Las cifras de feminicidios en México explican el porqué, este 8 de Marzo, miles de indignadas mujeres salieron a marchar por las principales plazas y ciudades de todo el país: de 2018 a la fecha, 17 mil 776 mujeres han sido asesinadas, lo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arroja un promedio de 3 mil 500 víctimas al año, 300 al mes y 10 al día.

Apenas a una semana de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, aparecieron en diversos noticieros y redes sociales escenas de mujeres violentadas y hasta un intento de violación en un municipio del Estado de México, entidad que desde hace años encabeza la lista de feminicidios y violencia de género contra las  mujeres en el territorio nacional, mostrando que el fenómeno lejos de disminuir se acrecienta por la impunidad de que gozan  los agresores.

Las historias narradas y descritas en las consignas y en las miles de cartulinas portadas en las multitudinarias marchas, hablan de la desesperación y cruda realidad que viven igual número de familias que han sufrido la pérdida de una hija, hermana o esposa; pero también, su desaparición y la angustia acumulada al paso del tiempo por una incansable búsqueda.

Lo mismo en Chiapas que en Nuevo León, Guanajuato, la Ciudad de México o cualquier estado o municipio del país, la violencia tanto en lo laboral como en lo social ha generado un estado de alarma, mostrando que el Estado Mexicano tiene una gran deuda con este sector, por la falta de eficaces protocolos para su protección como también para el seguimiento de casos que garantice una verdadera impartición de justicia.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrados por las denuncias presentadas en las 32 fiscalías de los Estados , muestran que tan solo en los primeros nueves del pasado año, 2 mil 831 mujeres murieron de manera violenta; por lo menos 50 mil fueron agredidas físicamente; 2 mil fueron violadas y 497 fueron víctimas de trata ó 120 secuestradas. La línea de emergencia del 911, recibió 258 mil 700 llamadas de auxilio.

Aterrador e indignante, pues a pesar de que el problema se visibiliza de manera masiva, cada año aumentan las denuncias por violencia de género, violencia familiar, acoso sexual en el trabajo y abuso sexual en las calles, ante la pasividad de las autoridades.

El Estado de México es una de las pruebas fehacientes donde los delitos contra las mujeres parecen formar parte de un aterrador día a día. En 2022, se registraron en esa entidad 120 feminicidios, más del doble de los cometidos en la Ciudad de México, donde la cifra alcanzó las 54 víctimas. Otros estados con altos número de decesos son Nuevo León con 81 feminicidios y Veracruz con 60, sin exentar  la violencia en Guanajuato, estado conservador donde sigue prevaleciendo la cultura machista y misógina, cobijada por los gobiernos conservadores y de derecha del Partido Acción Nacional (PAN).

Otros datos que explican la escalada en contra de las mujeres en México, nos remiten a la urgente necesidad para que desde el Estado se reorienten las políticas públicas para su protección, pues de acuerdo al Inegi, una de cada dos mexicanas mayores de 15 años, han sufrido violencia psicológica o ha experimentado algún acoso o ataque sexual. Lo más preocupante es que los principales entornos donde se incuba esta violencia son en un 45.6 por ciento en el ámbito comunitario y en un 40 por ciento en la relación de pareja, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del año 2021.

El 90 por ciento de las mujeres agredidas o en alto riesgo, guardan silencio tanto en sus actividades escolares, laborales, familiares o comunitarias, sobre todo porque las autoridades sencillamente no les hacen caso o minimizan sus situaciones; es por ello que hay 48 millones de mexicanas mayores de 15 años que han sufrido violencia física y sexual y se quedan calladas.

Otra de las dolorosas aristas de los feminicidios que apenas comienza a atenderse, son los miles de huérfanos que este delito ha dejado al paso de los años. Se estima que del 2018 a la fecha, más de cinco mil niños y adolescentes quedaron desamparados en México al perder a su madre.

Apenas en el 2021 se emitieron en el Diario Oficial de la Federación los protocolos de atención para las niñas, niños y adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, que buscan asistir, apoyar y restituir a estos menores sus derechos vulnerados.

Si bien es cierto que en México se han aprobado leyes para combatir la violencia de género tanto en razón política como laboral, y otras más como la Ley Olimpia para salvaguardar su intimidad, también lo es que las autoridades no las están aplicando a cabalidad a favor de las miles y miles de mujeres violentadas.

Todavía persiste en muchos centros de trabajo y sindicatos charros o blancos, la ausencia total de información para que las trabajadoras conozcan estos derechos plasmados incluso en la nueva Reforma Laboral, sumando esta apatía al problema de la impunidad que protege a los violentadores de mujeres.

Cifras oficiales hablan de que en menos del 10 por ciento de los feminicidios, los responsables son llevados ante la ley y castigados. Lo que quiere decir que por lo menos unos 16 mil feminicidas andan sueltos, seguramente cometiendo más delitos ante el desinterés y pasividad de las autoridades.

Va siendo hora de que los miles de colectivos feministas del país, se manifiesten ante las fiscalías de sus estados para exigir a los responsables de aplicar justicia, que realmente hagan su trabajo y se avoquen no solo a castigar a los feminicidas y sus agresores, sino también a los responsables de la desaparición de miles de mujeres, adolescentes y niñas, porque la trata de personas también es otro de los delitos que van al alza sin que hasta hoy haya resultados efectivos contra estas mafias que, para variar, también actúan gracias a la impunidad que les proporcionan las autoridades.

La sororidad de millones de mujeres en el país debe fortalecerse en la exigencia de una mejor procuración e impartición de justicia ante el Estado Mexicano, porque algo no está funcionando al aumentar los feminicidios y la violencia de género, como lo refieren las propias cifras oficiales.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindcato Mexicano de Electricistas (SME)

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