.
La denuncia fue judicializada en octubre de 2020 por la Fiscalía General de la República, y entonces se logró que un juez vinculara a proceso al exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Salazar Salazar, y a la excoordinadora Nacional de Guarderías del Instituto, Carla Rochin Nieto, ambos subordinados de Karam Toumeh. Para la actual administración del maestro Zoé Robledo, eso no significa que el expediente esté cerrado, pues el Seguro Social y la Secretaría de Gobernación continúan aportando elementos probatorios en contra del resto de denunciados.
Las responsabilidades de Karam Toumeh
Los testimonios que recabó en 2010 el ahora ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, revelan el papel que jugó Daniel Karam Toumeh en la atención a los bebés sobrevivientes. En su investigación ministerial –que retomó la nueva denuncia penal del IMSS– se da cuenta, por ejemplo, de que en su calidad de director general del Seguro Social obstaculizó el traslado urgente de los menores con quemaduras más graves a hospitales de Estados Unidos, especializados en este tipo de atención.
Por órdenes del amigo de Calderón Hinojosa, los infantes fueron trasladados a nosocomios de Guadalajara y Ciudad Obregón. Eso fue confirmado por el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En su comparecencia, el político y empresario priísta afirmó: “en una coordinación con el Seguro Social, esto es muy importante mencionarlo porque también hay muchas versiones sobre qué pasó con los movimientos del Seguro Social en Sonora, siendo estado fronterizo tiende mucho hacia la frontera norte, entonces los padres de familia, insistentemente decían que querían mover a los niños al hospital de Sacramento, el Shriners, Hospital de Los Ángeles, y al hospital de no sé dónde; los querían mover y el Seguro Social insistía mucho en moverlos todos a Guadalajara o a Ciudad Obregón, donde ellos tenían capacidad. Entonces, desde hacer las gestiones con algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron muy activamente, por cierto, a estar al pendiente de ellos, y por eso les decía, como yo les comenté, reiterarles que al Seguro Social, al señor director, o sea, hay que hacer lo que los papás dicen, hombre, pues si los señores quieren que se vayan a Sacramento pues hay que llevarlos a Sacramento. No hay que pelear con ellos, qué necesidad tenemos todavía de crear o abrir un espacio más de discusión en algo que ya está suficientemente grave el asunto como para hacerlo. Y gracias a eso abrimos, ya se había cerrado el tema de Sacramento, que algunos niños pudieron ser movilizados”.
La propia investigación del ministro Zaldívar da cuenta de esas resistencias de la autoridad federal. “De los testimonios de los padres entrevistados por la Comisión Investigadora se advierte la percepción de que el traslado de los menores fue obstaculizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, privilegiándose los traslados a hospitales de Obregón y Guadalajara, a pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento”. Y agrega: “de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo que tuvo como consecuencia que, al menos, en opinión de muchos padres, los niños no recibieran una atención médica adecuada”.
A este asunto también se refirió el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, el 22 de febrero de 2022 –cuando reveló la operación de Estado que orquestó el expresidente de México para encubrir a Margarita Zavala y a su familia–: “los padres [de las víctimas] me contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor el tema. Me contaron cómo los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones, y por la situación en que habían quedado”.
El impedimento de que los bebés quemados fueran trasladados a hospitales especializados de Estados Unidos y la alteración de expedientes médicos fueron sólo algunas de las presuntas anomalías en las que habría incurrido Karam Toumeh, maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y licenciado en economía por el ITAM.
Con base en el voto minoritario del ministro Zaldívar y la recomendación de la CNDH, la denuncia señala que la magnitud de las fallas del sistema de guarderías subrogadas alcanzan a Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de diciembre de 2012, debido a que asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección de dicho Instituto. Asimismo, acusa que este exfuncionario también es responsable de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica que se brindó a las víctimas.
Sobre este último punto, Manuel Montaño Estrada, tío de Danna Paola Villarreal, expuso ante la comisión investigadora de la Suprema Corte las responsabilidades del exfuncionario: “Estuvo el director general, no sé qué puesto es del Seguro Social, es Karam [Daniel Karam Toumeh], él era el que daba las órdenes: ‘vamos a llevar a niños para allá, vamos a hacer esto’. No sé en qué se basaba, pero así era. Luego luego se vio la intervención del Seguro Social. Algunos niños estuvieron muy bien atendidos en el Hospital del estado, en el Hospital Infantil del estado. No sé por qué se los llevaría para allá, estaba más cerquita. Es un hecho que me tocó a mí, cuando estábamos en el auditorio del Hospital Infantil, llegó gente del Shriners aquí en Hermosillo, llegó gente y dijo: ‘saben qué, nosotros tenemos ahorita lugar para 80 niños, si se los quieren llevar, nos los llevamos’, comentó el mismo señor, el licenciado, se me fue el nombre, Barrera se apellida, que es el delegado de Shriners Sonora. Puso a disposición: ‘tengo yo los medios para trasladar 80 niños. Ustedes díganme a quién me llevo’. Pues no le permitieron”.
Otro de los testimonios recabado es el de Lorenzo Alberto Huguez Galvez, papá de María Jimena Huguez Mendoza. “Ya como a media noche nos dicen que si queríamos trasladarla a Sacramento y nosotros decimos que sí. Y ya después como a las 5 de la madrugada nos dicen que siempre no se va a trasladar a Sacramento, que por decisión de los médicos se va a trasladar a Guadalajara, que porque hay un mejor servicio y nosotros decidimos hacerlo y al llegar allá no era un mejor servicio, era más de lo mismo”.
Actualmente Karam Toumeh se desempeña como presidente y director general para México de la agencia Hill+Knowlton Strategies, Inc –consultoría en comunicación con oficinas centrales en Nueva York– y en redes sociales (@danielkaramt) comparte mensajes en contra del actual gobierno federal. Hasta ahora no ha sido llamado por la Fiscalía General de la República para que responda sobre sus responsabilidades en la atención médica a los menores quemados aquel 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y sobre las omisiones o negligencias en las que habría incurrido.
Irónicamente, en 2011 –dos años después del crimen de Estado de la Guardería ABC– Karam Toumeh fue reconocido por el ITAM con el premio al “Mérito Profesional”, por su “calidad profesional como exalumno y su notable contribución al desarrollo económico, político y social del país”.
Ante la situación de vulnerabilidad de los menores usuarios de las guarderías, la investigación ministerial establece que tanto Karam como su antecesor Juan Francisco Molinar Horcasitas –director del IMSS del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2009, y fallecido en 2015– eran responsables del bienestar de los niños que se encontraban a su cargo. Por ello debieron instrumentar políticas que impidieran la autorización de operación de guarderías sin el cumplimiento previo de todos los requisitos legales aplicables, entre los cuales destacaba la verificación de que los inmuebles cumplieran con las condiciones idóneas de seguridad.
Asimismo, se indica que quien ostenta el cargo de director general del Seguro Social preside a otros dos órganos superiores: la Asamblea General –que es la autoridad suprema del IMSS– y el Consejo Técnico –que es el órgano de gobierno, representante legal y administrador del Instituto–, por lo que esta triple condición lo hace responsable del buen funcionamiento de la institución. Entre otras funciones, el director general debe proponer las políticas estratégicas para su conducción y tiene a su cargo la ejecución de cualquier acto jurídico necesario para cumplir con sus fines.
De esta manera, a Karam Toumeh –como a su antecesor– le correspondía el control y conocimiento estricto sobre el esquema de funcionamiento del servicio de guarderías, y estaba obligado a instrumentar las medidas necesarias para que el servicio cumpliera con las disposiciones legales aplicables, se prestara en las mejores condiciones posibles, y garantizara el desarrollo y la salud de los infantes.
Las negligencias del sistema subrogado
Nada de eso se cumplía al momento de la tragedia. De acuerdo con la investigación del ministro Arturo Zaldívar que se retoma en la denuncia penal, el 99.7 por ciento de las guarderías subrogadas por el IMSS incumplían al menos uno de los requisitos necesarios para su funcionamiento.
Respecto del control administrativo, el IMSS no verificaba un 13 por ciento de éstas, entre ellas la Guardería ABC que se instaló en una bodega e incumplía con las medidas contraincendios; y acerca de la supervisión de los aspectos de protección civil, el Seguro Social omitió vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.
Y es que al día del incendio en la Guardería ABC, del total de guarderías operadas por particulares, el 69.7 por ciento no contaba con equipo de incendios; el 72 por ciento carecía de dictamen favorable de instalaciones eléctricas; el 51.8 por ciento no contaba con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública; el 49.8 por ciento no tenía dictamen de protección civil municipal vigente; el 83.7 por ciento no contaba con dictamen de protección civil municipal anual; el 72.2 por ciento no tenía visto bueno o dictamen de bomberos vigente; el 91.4 por ciento carecía de visto bueno o dictamen de bomberos anual; al 75.1 por ciento le faltaba la constancia de realización de simulacros; y el 73.3 por ciento no tenía constancia de capacitación de protección civil.
Asimismo, de la inspección ocular realizada a un número representativo de guarderías subrogadas –conforme a la muestra elaborada por peritos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México– se desprende que, al 5 de junio de 2019, también existía incumplimiento en las medidas de seguridad.
Ejemplo de ello es que el 41.7 por ciento carecía de salidas de emergencia; el 57 por ciento no contaba con detectores de humo; el 5.4 por ciento carecía de extintores; el 54.7 por ciento no tenía luces de emergencia; el 5.3 por ciento no contaba con rutas de evacuación; al 26.5 por ciento le faltaba piso antiderrapante en los baños; el 13.2 por ciento incumplía con la distancia a la salida menor a 40 metros; el 5.3 por ciento no realizó simulacros; al 14 por ciento le faltaba que la apertura de puertas de emergencia contara con mecanismo de empuje hacia fuera; el 45 por ciento no tenía sistema de alarma sonora; el 2.6 por ciento presentaba instalaciones eléctricas en descuido; y el 9.9 por ciento no tenía protectores de tomacorrientes en la pared. Por ello, el voto minoritario del ministro Zaldívar señaló que existía un “desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de estas guarderías”.
La Guardería ABC
En el caso de la Guardería ABC, la investigación ministerial documentó un cúmulo de irregularidades que las autoridades del IMSS, empezando por sus directores generales Molinar y Karam, no corrigieron. Por ejemplo, que se estableció en una bodega; al respecto, del expediente del Instituto Mexicano del Seguro Social se advierte que el local “nunca fue verificado a efecto de comprobar que era viable y seguro para el destino indicado”.
Como resultado de esto, se permitió que en el muro de block que dividía el cambio de uso de guardería a bodega se instalaran hojas de tabla-roca hasta el nivel de plafón. El resto del muro desde el nivel de plafón hasta la cubierta tenía irregularidades y huecos de hasta 20 por 20 centímetros.
Al no estar adecuadamente cerrado el muro entre la guardería y la bodega de papelería, se permitía intercambios de aire entre las dos porciones. Las omisiones de la autoridad federal incluyen no evitar que el inmueble se encontrara ubicado en una zona peligrosa, porque de un lado compartía muro con una bodega que almacenaba papel, como porque la parte trasera de la guardería colindaba con una llantera, y a 43 metros de distancia había una gasolinera en servicio.
“No obstante que la guardería tenía la cantidad suficiente de salidas, éstas no contaba con los requerimientos de seguridad: la puerta principal abría hacia adentro, sólo medía 85 centímetros de ancho y tenía una reja de mampara con barrotes; otra de las salidas era por el salón de Lactantes C y, si bien es puerta abría hacia fuera, tenía herrajes con cerradura de llave, había una puerta más por el área de la cocina que también tenía herrajes con cerradura de llave. Otra puerta de salida se ubicada en la zona de patio, sin embargo, para llegar a ella era necesario pasar por una puerta intermedia que también tenía un herraje con cerradura de llave y pestillo que abría hacia el interior del edificio”.
Durante el incendió que mató a 49 bebés se resintió que el negocio de la prima de Margarita Zavala no contara con un pasillo de salida entre el salón de usos múltiples y la puerta de salida. También, que el área de paso obligado estaba llena de mobiliario y cubierta con una lona plástica altamente inflamable “que contribuyó en gran medida a la dimensión de la tragedia”.
El recinto sólo contaba con cuatro alarmas de incendio en lugares no aptos: una en el armario del aseo, otra en el guardarropas del personal, la tercera en la máquina expendedora y la última en la recepción, sin estar conectadas a ningún dispositivo, bocina o campana, careciendo el resto de las áreas de dicho sistema.
Otro grave error fuer la falta de capacitación del personal. El informe de investigación relata que las maestras “jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía en las condiciones adversas que imperaban”. Fue alrededor de las 14:40 horas de aquel 5 de junio, mientras los bebés dormían la siesta, cuando inició el incendio en la bodega contigua a la Guardería ABC.
Los problemas que resultaron en una trampa mortal durante la conflagración eran del conocimiento del Seguro Social desde el 26 de julio de 2005, cuando personal de esa dependencia visitó el lugar. No obstante, las autoridades no dieron seguimiento a las observaciones formuladas para corroborar su cumplimiento, ni en la administración de Molinar Horcasitas ni en la Karam Toumeh.
Por lo menos son responsables de negligencia y corrupción, pues lo que sí hicieron fue permitir la subrogación del servicio de guarderías y pagar puntualmente a la sociedad en la que participaba la prima de Margarita Zavala. El 29 de diciembre de 2006, el Instituto Mexicano del Seguro Social –representación Sonora– firmó el contrato 27-U-0263 con los socios de la Guardería ABC, SC (clave administrativa: U-0263), para la “prestación del servicio de guardería”, que fijaba un pago mensual de 2 mil 194.37 pesos por cada menor de edad inscrito. La vigencia corría del 2 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009.
| Los imputados
A) Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social:
B) Autoridades del gobierno de Sonora:
C) Autoridades del ayuntamiento de Hermosillo:
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