Al interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), existió una red delictiva, donde trabajadores, notarios, despachos y peritos valuadores se coludieron, con el fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda, indicó el director del instituto, Octavio Romero Oropeza.
“Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12 mil créditos sobre 1 mil 400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta cuatro veces cada una por año”, señaló en conferencia presidencial.
De igual manera, Oropeza expuso una red de corrupción que ocurrió en el Infonavit durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el actual director, este mecanismo era empleado para estafar a los trabajadores, al cobrar el 40 por ciento de sus ahorros para vivienda. Hasta el momento de la revisión, la cifra asciende a más de 1 mil 200 millones de pesos.
Los estados, donde más se han llevado a cabo estas operaciones son el Estado de México, Tlaxcala y Jalisco. “En el Estado de México, 496 casas se vendieron 4 mil 130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2 mil 37 veces. En Baja California, 205 casas se vendieron mil 696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las mil 400 y las 12 mil ventas”, indicó.
Asimismo, Oropeza detalló que, “en el Estado de México, tres notarios, con dos despachos de evaluación, con tres peritos valuadores, con tres controladores y seis trabajadores del Infonavit vendieron 496 casas 4 mil 130 veces. En Jalisco, tres notarios, un despacho, un perito, un controlador, dos trabajadores del Infonavit vendieron 239 casas 2 mil 37 veces.Y así sucesivamente. Tlaxcala es relevante, porque aquí 35 casas se vendieron casi 800 veces. Y aquí operó, al igual que en Sonora: un notario, un despacho, un perito, un controlador y un trabajador del Infonavit. Es decir, la red está más que clara de cómo operan; son las mismas personas”.
A raíz de esto, el director del instituto señaló que el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el pago de más de 3 mil 600 millones de pesos a cuatro despachos. “Estos despachos eran contratados para recuperar vivienda por la vía judicial. Y esta práctica de la recuperación judicial se detuvo en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y está detenida también en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”.
Por último, agregó que “entre 2013 y 2015, estos despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes”.
