El 1 de julio de 2018, México dio un paso a la esperanza de cambiar el rumbo del desarrollo y el bienestar de su población. Eligió de forma democrática a su representante presidencial. Esta administración pretendió contribuir a la transformación del modelo neoliberal de más de 30 años.

La política industrial neoliberal dejo de lado la industrialización. De igual manera, premió la integración productiva con el sector externo. Sin embargo, incrementó el contenido de importaciones en el producto que se exporta.

Para muchos, la política industrial neoliberal, que busca el crecimiento por la inversión extranjera, aumentó la dependencia económica y frenó la industrialización del país.

La política industrial de la administración saliente tuvo dos presentaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND). La primera fue en 2019 narrada en la toma de posesión el primero de diciembre, y la segunda, presentada en marzo de 2020 ante la cámara de diputados.

En su primera versión, el PND afirma que es obligación del Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero; planificar, conducir, coordinar y orientar la economía. Además de regular y fomentar las actividades económicas, mediante un nuevo contrato social basado en 12 ejes rectores.

No está tratada la política industrial, pero se menciona fomentar la inversión en modalidades de asociación público-privado para los proyectos regionales, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico, o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), considerados sectores palancas para el desarrollo.

Requiere del fortalecimiento del mercado interno, a través de una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados, con programas sectoriales, proyectos regionales, obras de infraestructura, acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas.

En la segunda versión del PND, se establece que la política industrial alcanzará el crecimiento económico equilibrado con el sector agrícola, industrial, servicios y tecnológicos, mediante al fomento a las inversiones y competencia económica leal, con el objetivo de incrementar la productividad y el uso eficiente y responsable de los recursos que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible.

El pilar de la política industrial es la inversión mixta en infraestructura y en ciertos sectores. Ésta elevará la productividad y la competitividad de sectores industriales de mediano y alto valor agregado.

Asimismo, se reforzará con una banca de desarrollo para proyectos regionales y sectoriales, los cuales contribuirán al engrosamiento de los encadenamientos y la integración productiva, con el uso de los insumos intermedios nacionales. Al mismo tiempo, fortalecerá al mercado interno con empleo y salarios, así como contemplar el fortalecimiento del sector externo y el traspaso tecnológico de la inversión extranjera.

La política industrial es causa y consecuencia del desarrollo económico, pues la política fundamental de López Obrador, tal como lo deja ver en su libro de 2020, es una política redistributiva que impulse al mercado interno y a los sectores productivos.

De esta manera, el impulso de la actividad productiva por la inversión mixta refuerza a la política redistributiva. Esta última ha sido conocida bajo el lema “por el bien de todos, primero los pobres”.

A la fecha, la política industrial ha tenido como resultado la inauguración del AIFA, de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, del Tren Maya y del Corredor Interoceánico. Igualmente, se ha fortalecido al mercado interno con un creciente salario real.

Además, la creación de proyectos trajo consigo un aumento de empleos formales. Los mismos pasaronde 20 millones 400 mil puestos de trabajo formales en octubre de 2018 a 21 millones 800 mil en junio de 2023. La tasa de desempleo ha sido una de las más bajas en los últimos 23 años.

Derivado de la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), cuya finalidad ha sido la modificación de las reglas de origen y el valor del contenido regional, hay condiciones, los análisis indican que existen tres posibles efectos del nearshoring:

1) Incrementar compras intermedias nacionales, en respuesta a la disminución de las compras que se hacen con países distintos al T-MEC, 2) un reacomodo de la competencia internacional entre Estados Unidos y China, y 3) el cambio estructural empujado por un nuevo registro contable de la actividad económica y por las compras regionales intermedias.

La política industrial busca la utilización de insumos nacionales para incidir en el crecimiento y el desarrollo de la economía mexicana. Se ha incrementado el desarrollo económico por los proyectos y programas de la actual administración.

La fuerza del desarrollo a largo plazo depende de diversos factores; por ejemplo, de la estabilidad de los encadenamientos, pues ahora surgen conexiones en la estructura productiva por efecto de la inversión mixta.

Es decir, por un componente de la demanda final y no por el resto de ellos: los principales proyectos concluidos; las estrategias competitivas para lograr una fuerte presencia en el mercado interno; el contexto internacional derivado del empuje competitivo entre Estados Unidos y China, y el ambiente político mundial bélico. El desenvolvimiento de estos eventos puede generar rezagos en la política industrial y su papel en el desarrollo.

El desarrollo del país requiere de la continuidad de la política industrial y un avance hacia cualquier sector de la estructura productiva.

Frenar este proceso o manejarlo en la senda incorrecta, puede ser costoso para el desarrollo del país. Si bien México tiene limitados grados de libertad ante la economía internacional, tiene las condiciones internas que le permiten adoptar una senda óptima para el desarrollo.

El gran reto del desarrollo de la economía mexicana es la transformación del aparato productivo con políticas redistributivas, donde en la política industrial, a través de la inversión mixta, tenga mayor peso la inversión privada nacional, pues a precios de 2022, la inversión pública ha crecido de 99 millones 100 mil pesos en 2000 a 254 millones 700 mil en el 2022.

La inversión en infraestructura puede presentar límites al crecimiento, si el entramado productivo no responde a los incentivos de la inversión, así como si no se continúa reforzando el mercado interno y la estabilidad económica.

Marco Antonio Márquez Mendoza*

*Profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas, AC, División de Estudios sobre el Desarrollo.

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