La FGR, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Anticorrupción investigan un supuesto fraude por 1 mil 350 millones de pesos contra las finanzas de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. El caso implica a altos exfuncionarios de la institución y a la casa de bolsa Bursamétrica, quienes ilegalmente habrían destinado a la especulación financiera de alto riesgo ese monto multimillonario, que debía ser canalizado a la atención sanitaria de los más pobres. Los expedientes –en poder de Contralínea– documentan el modus operandi de la presunta defraudación, cometida entre enero y mayo de 2023. Una de las carpetas ya fue judicializada y se habrían girado órdenes de aprehensión

La Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cuentan con evidencia de un supuesto fraude por 1 mil 350 millones de pesos contra el erario de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, institución que se dedica a la atención sanitaria de personas en situación de pobreza y pobreza extrema y sin seguridad social. De ese monto, más de 570 millones de pesos aún no se recuperan.

De acuerdo con el modus operandi, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud transfirió –de forma ilegal– el monto multimillonario, en 2023, a la casa de bolsa Bursamétrica, para que ésta especulara en operaciones de alto riesgo, lo que está prohibido por la legislación del servicio público.

Las pruebas de este mega caso de supuesta corrupción forman parte de dos carpetas de investigación abiertas en las fiscalías especializadas en Delincuencia Organizada y de Control Competencial –ambas de la FGR–: las carpetas FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX-0000269/2023, y FED/COC/UEIDFF-CDMX/0002415/2023.

Los datos recabados por Contralínea apuntan a que es la segunda carpeta la que ya ha sido judicializada por la FGR, bajo el número de causa penal 163/2024, ante la jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.

Por este caso, el pasado 18 de diciembre de 2024, se llevó la audiencia inicial, en la que se pidió la vinculación a proceso no sólo de los exfuncionarios de la Beneficencia Pública, sino también de altos directivos de Bursamétrica.

Aunado a ello, el caso ha requerido de la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ente regulador de las casas de bolsa. Al respecto, Contralínea documentó que la CNBV ya emitió una “opinión de delito” positiva, como se le conoce al resultado del análisis sobre “conductas que posiblemente actualicen delitos especiales previstos por las leyes financieras”.

Al respecto, la Comisión Nacional Bancaria determinó que “sí hay elementos para considerar la existencia de un esquema de captación ilícita de recursos, previsto en el artículo 2, 103 y 111 de la Ley de Instituciones de Crédito”. De los hallazgos de la CNBV destaca que los valores emitidos han incumplido en diversas ocasiones los pagos correspondientes a los inversionistas, lo que representa un riesgo para aquellos que mantengan dichos valores en su posición, dado que existe la posibilidad de que estos no cumplan en un futuro con el pago del importe principal y/o sus correspondientes intereses.

A esto se suma que, en la Secretaría Anticorrupción también se cuenta con un amplio expediente sobre este caso, que ya está turnado al Área de Responsabilidades. En este se establece la presunta comisión de la falta administrativa de abuso de funciones, prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Este expediente se centra, sobre todo, en fincar responsabilidades a los exservidores públicos de la Beneficencia Pública que extrajeron los más de 1 mil 300 millones de pesos para destinarlos a la especulación financiera.

La historia

En enero de 2023, el entonces director general de la Beneficencia Pública, Leonardo Alfonso Verduzco Dávila, se habría coludido con sus subordinados: Execatl Gutiérrez Ramírez, entonces director de Administración y Finanzas; y Miriam Monterrubio Rivas, en ese momento, subdirectora de Recursos Patrimoniales y Cuotas de Recuperación, para “invertir” 1 mil 350 millones de pesos en la especulación financiera, en lugar de destinarlo a otro tipo de operaciones o a su objeto, que es asistir en la salud de las personas más pobres del país que carecen de seguridad social.

El monto multimillonario se invirtió en un portafolio distinto al autorizado. Para ello, se firmó el contrato de intermediación bursátil persona institucional número 101622, con la empresa Bursamétrica, Casa de Bolsa, SA de CV, el 11 de enero de 2023.

Posterior a esa firma, los 1 mil 350 millones de pesos de la Beneficencia Pública se destinaron a la compra de certificados bursátiles fiduciarios con contratos de fideicomiso irrevocable de emisión, administración y fuente de pago número 1051 y 1054, entre Hoteleria Korbach, SA de CV (actualmente Grupo Operativo Korbach), en su carácter de fideicomitente y fideicomisario, y Bursamétrica, Casa de Bolsa, en su carácter de fiduciario, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Para mayo de 2023, la Beneficencia Pública ya registraba el fraude millonario, pues del monto invertido únicamente le fue devuelto un total de 779 millones 271 mil 200 pesos. El daño al erario –que hasta la fecha no ha sido reparado– asciende a 570 millones 728 mil 800 pesos de capital, más los intereses ordinarios y moratorios que a la fecha se hubieren generado. Ello, a efecto de disponer de dicho recurso para la administración y ejecución de los fines de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, que son la atención de los más vulnerables en el ámbito de la sanidad.

Para el 1 de junio de 2023, se presentó la primera denuncia contra Leonardo Alfonso Verduzco Dávila, entonces director general de la Beneficencia Pública; y sus subordinados Execatl Gutiérrez Ramírez y Miriam Monterrubio Rivas, “por incumplir la propuesta de inversión autorizada por el Consejo Interno de la APBP, al suscribir el contrato de intermediación bursátil número 101622, con Bursamétrica, Casa de Bolsa, destinando el ciento por ciento de los recursos al portafolio de inversión corporativo, con un depósito de 1 mil 350 millones de pesos; no obstante que el Consejo Interno determinó una propuesta de inversión 50 por ciento gubernamental, 40 por ciento corporativo y 10 por ciento bancario”.

Aunado a lo anterior, se denunció que Execatl Gutiérrez Ramírez y Miriam Monterrubio Rivas suscribieron los contratos de fideicomiso irrevocable de emisión, administración y fuente de pago número 1051 y 1054, para la compra de los certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra GOKZ2CB 22 y HKCB 22, el primero por 350 millones de pesos, y el segundo por 1 mil millones de pesos.

De acuerdo con el diario Reforma (Abel Barajas, 3 de marzo de 2025), la FGR ya obtuvo órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios involucrados, y también contra los altos ejecutivos de la casa de bolsa: Ernesto Gustavo O’farril Santoscoy, presidente de Bursamétrica; y los directivos: Manuel Arturo Mollevi Palacios, Roberto Guzmán García, y Rocío Ángeles González.}

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