Empresarios y políticos opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador constituyeron en 2020 un lobby de abogados, que desde entonces acompaña las estrategias de Sí por México –alianza que abarca a empresas, asociaciones civiles y los partidos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano-. Se trata del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.

Al respecto, el primer mandatario señaló esta mañana que ese lobby opera en asociación con ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el nivel de influyentismo que tiene el CNLE en el Poder Judicial. “Ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas”, indicó en su conferencia matutina, en referencia a la decisión del máximo tribunal de declarar la invalidez del decreto por el cual las obras de infraestructura son consideradas de seguridad nacional.

“No estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada: todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a lo magistrados, a los ministros del Poder Judicial”, dijo López Obrador en relación al Conejo Nacional de Litigio Estratégico, AC.

Añadió que dicha asociación de abogados está dedicada a promover amparos en contra de las obras públicas. “Ahí está un exministro de la Corte que sigue teniendo mucha influencia, y sobre todo que pertenece al supremo poder conservador”: José Ramón Cossío.

Otro abogado, advirtió: Miguel Carbonell, “que fue de la asociación de Claudio [X González Guajardo]. Bueno, todos ellos”. El presidente de la República añadió que en ese Consejo Nacional de Litigio Estratégico también participan el abogado Gerardo Carrasco, quien figura como promovente de todas las demandas de amparo contra el gobierno federal, y Fernando Gómez Mont, “que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que es de los abogados más ricos de México y del mundo, porque es una eminencia en el manejo de influencias”. Al respecto, reiteró que “su especialidad es esa, el tráfico de influencias”, pues no es un asunto de que sean “buenos abogados”.

Y criticó que mientras la labor jurídica la hacen sus ayudantes, lo esencial de ese grupo “son las relaciones públicas, el llamado lobby. Entonces, este grupo influye mucho en la Corte. Y los que están en la Corte también vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos, por eso se dio a conocer otro decreto para proteger las obras y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público”.

Revelaciones de Contralínea

Como Contralínea lo reveló, en la disputa por el país que confronta al proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el modelo neoliberal que impulsa la alianza Sí Por México –que aglutina a empresarios, partidos políticos de derecha (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) y asociaciones civiles conservadoras–, el “líder moral” de la oposición, el empresario Claudio X González Guajardo, echa mano de un entramado de organizaciones disfrazadas de sociedad civil para atacar las principales obras de infraestructura del gobierno federal, y con ello propiciar un escenario de fracaso de la 4T, por lo menos en la narrativa mediática. En esa estrategia político-electoral participa no sólo la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sino también el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.

Esta asociación fue fundada en 2020, a la par de que Claudio X se aliaba con los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática –e informalmente con Movimiento Ciudadano– para oponerse a las reformas de la cuarta transformación desde el Congreso. Constituir una asociación civil bajo la fachada de luchar por los derechos humanos le permitió a Sí por México pretender desligarse de MCCI, para que ésta se enfocara sobre todo en la estrategia en medios de comunicación que implica una narrativa de supuesta “independencia”, con el objetivo de generar un manto de “legitimidad” a sus campañas de noticias falsas y medias verdades.

Así, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico fue fundado para ejecutar las campañas legales contra el gobierno de López Obrador: por ejemplo, se ha opuesto a la estrategia de vacunación contra la Covid-19, el decreto presidencial que declaró las obras de infraestructura como asuntos de seguridad nacional, el tramo 5 del Tren Maya y la refinería Dos Bocas (“por no contar con los diversos permisos ambientales para realizar una obra de infraestructura), el Plan B electoral (bajo el argumento de que debilitaba el óptimo funcionamiento del INE), y las conferencias matutinas; al respecto, presentó el juicio de amparo de Denise Dresser al argumentar que no se le respetaba el derecho de réplica, tras ser mencionada en la sección del “Quién es quién en las mentiras de la semana”. En materia ambiental demandaron a la termoeléctrica de Tula.

Asimismo, la organización de Claudio X promovió juicios de amparo contra la “militarización” del país y para promover la separación de la Guardia Nacional de los mandos castrenses. Recursos legales que ganaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que el revés al Plan B, luego de que la ministra Norma Piña asumió la presidencia del máximo tribunal.

Esta agenda opositora se explica por los personajes que fundaron esa asociación civil supuestamente sin fines de lucro: el empresario Claudio X (presidente fundador de MCCI), Gustavo de Hoyos Walther (precandidato a la Presidencia), Fernando Gómez-Mont Urueta (exsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, señalado por ocultar el caso de la Guardería ABC y no haber actuado contra Genaro García Luna por su alianza con el Cártel de Sinaloa), Luis Asali Harfuch (del bufete Asali), José Mario de la Garza Marroquín (abogado integrante de la asociación Renace capítulo San Luis Potosí, patrocinada por MCCI), Jaleyna de la Peña Molina (abogada de la firma de Abogados De Hoyos y Avilés), Miguel Carbonell Sánchez (coordinador de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México), Claudia Aguilar Barroso (profesora de la Escuela Libre de Derecho y directora de Aguilar Barroso y Asociados), Gerardo Carrasco Chávez (exabogado de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, principal promotor de los amparos contra el AIFA y para evitar la cancelación del aeropuerto de Texcoco), Lía Limón García (alcaldesa panista de Álvaro Obregón).

En la asociación civil también participan Mariana Calderón Arámburu (exconsejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, excolaboradora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro José Ramón Cossío, y actual directora general del CNLE), y los abogados Andrea Viloria García y Alejandro Martínez Martínez.