La Fiscalía de la Ciudad de México es la única autoridad que podría buscar justicia en el caso de los tres niños víctimas de trata que fueron violados de manera reiterada en uno de los refugios de la panista Rosi Orozco, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa. Mañosamente, la Comisión Unidos vs Trata denunció estas conductas en el Estado de México para generar un manto de impunidad a sus directivos, quienes han escapado de ser juzgados por sus múltiples negligencias. Al respecto, la FGR determinó que no es competente para atender el asunto, pues sólo tiene facultades en casos de trata donde se involucran extranjeros o los mexicanos son sacados del país ilegalmente con fines de trata

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no tiene competencia para intervenir en el caso de los tres niños –de 7, 9 y 11 años de edad y víctimas del delito de trata de personas– que fueron violados de manera reiterada en uno de los refugios de la panista Rosa María de la Garza Ramírez –conocida como Rosi Orozco– en 2020, mismos que hasta el 10 de mayo pasado operaban fuera de la ley y tenían bajo su encargo a 21 menores en esas condiciones.

Luego de analizar el tema a solicitud de las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR explicó a Contralínea que los únicos casos de trata de personas donde tiene competencia son aquellos que involucran a personas extranjeras o a mexicanos que son extraídos del país ilegalmente con fines de trata, por lo que la revisión de este asunto recae en el fuero común.

Como se recordará, el pasado 31 de mayo la Segob y la SSPC pidieron a la FGR que realizara un análisis penal para acompañar la Recomendación 72/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que versa sobre el caso de los tres infantes, pues a más de dos años de ocurridas las violaciones sexuales, el caso sigue impune.

Es por ello que, tras esta determinación de la FGR sobre su no competencia, la única instancia donde se podría hacer justicia a los menores violentados es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto, el pasado 30 de junio Contralínea conversó con la fiscal Ernestina Godoy, quien se comprometió a revisar el asunto pero advirtió que sólo si existiera una denuncia formal podrían abrir carpeta de investigación.

Ello, porque la organización de Rosi Orozco denunció las violaciones sexuales ante autoridades del Estado de México, a pesar de que ocurrieron en el refugio para varones que se ubica en la alcaldía Cuajimalpa. El argumento que esgrimió la Comisión Unidos vs Trata fue que los hechos sucedieron en el albergue ubicado en Naucalpan. Sin embargo, este último estaba destinado a alojar niñas víctimas de trata y no varones. Ello implica el delito de falsedad de declaraciones, mismo que se suma a la retahíla de arbitrariedades en las que ha incurrido la panista.

Asesorada por el abogado Samuel González Ruiz –extitular de la UEDO–, Orozco basó su estrategia legal en acudir con autoridades afines. Así, la amiga del gobernador Alfredo del Mazo Maza consiguió que la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en torno a las responsabilidades de los directivos de Comisión Unidos vs Trata no la alcanzaran.

Los expedientes sobre este caso, entregados a Contralínea por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, revelan que dicha carpeta 4 fue abierta en contra de quien resulte responsable por hechos constitutivos de delitos relacionados con la acción u omisión del personal a cargo de los menores en los refugios de la Comisión Unidos vs Trata. Ésta, sin embargo, se enfoca en tres personas de menor rango en la estructura de la asociación civil: la apoderada legal, el entonces director de los albergues y el cuidador del refugio al momento de los hechos.

Fuentes consultadas por Contralínea aseguran que ninguna de las tres personas a las que la autoridad judicial del Estado de México busca responsabilizar por las múltiples negligencias continúan trabajando con Rosi Orozco. Además, confirman que esta última no ha sido llamada a declarar por este caso y se encuentra viviendo en Washington, Estados Unidos, para evadir la acción de la justicia en caso de que este asunto la alcance.

Las fuentes agregan que en el caso del cuidador, éste nunca debió tener bajo su encargo a los niños y adolescentes porque también fue –durante su adolescencia– víctima del delito de trata con fines de explotación sexual. De acuerdo con las fuentes, las víctimas no pueden estar a cargo de otras víctimas por el propio trauma que padecieron.

Las negligencias de Rosi Orozco

Desde hace años y en total impunidad, Rosa María de la Garza Ramírez ha incurrido en múltiples anomalías y negligencias, muchas de las cuales ya fueron plenamente documentadas por la CNDH en su recomendación 72/2022. Esas irregularidades derivaron en las violaciones sexuales reiteradas en contra de los tres menores de edad que de por sí venían de ambientes de violencia, como lo son las redes de trata.

A través de las asociaciones civiles Comisión Unidos vs Trata y Fundación Camino a Casa, Rosi Orozco estableció un negocio basado en convenios de colaboración con los gobiernos federal y estatales, gracias a sus relaciones públicas y de poder. Desde esas organizaciones, solicita donaciones en efectivo, bancarias y en especie a cambio de deducir impuestos, lo que podría encuadrar en el delito que asegura combatir, pues lucra con los infantes en vez de protegerlos.

Y es que la realidad que viven los infantes que le fueron confiados a la panista es de violencia y maltrato. Para empezar, los refugios de la Comisión Unidos vs Trata han operado –por lo menos hasta el pasado 10 de mayo– en la clandestinidad total, pues nunca se ha registrado como centro de asistencia social ante la Secretaría de Gobernación.

Este requisito es indispensable para todos los particulares –asociaciones privadas y de la sociedad civil– que brinden servicios de protección consistentes en alojamiento residencial a grupos sociales vulnerables, en este caso a menores de edad que han sido víctimas de trata en uno o varias de sus modalidades.

Los centros de asistencia social registrados están obligados a presentar informes y a ser sujetos de supervisiones periódicas para que se corroboren las condiciones en las que viven los asilados. Al respecto, la fiscal Ernestina Godoy confirmó a Contralínea que no se tenía conocimiento que en la Ciudad de México operara un albergue de varones de Unidos vs  Trata en la alcaldía Cuajimalpa, pues nunca fue notificada para inspección del mismo.

Previamente, el DIF nacional y la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes habían confirmado esta misma situación, al igual que la CNDH. “Después de tener conocimiento de la nota periodística [de Contralínea], se hacen diversas solicitudes de información tanto a autoridades federales como Segob e Indesol [Instituto Nacional de Desarrollo Social], así como del Estado de México y de la Ciudad de México para obtener antecedentes oficiales del caso y hacer una intervención oportuna por parte de la Procuraduría Federal de Protección, pues al ser centros que no están registrados en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, una de las dificultades para intervenir radicaba en el desconocimiento de sus domicilios”, se indica en uno de los dos expedientes entregados por la secretaria Rosa Icela Rodríguez a este semanario.

No estar registrada ante la Segob le permitió a la Comisión Unidos vs Trata operar en cualquier inmueble, sin ninguna adaptación especial que brindara mayor seguridad a los infantes. De hecho, las casas y departamentos donde ubicó los supuestos refugios fueron en comodato, gracias a su relación con el expresidente Felipe Calderón.

Esta ilegalidad posibilitó las violaciones sexuales, como queda comprobado en uno de los testimonios plasmados en la Recomendación 72/2022 de la CNDH: “En la declaración judicial de V2 [víctima dos], del 8 de diciembre de 2020, se detalló que en el dormitorio pernoctaban seis niños abajo y tres arriba, que los de arriba eran mayores, que para llegar arriba hay unas escaleras negras, que es un mismo cuarto, que no hay puerta, que el día en que sucedieron los hechos en su agravio estaban jugando pijamadas, y que esto es cuando duermen todos abajo”. Al respecto hay que subrayar dos puntos: en el albergue ni siquiera había puerta; los niños hacían pijamadas porque no había quien los cuidara durante las noches y los fines de semana, cuando quedaban a su suerte.

Los supuestos refugios nunca proveyeron a los infantes las condiciones adecuadas para vivir libres de violencia. Ejemplo de ello es el hecho de juntar a todos los menores sin reparar en sus necesidades específicas, en sus edades ni en daños psicológicos. Esto también está documentado en la Recomendación de la CNDH, donde se apunta que el 23 de octubre de 2017, personal de psicología adscrito a la Procuraduría de Niñas, Niños y la Familia de Coahuila (PRONNIF-Coahuila) que sugirió la canalización de los dos adolescentes al refugio de Rosi Orozco, emitió la siguiente valoración psicológica: “la intervención terapéutica requiere modificar actitudes negativas e ideas distorsionadas sobre la sexualidad […] Merece especial mención este último punto, sobre todo en el caso de adolescentes varones que han sido víctimas de abuso […] como es el caso de [V4 y V5] […] cuando se trate (como es el caso) de víctimas varones, se debe llevar a cabo una intervención psicoeducativa orientada a controlar el riesgo de que la víctima se convierta, con el paso del tiempo, en un agresor sexual […]”.

Al respecto, la CNDH señala: “es por demás obvio que la intervención de la asociación civil no se llevó a su máximo requerido, pues justo la conducta a evitar en V4 y V5 se actualizó en agravio de V1, V2 y V3, lo que hace evidente que a tres años de su incorporación al refugio de la asociación civil, a estas víctimas no se les proporcionó la atención especializada que sus casos requerían”.

Adicionalmente, sobresale el hecho de que uno de los tres infantes violados sexualmente –la primera víctima de estos delitos– fue diagnosticado con discapacidad intelectual, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno de aprendizaje, desviación de desarrollo psicosexual y psicosocial, trastorno de lenguaje dislalia y dislexia, discapacidad cognitiva y discapacidad familiar. Es decir, requería de condiciones especiales y fue juntado con el resto de infantes.

Otra anomalía de la que Rosi Orozco es responsable es del hecho de que el personal de los refugios asignado al cuidado de los niños  no estaba capacitado para esas funciones, pues fue apenas en marzo pasado cuando la Procuraduría Federal certificó a 16 personas (siete de la Comisión Unidos vs Trata y nueve de la Fundación Camino a Casa) que trabajan en los albergues.

Adicionalmente, los menores de edad tenían internet ilimitado por lo que veían pornografía, usaban redes sociales y se geolocalizaban en tiempo real, lo que los ponía en riesgo, de acuerdo con lo documentado por la CNDH.

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