Aunque en los últimos años se registra una disminución de los homicidios dolosos en México, y con ello empieza a bajar la violencia que acompañó a la “guerra” del gobierno de Calderón –que por la alianza de García Luna con el crimen organizado benefició al Cártel de Sinaloa–, un estudio del International Crisis Group estima que el 30 por ciento de los municipios del país aún padecen acoso criminal

Los esfuerzos por pacificar a México y atacar las causas que originan la violencia aún no habrían logrado frutos en el 30 por ciento de municipios, mismos que estarían inmerso en una espiral de violencia de grupos criminales. Ello, a pesar de que el número total de homicidios registrados en territorio nacional ha disminuido de 34 mil 563 en 2020 a 30 mil 968 en 2022, y varios otros tipos de delitos han seguido una tendencia a la baja desde 2017,

“En algunas partes de México no ha disminuido en absoluto la violencia letal, que se ha concentrado cada vez más en alrededor del 30 por ciento de los municipios del país”, establece el informe México y sus municipios olvidados: Gobierno local y la lucha contra el crimen del centro de análisis International Crisis Group, con sede en Bruselas, Bélgica.

Señala que, tradicionalmente, los grupos del crimen organizado se han concentrado en sitios de valor estratégico para el narcotráfico transnacional. “Los municipios afectados han tendido a ser urbanos, con poblaciones que oscilan entre 300 mil y 1,5 millones de habitantes”, apunta el informe de junio 2023.

Por lo general, se trata de municipios que se encuentran a lo largo de las principales carreteras que sirven como puntos de entrada a Estados Unidos, o están cerca de los puertos marítimos que se utilizan para enviar drogas.

Destaca que actualmente los grupos criminales han ampliado sus actividades, infiltrándose en los gobiernos locales y poniendo su mirada en los municipios más pequeños que, aunque a menudo son más pobres, siguen teniendo recursos financieros que extraer y empresas que asaltar.

Para los gobiernos locales, los efectos de esta ola de competencia criminal han sido devastadores. Varios municipios se han visto mal equipados y poco preparados para frenar la influencia de los innumerables grupos ilegales que se enfrentan por controlar el territorio, cooptar a los funcionarios estatales y ejercer presión sobre las empresas privadas.

El informe explora las dificultades de numerosos municipios mexicanos que se enfrentan a la amenaza de la delincuencia violenta y se basa en 62 entrevistas en línea y en persona realizadas entre mayo de 2022 y febrero de 2023 con funcionarios mexicanos a nivel federal, estatal y municipal, académicos y expertos, así como exmiembros del crimen organizado.

El nuevo mapa del crimen

México cuenta con 2 mil 469 municipios, de los cuales 361 registran niveles de homicidios entre medios y altos, y 80 registran tasas anuales extremadamente altas de más de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes (Gráfica). En la mayoría de los municipios más violentos, múltiples grupos criminales se enfrentan por el control territorial.

Mientras que las fuerzas del orden han tendido a centrar sus esfuerzos en combatir las grandes operaciones de narcotráfico, un número cada vez mayor de organizaciones criminales se han tratado de diversificar en nuevos negocios, extrayendo ganancias de la producción y distribución de productos lícitos, así como del robo de combustible.

En el estado de Michoacán, por ejemplo, los grupos criminales se han dedicado en gran medida a extraer rentas de cuatro fuentes de ingresos: aguacates, limones, mineral de hierro, y el control de exportaciones e importaciones desde el puerto de Lázaro Cárdenas.

En Guanajuato, actualmente el estado más violento de México, una guerra territorial en curso entre el Cartel de Santa Rosa de Lima, una organización centrada en el robo de combustible que recientemente amplió su portafolio para incluir el narcotráfico, y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido la principal fuente de asesinatos.

Los delitos comunes suelen ser perpetrados por pandillas o clickas, o grupos delictivos más pequeños que cometen atracos, hurtos y asaltos, así como extorsiones, secuestros y narcomenudeo.

En algunos municipios, por ejemplo, en los estados de Yucatán, Campeche, y Quintana Roo, se ha registrado un aumento de este tipo de delincuencia común, a pesar de que estas mismas zonas tienen bajos niveles de violencia letal (Gráfica). En otros casos, estas redes más pequeñas se solapan con las de organizaciones delictivas más poderosas, y las pandillas a menudo desempeñan un papel protagónico en los picos de violencia homicida.

Monterrey, Nuevo León, ofrece un ejemplo reciente de la nueva configuración del crimen. La ciudad más rica del país en términos de ingreso per cápita experimentó un fuerte aumento en los homicidios como resultado de la violencia entre pandillas en 2022.

“Sorprendentes variaciones locales y regionales de la delincuencia subrayan los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en zonas de inseguridad extrema”, asegura el informe. Indica que los municipios pueden clasificarse en términos generales en tres categorías de acuerdo con sus patrones de violencia. (Gráfica).

Algunos enfrentan principalmente delitos comunes no relacionados con el crimen organizado; otros experimentan altos niveles de crimen organizado y delitos comunes, con conexiones entre ambos; mientras que un último conjunto de municipios se enfrenta principalmente al crimen organizado.

Las categorías fueron determinadas según la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes en 2022 y la tasa de crecimiento de homicidios de octubre de 2020 a septiembre de 2021 y de octubre de 2021 a septiembre de 2022. Un nivel bajo de inseguridad corresponde a pocos homicidios y tasas de crecimiento decrecientes o estancadas. Por el contrario, una alta inseguridad refleja un municipio con altos niveles de homicidios y tasas de crecimiento rápidamente en aumento. (Gráfica)

Policías corruptas

La policía estatal y municipal en México tiene como objetivo reforzar la seguridad pública mediante la estrecha colaboración de los agentes con las comunidades. Sin embargo, repetidos abusos de poder y corrupción la han desacreditado gravemente; el 67 por ciento de los ciudadanos la considera corrupta y el 47 por ciento dice que no se puede confiar en ella, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022. La encuesta también clasificó a las fuerzas de policía municipales como las menos efectivas entre las instituciones judiciales y de seguridad del país.

Otro problema es la falta de personal en los departamentos de policía. Un gran número de comisarías locales carecen de personal o no tienen agentes, lo que hace prácticamente imposible que cumplan con sus deberes. En 2022, 217 municipios carecían de policías, según el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. La corrupción y la deficiente formación socavan aún más su eficacia.

Mientras tanto, las actividades policiales dirigidas por militares en México consisten normalmente en una serie de procedimientos estándar: realizar redadas, mantener puestos de control y llevar a cabo actividades antinarcóticos, como patrullar zonas conocidas por el tráfico de drogas y otros delitos.

En 2019, se creó la Guardia Nacional, una fuerza híbrida compuesta por miembros del ejército, la armada, para abordar la seguridad pública, el crimen y la violencia en todo el país. El 10 de septiembre de 2022, se firmó un decreto ejecutivo por el que la Guardia Nacional pasaba a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual posteriormente fue anulado por la Suprema Corte, y semanas después respaldó un proyecto de ley que extendía la presencia militar en las calles hasta 2028.

Alcaldes en primera línea del crimen

En ese contexto, el informe advierte que un total de 220 alcaldes y concejales locales fueron asesinados desde 2006, el periodo en el que el expresidente Felipe Calderón intensificó la “guerra contra las drogas”, y hasta finales de 2022, en gran parte como resultado de violentos complots para desmontar los obstáculos locales al control criminal.

La violencia contra funcionarios locales, especialmente los alcaldes, es un problema apremiante en todo México. Entre 2004 y 2018, 178 alcaldes, exalcaldes y alcaldes electos fueron asesinados, lo que representa un aumento del 900 por ciento sobre la década anterior, y el crimen organizado es considerado responsable de la mitad de estos casos. Desde 2018 hasta principios de 2023 se han producido 65 asesinatos adicionales de funcionarios locales, veinte de ellos alcaldes.

La violencia en torno a las elecciones, en particular locales y regionales, también se ha disparado, impulsada en gran parte por los planes del crimen organizado sobre el territorio y la toma de decisiones, así como por la fragmentación de grupos delictivos.

En la temporada de elecciones estatales y municipales de octubre de 2020 a abril de 2021, 24 candidatos, 17 funcionarios locales y 3 alcaldes en ejercicio fueron asesinados. Los partidos políticos también han tenido dificultades para evitar las infiltraciones, dejando vacíos que han sido aprovechados plenamente por los grupos criminales.

Las razones por las que se ataca a determinados alcaldes rara vez son claras, aunque generalmente se entiende que estos funcionarios son castigados ya sea por su aparente apoyo a grupos criminales rivales o por negarse a cooperar con un grupo en particular.

Los alcaldes a menudo enfrentan un delicado acto de malabarismo al negociar entre las exigencias, con frecuencia ineludibles, de poderosas organizaciones criminales, mientras manejan las expectativas de los electores y supervisan las fuerzas policiales locales escasas de recursos y con la moral por el suelo.

Algunos alcaldes son personalmente atacados por grupos criminales debido a su capacidad para permitir u obstaculizar negocios ilícitos dentro de su jurisdicción. En un notorio caso se produjo en 2022 en San Miguel Totolapan, Guerrero: pistoleros masacraron a 20 personas, incluido el alcalde, en el ayuntamiento, al parecer como parte de un plan de grupos criminales para influir en el presupuesto municipal y en las labores policiales.

En un caso ocurrido en agosto de 2022, el Cartel de Jalisco Nueva Generación  tomó represalias en contra de civiles, policías, empresas y alcaldes en varias ciudades de Jalisco y Guanajuato tras una operación conjunta del ejército y la policía estatal. Los alcaldes de las zonas controladas por el cártel en estos estados no estaban preparados para las consecuencias de esa operación.

Corrupción, el otro flagelo

La corrupción entre funcionarios locales es especialmente pronunciada en ciertos tipos de municipios y entre alcaldes y policías locales es mucho más frecuente en áreas marcadas por la presencia de grupos criminales, refiere el documento de International Crisis Group.

Señala que, en esa circunstancia, al menos 166 municipios son propensos a la “captura criminal”,  principalmente municipios con poblaciones entre 20 mil y 55 mil habitantes, y ubicados cerca de vías férreas ofreciendo fácil acceso a los puertos y a Estados Unidos, lo que los hace propicios para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. (Gráfica).

En 2020, de los 531 municipios con presencia de grupos criminales, 166 cumplían estos criterios, lo que representa el 7 por ciento del total de municipios de México (Gráfica). Los 166 municipios en riesgo de captura criminal tienen entre mil y 55 mil habitantes y con buenas conexiones de comunicación para el tráfico de drogas y otros fines.

La explotación de las contiendas electorales locales por parte de los grupos criminales ha empeorado la reputación de los gobiernos municipales. También es una de las causas de la ola de violencia contra alcaldes y candidatos a cargos locales.

Por otra parte, destaca que la violencia criminal extrema ha socavado en varias ocasiones el apoyo público al propio sistema democrático convencional. Las comunidades insatisfechas con la forma en la que las autoridades responden a la violencia han intentado expulsar a los grupos criminales y a las instituciones estatales para instaurar en su lugar sistemas de gobierno autónomo.

El ejemplo más conocido es el del pueblo de Cherán en el estado de Michoacán, que, bajo el liderazgo de un grupo de mujeres locales, logró expulsar a organizaciones narcotraficantes, a la policía municipal y a políticos acusados de corrupción en abril de 2011.

Cherán pasó a prohibir los partidos políticos y canceló las elecciones, creando en su lugar un consejo comunitario para cada uno de sus cuatro distritos, así como una policía rural conocida como ronda comunitaria, que asumió el control de la seguridad pública y estableció puestos de control con guardias armados.

Violencia y colusión entre funcionarios y el crimen

La evidencia disponible sugiere que cuanto más tiempo permanece un alcalde en el cargo, particularmente en regiones violentas, mayor es la colusión entre funcionarios locales y los grupos criminales.

En la misma línea, algunos expertos en seguridad afirman que la razón por la que ciertos alcaldes en ejercicio no delegan la seguridad pública al gobernador o a las fuerzas federales es principalmente para poder conservar la capacidad de negociar con los grupos criminales, especialmente en municipios que ya están bajo el control del crimen organizado.

El análisis estadístico muestra que hay un 8 por ciento menos de acuerdos en los municipios afectados por casos de corrupción de alcaldes, identificados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en comparación con los municipios en los que no hay este tipo de acusaciones. El número de casos de corrupción también es mayor para los alcaldes con mandatos más largos en contraste con los de mandatos más cortos.