Datos del gobierno estadunidense –a los que tuvo acceso Contralínea– apuntan que de 1951 a 2024 se han otorgado 388 mil 255 millones de dólares en asistencia para América Latina y el Caribe. En el periodo 1946-2024, México aparece como el tercer receptor de asistencia militar y económica de Estados Unidos, con 26 mil 626 millones de dólares. El 15 por ciento de dicho monto se dio bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Pena Nieto, en el marco de la Iniciativa Mérida. Este financiamiento permitió la creación de capacidades de injerencia estadunidense, al fortalecer ciertos sectores y determinadas políticas de Estado, con repercusiones hasta nuestros días

Primera parte. Sintetizar el basto repertorio de injerencia de Estados Unidos implica realizar una periodización de la injerencia. Una forma de hacerlo es en el marco de la Guerra Fría (1945-1989) y la posguerra fría (1990-2024). Sin embargo, esta división puede tener sus críticas debido a la continuidad en la injerencia, y la creación de capacidades contra enemigos –sean denominados como comunistas, de izquierda, progresistas o contra ciertos países, como Cuba, Venezuela y Nicaragua–. Lo anterior obliga a repensar la periodización y complejizar tanto la noción de Guerra Fría en América Latina, como las continuidades de la política exterior estadunidense en la región.

En esta primera entrega es pertinente comenzar con el contexto histórico que sentó las bases de la política de injerencia disfrazada de asistencia para el desarrollo, con fines humanitarios o incluso, para apoyar la democracia ­–eufemismo utilizado por el gobierno de Estados Unidos para realizar golpes de Estado de diverso tipo–, apoyando a grupos opositores.

Alianza para el Progreso y nacimiento de la USAID

Hay un hecho histórico que marcó un antes y un después para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, e incluso para la lucha política latinoamericana: la Revolución Cubana, en 1959. Dicho proceso revolucionario marcó la posibilidad de transformación de la realidad de nuestros países por la vía armada. Pero también, marcó la transformación de la injerencia estadunidense en la región. Para ello, la administración de John F Kennedy delineó la Alianza para el Progreso (Alpro). En aquel entonces, el Secretario del Tesoro, Douglas  Dillon, mencionó en Punta del Este, Uruguay: “la magnitud de la tarea que nos espera demanda de nosotros un gran esfuerzo para atacar y curar los males sociales y económicos que han empeñado las vidas de tantos ciudadanos latinoamericanos. […] Estados Unidos está dispuesto a dedicar grandes recursos al logro de este propósito común, pues estamos irrevocablemente comprometidos en un programa de cooperación para el desarrollo social y económico que ahora se llama Alianza para el Progreso”.[1]

Fue en 1961 que, ante la emergencia estadunidense de “seguridad nacional” que representó la Revolución Cubana, se propuso la Alpro y con ella, la reestructura de la asistencia extranjera –militar y económica– con la que se creó la AID, posteriormente conocida como USAID.[2]

La asistencia fue institucionalizada por el gobierno de Kennedy bajo la Foreign Assitance Act, de 1961, en la que se define como “cualquier artículo tangible o intangible proporcionado por el gobierno de Estados Unidos [incluyendo ‘por medio de donación, préstamo, venta, crédito o garantía’] a un país extranjero u organización internacional bajo esta o cualquier otra ley, incluyendo pero no limitado a cualquier capacitación, servicio o asesoramiento técnico, cualquier elemento de propiedad real, personal, o mixta, cualquier producto agrícola, dólares de Estados Unidos, y cualquier moneda de cualquier país extranjero que son propiedad del gobierno de Estados Unidos…[3]

Según datos del gobierno estadunidense a los que tuvo acceso Contralínea, desde 1951 hasta 2024 se han otorgado 388 mil 255 millones de dólares en asistencia para América Latina y el Caribe (ALC). En el marco de la Alianza para el Progreso (1961-1970) se otorgaron 59 mil 676 millones de dólare, y fue el periodo en el que más financiamiento hubo durante el periodo de la Guerra Fría.

Fuente: elaboración propia con datos de ForeignAssistance.gov

México ante la injerencia de EU

En el periodo de 1951 a 2024, México se ubicó como el tercer país receptor de la asistencia económica y militar, con 26 mil 626 millones de dólares. Por encima de México se ubican Colombia (69 mil 565 millones de dólares) y Haití (38 mil 208 millones de dólares.

Fuente: elaboración propia con datos de ForeignAssistance.gov

Según detallaba la misma USAID México, entre 1965 y 1977 no aplicó programas “debido a una realineación global de actividades de asistencia. Fue hasta finales de la década de 1970 que USAID reinició su programa de desarrollo, enfocándose en asuntos de población y planeación familiar”.

Dicha información contrasta con la que Contralínea tuvo acceso pues, en ese periodo, la base de datos aportada por el mismo gobierno de Estados Unidos da cuenta de que México recibió recursos por 340.8 millones de dólares; y fue 1965 el año que más recibió (270.8 millones de dólares).

Otros hitos importantes para la misma USAID México fueron la asistencia humanitaria otorgada en 1985, tras el sismo que sacudió la Ciudad de México. Un ejemplo más fue la creación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, creado con recursos de USAID y el gobierno de México, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo.

Creación de capacidades de injerencia en el siglo XXI

Los datos disponibles de la asistencia militar y económica –como se suele dividir oficialmente la asistencia– que otorga Estados Unidos a México cuenta con más detalle desde 2001.[4] Con la información a la que Contralínea tuvo acceso, se puede determinar que el gobierno que más financiamiento tuvo fue el de Enrique Peña Nieto, con 1 mil 977 millones de dólares, seguido del de Felipe Calderón, con 1 mil 922 millones de dólares. Ambos, en el marco de la Iniciativa Mérida.

Fuente: elaboración propia con datos de ForeignAssistance.gov

En cambio, el primer gobierno de la cuarta transformación tuvo financiamiento por 1 mil 549 millones de dólares. Es significativo que después de iniciada la administración de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, los datos muestran una caída hasta 2021 y un leve incremento en los años 2022 y 2023. En 2024, el financiamiento fue por 117.1 millones de dólares, similar al monto otorgado en 2005, año en que se aprobó por vía antidemocrática, la Alianza para la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

Ambas, la ASPAN y la Iniciativa Mérida fueron el complemento en seguridad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue con la Iniciativa Mérida que la creación de capacidades de injerencia –en un momento de crisis orgánica del Estado mexicano– se extendió a una gran cantidad de rubros para complementar las reformas estructurales, parte de un plan contrainsurgente que se estableció sobre México. En la segunda entrega se abordarán los detalles del financiamiento en el marco de la Iniciativa Mérida en la que varios Departamentos del gobierno estadunidense financiaron proyectos en México.

[1]  Romano, Silvina, ¿América para los americanos? Integración Regional, dependencia y militarización, La Habana, Ruth Casa Editorial, p. 261.

[2] El antecedente de la USAID fue la Agencia Internacional de Desarrollo (AID).

[3] “Foreign Assistance: An Introduction to U.S. Programs and Policy”, Congressional Research Service, 10 de enero de 2022, p. 2.

[4] Para más detalles sobre el establecimiento de una metodología crítica de la oficial, puede verse a Lajtman, Tamara, y Aníbal García Fernández (2022), “Dependencia estratégica de Estados Unidos y militarización sobre América Latina (en la era Trump)”, en Revista de Estudos é Pesquisas sobre as Américas, vol. 15, núm. 2, pp. 62-83, https://periodicos.unb.br/index.php/repam/article/view/36677.