Las irregularidades en el manejo de recursos de Segalmex [Seguridad Alimentaria Mexicana] podrían significar un daño al erario de 9 mil 517. 8 millones de pesos, informó esta mañana el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.
Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que de las investigaciones que se han llevado a cabo por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control (OIC) se derivan 84 actos de fiscalización por 6 mil 052.3 millones de pesos.
Mientras, la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2020, arroja 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465 millones de pesos.
Salcedo Aquino dijo que el proceso que involucra a Segalmex –operado en los años de las irregularidades por Ignacio Ovalle–, derivó de los resultados de diversas auditorías y el “deterioro de la calidad de rendición de cuentas”.
Para ello, expuso, se llevó a cabo un grupo de trabajo coordinado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural, Función Pública y la Procuraduría Fiscal de la Federación, a fin de “investigar, dar seguimiento de los actos de presunta corrupción que ocasionaron una desarticulación administrativa”.
Lo anterior, señaló el titular de la SFP, porque se incrementaron las inconsistencias en los registros de operaciones de Liconsa, Diconsa y Segalmex, al pasar en el dictamen de sus estados financieros de “opinión limpia”, “opinión con salvedad” y “abstención de opinión”, respectivamente, en 2019, al dictamen de “abstención de opinión” en las tres instancias para 2021.
Actualmente, hay 38 denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República contra funcionarios por el “uso ilícito de atribuciones y facultades”, bajo el esquema de “delincuencia organizada”. Se vinculó a un servidor público invertir 950 millones de pesos en fondos de inversión, recursos que ya fueron recuperados.
En el ámbito administrativo, la SFP tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas, se han cesado a servidores y se ha renovado toda la estructura de mando, expuso Salcedo Aquino.
En febrero de 2022 de este año, Contralínea documentó un daño patrimonial por 5.5 mil millones de pesos, relacionados con contratos asignados a empresas nomineras, exceso de tonelaje permitido en el Programa de Precios de Garantía y carencia o desactualización de manuales sobre la normativa interna.
En enero de 2021, este semanario también ya había dado cuenta que Segalmex no comprobó gastos por más de 3 mil millones de pesos.
