El presuntamente empresario facturero Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos desde el 24 de septiembre de 2025 por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), hecho que se dio a conocer hasta la mañana de este 27 de octubre. Actualmente se encuentra en el Centro de Detención de Krome en Miami, Florida, por permanecer en ese país de forma irregular.

El esposo de la exconductora de televisión Inés Gómez-Mont –quien también se encuentra prófuga de la justicia, por haber participado en presuntos hechos delictivos– es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber cometido lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con información que ha circulado en la prensa, el pasado 15 de octubre, la jueza principal Cecilia Altonaga –de la Corte del Distrito Sur de Florida– ordenó al ICE otorgar a Álvarez Puga una audiencia de fianza individualizada o su liberación, como lo había solicitado su abogado defensor.

Como Contralínea lo ha documentado, Álvarez Puga e Inés Gómez-Mont constituyeron empresas fantasmas para expedir facturas apócrifas sobre diversas obras en reclusorios de varios estados del país, y están vinculados a dos indagatorias abiertas por la FGR, en las que también se investiga al extitular del Consejo de Seguridad Nacional, Gabriel Mendoza Jiménez, y a exfuncionarios de Gobernación, que operaban bajo las órdenes del priísta Miguel Ángel Osorio Chong.

En el primer expediente, a finales de 2021, un juez federal libró las primeras órdenes de aprehensión contra Álvarez Puga y Gómez-Mont por los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y peculado, por su presunta complicidad en un entramado financiero que permitió desviar unos 3 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, en la administración de Enrique Peña Nieto, mediante la asignación de contratos a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

De acuerdo con las indagatorias, información del Servicio de Administración Tributaria apunta que el socio principal de la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de CV (con RFC: SPI0705255BA), es Mendoza Jiménez. Dicha empresa –incluida en la lista negra de contribuyentes del SAT por realizar operaciones inexistentes o simuladas– fue utilizada para que la Secretaría de Gobernación asignara contratos por alrededor de 3 mil millones de pesos, que posteriormente fueron triangulados a varias cuentas bancarias de otras empresas factureras propiedad de los hermanos Álvarez Puga. Este entramado es considerado por la FGR como delincuencia organizada, e involucra a empresarios y exfuncionarios en el lavado de dinero sustraído del erario federal.

Gabriel Mendoza Jiménez, de origen michoacano, fue titular del Consejo de Seguridad Nacional en los primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a febrero de 2021, pero fue despedido directamente por órdenes de la Presidencia, cuando se descubrió que fue el responsable de firmar en 2009 un contrato entre el gobierno de Michoacán y la empresa brasileña corrupta Odebrecht para la construcción de la presa Francisco J Mújica. Dicha compañía estuvo involucrada en fraudes a la paraestatal Pemex y a otras empresas estatales de varios países de Latinoamérica.

En el caso de la construcción de la presa Francisco J Mújica en Michoacán, la participación de Odebrecht en el proyecto se empezó a negociar en la administración estatal del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), actual jefe de las Oficina de la Presidencia de la República, y la ejecución de la obra se concretó en la administración estatal del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, actual diputado federal por Morena, y según el expediente de Odebrecht se pagaron sobornos a funcionarios estatales por dicha obra que, de acuerdo con la prensa local, costó el doble de lo presupuestado.

Además, Álvarez Puga es investigado por el caso de la presunta venta ilegal de licencias Pegasus, luego de que se descubrió un centro clandestino de espionaje ubicado en el piso 35 de la Torre Impulso, en avenida Santa Fe número 443. En ese lugar, supuestamente propiedad de los empresarios Álvarez Puga, se aseguraron centenas de grabaciones de conversaciones privadas de varios funcionarios del sexenio pasado, incluidas llamadas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consultado por Contralínea el 14 de julio de 2022, el entonces presidente López Obrador advirtió que el centro de espionaje clandestino ubicado en Santa Fe, que hizo intercepciones ilegales de comunicaciones presuntamente con el malware Pegasus, estaba relacionado con el Pejeleake, “que se echó a andar, entre otros planes, para espiarnos”. Al respecto, señaló que “ya hay mucha información sobre eso. Pero que sea la Fiscalía la que informe. Es un buen tema y hay que ir al fondo”.

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