A cinco años de que el gobierno federal oficializó la Reforma Laboral diversos puntos deben corregirse. El primero de mayo del 2019, se anunció la creación del mecanismo que debería ejecutar un golpe de timón, con el objetivo de hacer realidad la democracia sindical y la justicia para millones de trabajadores, a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Sin embargo, en los hechos, el nuevo organismo no está dando los resultados esperados.

En el marco de la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se buscó poner en sintonía la rezagada justicia laboral en nuestro país. Por años, tuvo innumerables trabas y acuerdos bajo la mesa en las Juntas de Conciliación. Privilegiaban los intereses patronales por encima de la justicia a los trabajadores.

Durante décadas, los contratos de protección representaban un dique a las justas demandas de la clase trabajadora –quienes pedían obtener mejores salarios y prestaciones–. Fueron el común denominador para una clase empresarial corrupta y abusiva.

Bajo estos ilegales mecanismos, eludían muchas de sus obligaciones contractuales. Los gobiernos neoliberales –donde se precarizó el trabajo– no movieron un dedo para acabar con estas amañadas prácticas. Y, peor todavía, las alentaron, con el fin de permitir al empresariado aumentar sus ganancias, vía la explotación indiscriminada y mal pagada de sus empleados.

Otro de los vicios anclados fueron las alianzas pactadas con los partidos. A través del sometimiento de los asalariados, se les obligó no sólo a votar por una determinada opción, sino también a impedir que se dieran una verdadera democracia interna en sus sindicatos.

Por varias décadas, muchos líderes eran reelegidos mediante asambleas manipuladas. Los asistentes votaban por “aclamación” o por “mano alzada” a sus comités. Sin embargo, la Reforma Laboral legalizó el voto libre, directo y secreto de sus agremiados, como único mecanismo para elegir a las dirigencias tanto del apartado “A” como del “B”.

Un argumento más invocado para dar paso al nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) fue el acabar con la corrupción en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se desaparecieron las juntas locales y fueron sustituidas por tribunales de justicia laboral.

Uno de los objetivos planteados fue que los trabajadores ya no estuvieran inmersos en la indefinición, ni en las difíciles condiciones para sobrevivir tras los despidos injustificados.

Sin embargo, a más de un año de haber entrado en operaciones, son cuestionables los resultados que el CFCRL está ofreciendo. Éstos eran alcanzar una mejor democracia y libertad sindical, así como una verdadera justicia laboral, pronta y expedita.

Hay confusiones que se han presentado en la aplicación de la ley entre los alcances jurídicos del Centro con los de los tribunales laborales. En agosto del pasado año, por ejemplo, el Poder Judicial emitió una nueva jurisprudencia para que los centros de conciliación sean instancias administrativas con autonomía técnica. Por lo tanto, los tribunales laborales no tienen autoridad para cuestionar la legalidad de sus decisiones en un proceso conciliatorio.

Una polémica jurídica –surgida a raíz de que un Tribunal Colegiado de Guanajuato– dio la razón a un tribunal laboral. Regresó una constancia de no conciliación al CFCRL. E intentó un acuerdo entre las partes en conflicto, pues el organismo expidió la referida constancia y argumentó no haber encontrado a la parte patronal para entregarle un citatorio.

Sobre la marcha han brotado diversas anomalías e irregularidades no atendidas ni saldadas hasta la fecha. Ejemplos son la falta de información sobre las legitimaciones de los Contratos Colectivos de Trabajo que no lograron su vigencia; los constantes y variados criterios que emplean los funcionarios de este Centro, con el objetivo de negar las tomas de nota en el peor de los burocratismos, y las constancias de legitimación que, además de dejar a los trabajadores en la indefensión de sus derechos, se convierte en un trámite engorroso por la serie de requisitos exigidos.

Estos trámites se convierten en un difícil escollo. Obstaculizan las revisiones salariales y contractuales. Sin embargo, lo más dudoso surge cuando el grado de dificultad no es el mismo para todos los sindicatos. Para algunos, es más fácil, mientras que otros deben esperar varios meses para obtener la luz verde del organismo.

Una circunstancia más –que complica la verdadera impartición de justicia y la legitimación– es que el CFCRL nació sin planeación administrativa. Los recursos tampoco son suficientes. Se han dado casos, en los cuales muchos de sus inspectores –quienes deben viajar a puntos lejanos– no cuentan siquiera con los medios o viáticos que les permitan desempeñar su función.

Es necesario que el organismo unifique sus criterios para la realización de trámites. De igual manera, se están dando casos de que, mientras una dirección pide determinados documentos, otra aplica un criterio distinto y solicita otro tipo de documentación. Esto se transforma en un verdadero viacrucis que contraviene uno de los objetivos considerados en la creación del organismo.

En la práctica cotidiana de los trámites a realizar, han ido apareciendo estos problemas. Ante estas irregularidades, resulta apremiante que muchos de los temas sean abordados y discutidos con las autoridades del Centro, con el fin de obtener una radiografía de qué es lo que está fallando y debe corregirse.

En tal sentido, no estaría de más proponer la realización de un foro con la presencia de dirigentes sindicales. En éste, y discutiendo los criterios que hoy están fuera del marco legal, el titular del Centro, sus funcionarios y legisladores escucharían los problemas que se han ido presentado al paso de los meses. Así, llegarían a una solución consensuada que permitiría alcanzar la justicia pronta y expedita a los trabajadores.

Tampoco debe descartarse, de ser necesario, hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a los protocolos de funcionamiento del CFCRL. De esta manera, la justicia laboral y la democracia sindical estén acordes con el capítulo laboral de sus socios comerciales, sobre todo ante los alcances e impactos en la economía que puede tener el nearshoring. Sólo así se garantizará que los trabajadores hagan valer sus derechos.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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