No es casualidad que la marcha de la derecha del 15 de noviembre (15N) tuviera lugar apenas unos días después de que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara que el Grupo Elektra pague su deuda de 48 mil 326 millones 809 mil pesos. Tampoco es casualidad que Claudio X González Guajardo se pavoneara por las calles del Zócalo de la Ciudad de México, evidenciando su papel director como magnate de la coalición opositora. En el fondo, el objetivo de su movilización es lo que declaró un asistente afín a la derecha: “Make México fifí again” (Ver Canal 5 News: https://n9.cl/4ainl6).

La frase no tiene desperdicio por ningún lado, pues deja claro que tiene de trasfondo el lema articulador del gobierno de Donald Trump, al cual se ciñen de manera lacaya al mismo tiempo que fomentan un proyecto de restauración del poder de clase que las oligarquías económicas tuvieron durante el periodo de auge del neoliberalismo. En ese lapso, las élites políticas se plegaron por completo a las oligarquías económicas, tanto el PRI como el PAN por igual se convirtieron en sus máximos representantes, haciendo lo que les ordenaban, al punto de que el mismo Vicente Fox (ahora flamante convocante a la marcha del 15N) declaró apenas unos días después de asumir su cargo: “mi gobierno es de los empresarios, por los empresarios y para los empresarios”. Y cuánta razón tuvo porque desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, muchas de las políticas públicas estuvieron encaminadas a beneficiar de manera exclusiva a los grandes capitales, ya sea con privatizaciones de empresas paraestatales, como con el Fobaproa, la legalización del outsourcing o el congelamiento del salario mínimo.

En ese periodo, los empresarios fueron tratados de manera preferencial mientras el empobrecimiento y la desigualdad incrementaron pavorosamente. El Estado se convirtió en el máximo representante de los empresarios, mientras excluyó de las decisiones y de los beneficios a los sectores populares mayoritarios. El enfurecido Salinas Pliego argumenta que sus riquezas son obra de su propio esfuerzo, sin embargo, su mentira es exuberante: ¿no será que la exención de impuestos durante décadas le permitió acrecentar su riqueza? Obviamente sí, y por eso es difícil explicarse los motivos por los que existen personas que están dispuestas a acreditarle un dejo de verdad. Que nadie se engañe, en el capitalismo, aunque las clases populares consigan incidir de cierta manera en el Estado y este logre cierta rectoría sobre la economía, los más poderosos serán siempre los actores adherentes a las clases dominantes porque en este orden social, el capital busca dominar por encima de cualquier institución política.

“Make Mexico fifí again” implica, entonces, regresar al enorme poderío de la clase dominante. Por eso, la marcha del 15N conllevó un enorme clasismo: el trasfondo es la rabia por la pérdida de su capacidad de incidencia en las instituciones políticas. Ahora éstas han ganado mayor autonomía relativa de la que poseían en el neoliberalismo, y por esa razón, tienen la posibilidad de responder al poder económico con cierta independencia que antes carecían totalmente.

Quienes desean la restauración del poder de clase de la oligarquía utilizan la violencia para desestabilizar al gobierno, pero sobretodo para “calentar las calles” rumbo a dos acontecimientos relevantes: el Mundial de futbol del próximo año y las elecciones de 2027. El primero representa una oportunidad para proyectarle a los medios corporativos de comunicación internacionales una imagen de caos y de represión. No es extraño que, luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, se generara una iniciativa sincronizada para erigirlo como el nuevo mártir, y con ello impulsar una nueva escalada de rabia irracional entre sus seguidores. La derecha se torna más violenta para orillar al Estado a la represión, y de esa forma, poder desacreditarlo ante los medios internacionales. El experimento de estos días se va replicar durante los próximos meses.

Un escenario de violencia puede generar una percepción de que el Estado ha perdido el control. De poquito en poquito, la derecha ha armado una estrategia que busca plantar la idea de que la inseguridad está completamente desatada y la única forma de resolverla podría ser con una intervención de EUA y la eliminación física de los narcotraficantes, tal y como abogaba Manzo. Sin embargo, eso ya lo vivimos con la guerra de Felipe Calderón y sabemos que no sirve absolutamente de nada. La estrategia totalitaria al estilo de Bukele no es efectiva, sólo desata más violencia.

El otro gran objetivo de la estrategia desestabilizadora está en 2027. Todo mundo sabe que la verdadera batalla se comienza a gestar desde un año antes de las elecciones, pues ahí es cuando se deciden las candidaturas y se establecen los criterios de disputa. Desde ahora están trabajando por evitar a toda costa que Morena consiga nuevamente la mayoría calificada en el poder legislativo, así podrían obstaculizar las nuevas iniciativas y obligar a la presidenta a negociar y moderar los contenidos.

Además, hay que sumar que Morena no se ayuda mucho, pues existen estados y municipios que gobierna que corren el riesgo de perderse debido a pésimas gestiones de personajes provenientes del PRI y el PAN que arrastraron al interior del partido guinda sus mismas prácticas, culturas y métodos políticos reprobados por la población. Si Morena continúa como hasta ahora con encuestas opacas que benefician a chapulines de otros partidos, es probable que se pierda fuerza y se introduzca a la presidenta en un nuevo trance que podría debilitarla hacia el segundo período de su sexenio.

Pablo Carlos Rojas Gómez*

*Doctor en ciencias políticas y estudios latinoamericanos. Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM).