Aún cuando la Fiscalía General de la República definió los presuntos delitos de peculado y lavado de dinero que se le atribuyen al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, un funcionario judicial federal le otorgó una suspensión para que no se ejecute la orden de aprehensión en su contra. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó la acción del juzgador, por considerar que contribuye a la impunidad.
“Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán de corrupción. […] No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión”, declaró la primera mandataria en su conferencia matutina. Lo anterior, dado que en horas recientes se dio a conocer que un secretario con funciones de juez –con sede en la Ciudad de México– otorgó un amparo al exfuncionario.
Silvano Aureoles está acusado de la supuesta comisión de diversos delitos de carácter federal y estatal, entre los que se encuentra el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos del erario, que serían destinados a la construcción de cuarteles para la policía de Michoacán.
Con relación a los bloqueos que se dieron la tarde de ayer, miércoles 24 de marzo, en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó parte del informe que le proporcionó el Gabinete de Seguridad esta mañana: “una de las personas, uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó ayer en Michoacán, fue detenido en marzo por una situación similar y fue liberado a los 3 días por un juez”.
Por ello, la titular del Ejecutivo federal recordó la importancia del proceso electoral para sanear al Poder Judicial de jueces que incurren en la liberación de presuntos delincuentes –sean de cuello blanco o vinculados con la delincuencia organizada– como en los casos antes mencionados. “Claro que hay muchísimos casos del Poder Judicial actual que no colabora para mejorar la seguridad del país y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, se han convertido en un obstáculo”.
Sobre los casos de aspirantes exhibidos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, Sheinbaum Pardo reiteró que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el encargado de determinar si existen irregularidades.
La titular del Ejecutivo federal agregó que “también hay que revisar las partes locales, porque son 19 estados de la República que también van a elegir su Poder Judicial local o una parte de su Poder Judicial local; entonces, si se presenta un caso, pues que se revise”.
No obstante, puntualizó que se debe “considerar que son denuncias en redes [sociales, por lo] que tendrían que presentarse las pruebas; y, segundo, pues que es un porcentaje muy, muy, muy menor de todos los candidatos y candidatas que van a participar el primero de junio”.
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