Dieciocho ciudades de México figuran en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, destaca el estudio “Ciudades violentas. Panorama internacional y desafíos para México”, de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El análisis indica que la violencia que se vive en distintas partes del país es un desafío para las políticas públicas destinadas a garantizar entornos comunitarios seguros en los que la población pueda realizar sus actividades, al tiempo de desarrollar un crecimiento económico y desarrollo social sostenido.
Elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, agrega que diferentes listados ubican a un número de ciudades latinoamericanas en general, y algunas mexicanas en particular, como las más violentas del mundo. En ese contexto, destaca la medición del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, el cual señala que “de 50 ciudades del ranking 2021, se ubican en México 18, en Brasil 11, en Estados Unidos siete, en Sudáfrica cuatro, en Colombia cuatro, en Honduras dos y hay una de Puerto Rico, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica”.
De esas 18 ciudades, “tres se encuentran en Michoacán; tres en Guanajuato; dos en Baja California; dos en Chihuahua; y una en cada uno de los estados de Sonora, Zacatecas, Colima, Guerrero, Morelos; Quintana Roo; Sinaloa y Jalisco”. Se trata de: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada, Uruapan, Colima, Acapulco, Cuernavaca, Irapuato, León, Chihuahua, Morelia, Cancún, Culiacán y Guadalajara.
Por ello, el análisis destaca que la gran mayoría de las entidades y municipios no tienen el estado de fuerza necesario para cubrir de manera adecuada los turnos y los sectores de vigilancia en sus ciudades y regiones, de acuerdo con la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, la investigación del IBD apunta que “una de las mediciones más importantes para ponderar a las ciudades como lugares de riesgo son los indicadores del número de homicidios por cada 100 mil habitantes. Por lo que las políticas públicas que busquen contrarrestar los efectos de la violencia en las urbes mexicanas deberán incidir en disminuir dicha tasa, a fin de generar entornos comunitarios con mayor seguridad pública, y condiciones para el armónico desarrollo de la sociedad”.
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