El último informe rendido por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) resultó devastador para el Estado mexicano. Quedaron de manifiesto las sistemáticas mentiras y engaños que las fuerzas armadas y autoridades han mantenido acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a través de ocho años.

De la llamada “Verdad Histórica” montada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se transitó a lo que los integrantes del GIEI calificaron como “delincuencia institucionalizada”. Asimismo, dejó en el limbo las interrogantes que aún se hacen las familias de los jóvenes: ¿Quién y por qué se ordenó su desaparición? Y ¿En dónde quedaron sus restos?

En estos años, el grupo de expertos independientes se ha enfrentado a una serie de obstáculos, sobre todo, por parte de las fuerzas castrenses, quienes les dificultaron la entrega de los informes y documentos requeridos. Ante tales circunstancias, sólo se logró la identificación de tres estudiantes.

En la última conferencia ofrecida por los integrantes del panel designados en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron en claro que el ejército mexicano decidió no actuar. Ello a pesar de contar con un centro de inteligencia en Iguala que conoció de primera mano conversaciones telefónicas entre los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. En éstas, daban cuenta de las probables rutas donde los normalistas fueron llevados.

De acuerdo a las conclusiones, el análisis técnico reveló la existencia de un flujo constante de información. Éste llegaba a los niveles más altos de las fuerzas armadas de la región. “Los soldados mexicanos no sólo sabían, sino que muy probablemente fueron testigos de los tiroteos, las detenciones y la violencia”.

La pregunta que se hacen los familiares es por qué no actuaron para resguardar la vida y seguridad de los muchachos. Al contrario, la información revelada apunta a que formaron parte de una red de protección y colaboración con la delincuencia organizada en esa región, en donde impera el trasiego de la heroína, así como las policías locales y federales.

En su reporte final, el GIEI destacó la detención 112 presuntos implicados, incluido el exprocurador, Jesús Murillo Karam. De igual manera, fueron arrestados 14 elementos de las fuerzas castrenses; entre ellos, el general José Rodríguez. Este último fue preso por sus probables nexos con Guerreros Unidos. Además, mintió sobre su ubicación en el día de los hechos. Al final, se comprobó que estuvo en un sitio distinto al que declaró al inicio.

El jefe del 27 batallón de infantería es sólo uno de los tantos eslabones de la cadena corruptiva. En la actualidad, siguen gozando de una lamentable impunidad institucional.

En las conclusiones se destacó la falta de colaboración del ejército mexicano. Llegó al grado, en el cual los altos mandos reportaron no “encontrar” los documentos solicitados. Excusaron el radical cambio de las declaraciones iniciales como “errores voluntarios”.

La comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) –encabezada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas– coincidió respecto al funcionamiento del centro de inteligencia. Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2013, habría interceptado comunicaciones entre los miembros del grupo criminal.

Los integrantes del GIEI refirieron la existencia de un documento que confirmaba la complicidad entre la policía estatal con Guerreros Unidos. Sobre dicha situación, el ejército mexicano tuvo pleno conocimiento.

Esta circunstancia debería conducir a indudables sanciones. Sobre todo, si se considera que, tras las revelaciones sobre la presunta participación y responsabilidad de elementos castrenses en la desaparición de los estudiantes, los mismos fueron cambiando sus declaraciones. De un momento a otro, sus testimonios ya no concordaron con las pruebas en poder del GIEI.

De entre lo más decantado en los años de investigación, es que fue clarificada la responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque a los 43 normalistas. La misma Covaj ha calificado la desaparición como un “crimen del Estado”.

Y así lo manifestaron los familiares de los estudiantes, quienes han exigido justicia desde hace una década: la consigna lanzada desde el fondo de su corazón y de su ira es la misma: “Fue el Estado, sigue siendo el Estado”.

Los expertos del GIEI se fueron del país. Dejaron entreabierta una página que aún chorrea sangre y vergüenza en nuestra Historia contemporánea. Son 30 las recomendaciones plasmadas en el último informe. Destacan la necesaria unificación de las averiguaciones previas y la comparecencia de quienes formaron parte del órgano de inteligencia, por el cual pasó información vital para resolver el caso.

Durante el penúltimo informe en el punto 29, puntualizaron: “Muchas personas miembros de diversos organismos deben ser todavía llamados a declarar. Entre ellos, cargos y agentes del Cisen [Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora Centro Nacional de Inteligencia], miembros del gobierno de Guerrero, PGJ [Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General de Justicia], Fiscales, MP [Ministerio Público], policías estatales y ministeriales. Además de exmiembros de la Siedo [Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada], autoridades militares y de la Policía Federal, autoridades de gobernación, entre otros”.

Entre las recomendaciones que dejó el GIEI al gobierno mexicano, destacan brindar protección efectiva a los testigos del caso. Ellos han sido perseguidos y amenazados. Incluso, algunos fueron asesinados por aportar información valiosa para el caso.

De igual manera, sugirieron permitir que la Fiscalía General de la República opere con absoluta independencia. Tal como se recordará, en 2022 se abstuvo de ejecutar más de 20 órdenes de aprehensión contra presuntos militares responsables.

Asimismo, los expertos demandaron al Estado mexicano otorgar atención integral a las familias de los jóvenes desaparecidos, cuya salud física y mental se ha deteriorado con el paso de los años.

Mientras la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no se logre, el Estado seguirá teniendo una gran deuda no sólo con las familias, sino también, con el país. Sobre todo, seguirá cargando el compromiso de atender de manera puntual las recomendaciones del GIEI para que hechos como éste no vuelvan a ocurrir en nuestra sociedad.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Te puede interesar: Ayotzinapa: no habrá justicia sin castigo a los perpetradores