En la UNAM, la precarización del profesorado de asignatura y la discrecionalidad en los concursos por plazas revelan un sistema que privilegia afinidades sobre méritos académicos. Casos como el del doctor Mario Zaragoza muestran cómo los perfiles “a modo”, los jurados homogéneos y la falta de transparencia convierten la estabilidad laboral en un privilegio condicionado a la obediencia. Más del 60 por ciento del profesorado vive en incertidumbre permanente, con contratos frágiles, sobrecarga de trabajo, miedo a represalias y paga por horas trabajadas –cuyo salario base es de apenas 1 mil 800 pesos al mes, lo que también impacta en las condiciones de jubilación–, en una universidad que, lejos de garantizar justicia, termina por normalizar la desigualdad. Si un profesor o profesora deja de impartir clase durante un semestre, pierde su derecho al ISSSTE y el acceso a estímulos económicos como el Pepasig

“Son 20 años ininterrumpidos de trabajo en los que ya no puedo volver al aula”, lamenta Mario Zaragoza Ramírez, investigador y doctor en ciencias políticas y sociales. Esta frase, pronunciada por un académico con dos décadas de servicio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resume el calvario de miles de docentes en condiciones de precariedad. Su participación en un concurso de oposición para una plaza de tiempo completo, que prometía consolidar su carrera, terminó convirtiéndose en una expulsión forzosa del espacio que durante años habitó académicamente.

El caso del doctor Zaragoza no es una anomalía, sino el rostro más visible de un sistema que mantiene a la mayoría de su plantilla académica en la incertidumbre laboral: el de las y los profesores de asignatura. Estos representan aproximadamente el 62 por ciento del total de la planta docente, y el 82 por ciento de ellos son interinos, sujetos a contratos temporales que, en la práctica, se han convertido en la regla y no en la excepción; así como sueldos sujetos a las horas de trabajo en clase.

El rechazo a su postulación, ocurrido en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA) y que culminó en un concurso de oposición abierto, careció de razones transparentes. El doctor Zaragoza cumplió con las cinco pruebas establecidas en la convocatoria de junio de 2023 (crítica de programa, clase muestra, entrevista de proyecto y ensayo), pero detectó un sesgo que, asegura, se ha normalizado en la UNAM: “se van descartando perfiles como si no importaran esas trayectorias y se va reduciendo la disputa a solamente dos perfiles”.

Para el doctor Zaragoza, “es escandaloso saber que siempre que aparecen estos concursos hay un perfil que es el que va a ser favorecido y quienes presentamos las pruebas […] ya lo tenemos a la vista. [Se busca beneficiar] un perfil a través de los mecanismos institucionales que existen en nuestra Universidad”.

Esta práctica –que califica de nepotismo, discrecionalidad y corrupción, al beneficiar a un perfil mediante los propios mecanismos institucionales– no sólo afecta a profesores con larga trayectoria como Mario Zaragoza, sino que condena a la mayoría del profesorado de asignatura a la inestabilidad, al maltrato administrativo y a la pérdida sistemática de derechos.

Para las y los docentes de la máxima casa de estudios de México –que encabeza el doctor Leonardo Lomelí Vanegas–, la excepción no es la precariedad: es la estabilidad. El problema es tan grave que, para José María Hernández Rivera, profesor interino en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I) y delegado sindical del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), se trata de “una absoluta violación de los derechos laborales y humanos”, que ha vivido en carne propia.

El profesor de la FES-I relata su experiencia al concursar por la definitividad de la materia de bioestadística. Sus pruebas escritas y su clase muestra fueron evaluadas por cuatro jurados: tres lo calificaron con puntuaciones altas (entre 9 y 9.7), mientras que uno le asignó una calificación desproporcionadamente baja: 3.5. Una diferencia de seis puntos que, en la práctica, significó su descalificación.

El delegado sindical identifica la raíz de esta disparidad: “la gente que entra como jurado también suele tener vínculo con otros participantes, y lo que sucede es que, para poder beneficiarlos, califican de manera desproporcionada a los demás, con el fin de dejarlos fuera y que las personas cercanas a ellos puedan obtener las plazas”.

Lo anterior, denuncia, constituye un claro ejemplo de “nepotismo, corrupción, amiguismo y compadrazgo”. En su caso particular, afirma que esta práctica se vincula directamente con su activismo sindical: “desde hace aproximadamente tres o cuatro años me he vuelto incómodo en mi dependencia, en particular para mi directora”, debido al acompañamiento y respaldo brindado a otros colegas.

La ingeniería del fraude

Respecto a la disparidad al momento de evaluar los concursos, el doctor Felipe López Veneroni, profesor titular de carrera A, de tiempo completo por oposición, y representante académico del doctor Zaragoza, abunda en que las irregularidades detectadas en el proceso no son producto de la casualidad.

El doctor Veneroni describe que el profesor Zaragoza había sido designado para trabajar la plaza como académico de carrera durante tres años, un periodo que, por “regla general”, suele culminar con que quien ocupa la plaza gane el concurso abierto. Destaca que Zaragoza no sólo cumplía con los requisitos del puesto –rango de edad, más de seis años de actividad académica y doctorado concluido–, sino que además “trabajó de manera muy seria” en dicha plaza.

Lo que generó sospecha sobre la evaluación del profesor Zaragoza fue la decisión final: “me extrañó, de entrada, que habiendo reunido los requisitos y trabajado de manera muy seria se declarara perdedor del concurso. […] Y quien sí resultó ganador es un muchacho brillante, a quien yo no conozco, pero vaya, todavía no concluye su doctorado”, profundiza el académico.

Al revisar la documentación obtenida tras la presentación del recurso de inconformidad, Veneroni identificó indicios de manipulación en las calificaciones. El criterio de evaluación no fue consistente ni equitativo: “me pareció curioso que se le dieran calificaciones sistemáticamente bajas al doctor Zaragoza y, al mismo tiempo, sistemáticamente altas al otro concursante. Desde mi punto de vista, fue evaluado con criterios demasiado rigurosos, mientras que al otro concursante se le evaluó con criterios más laxos”.

Un ejemplo de esta subjetividad se presentó en la evaluación del ensayo, una de las cinco pruebas contempladas en el proceso. A pesar de que el doctor Zaragoza es un investigador con trayectoria, que ha dirigido proyectos e incluso ha formado parte del programa de investigadores en el nivel C, las conclusiones de sus evaluadores terminaron por demeritar su trabajo y afectar su calificación final.

El doctor Veneroni sugiere que la comisión evaluadora utilizó “criterios muy decimonónicos, muy arcaicos de lo que es la investigación”, al calificar su trabajo como “demasiado interpretativo o demasiado explicativo”, lo que, en su opinión, evidencia que la Junta Evaluadora aplicó estándares orientados a favorecer un perfil de conveniencia y no a premiar el mayor mérito académico.

El delegado sindical, Hernández Rivera, profundiza en que la problemática de fondo reside en la estructura de poder que impera dentro de la universidad. “El Estatuto del Personal Académico es un reglamento sumamente unilateral, en el que quienes tienen el control son la parte patronal, expresada en los Consejos Técnicos. Los directores, desde las dependencias, dicen lo que se hace, y los demás consejeros lo que hacen es votar en función de lo que dice el director de la dependencia”.

Esta forma de operación, señala, permite que las autoridades elijan a los jurados según sus intereses de grupo –económicos, políticos, entre otros–, utilizando los Consejos Técnicos y las comisiones dictaminadoras para “ir acomodando poco a poco a las personas que ellos quieren y, por lo tanto, consolidar grupos de poder cada vez más fuertes”.

Además, el profesor Hernández detalla cómo las autoridades manipulan tanto los perfiles como los criterios de evaluación. Una práctica recurrente es convertir la plaza en un “traje a la medida”, cerrando el perfil en la convocatoria lo suficiente como para que solo puedan concursar uno o dos allegados.

A esto se suma la modificación arbitraria –e incluso retroactiva– de los propios criterios de evaluación. “Al perder a quien le habían dado la plaza inicialmente, de pronto el Consejo dice: ‘pero es que el currículum solamente se puede tomar de los últimos cinco años’. Y resulta entonces que ya gana la persona que ellos querían”.

Todos estos cambios, explica, suelen justificarse mediante una frase recurrente: “las necesidades de la dependencia”. Bajo este supuesto argumento, el director o directora puede determinar que “necesitamos a esta persona y, por lo tanto, le tenemos que dar la plaza”, y así resuelven “todas las cosas” sin transparencia ni rendición de cuentas.

Hernández Rivera considera que es “absurdo” que estas historias se repitan en prácticamente todas las facultades, y sostiene que la UNAM utiliza la precariedad laboral como un mecanismo de control. “Ingresan de manera irregular a todos [las y los profesores] como interinos y, después, ésta es su forma de actuar. Entonces, cuando quieren meter a alguien más, quitan a esa persona bajo el pretexto de que es interina”.

Así, las universidades, en lugar de ser espacios para el desarrollo libre del conocimiento, se transforman en lugares donde se “premia la obediencia” y el buen comportamiento burocrático: “Si tú te comportas bien, si vas al informe del director, formas parte de estos grupos que tienen el visto bueno de las autoridades. Sin embargo, si no formas parte de esos grupos, quedas automáticamente excluido”, advierte el delegado sindical.

Quienes no se alinean con estos grupos de poder quedan relegados. Deben luchar por conseguir horas de trabajo, reciben los peores horarios –los que nadie quiere, de siete de la mañana a nueve de la noche– o enfrentan jornadas absurdas, con múltiples horas muertas entre clases, lo que les obliga a permanecer prácticamente todo el día en el plantel debido a la dispersión de su carga académica.

Ambigüedad institucional, espacio para la injerencia

El doctor Veneroni subraya que la falta de claridad en los criterios de evaluación es, precisamente, lo que permite la injerencia de intereses externos en los Consejos Técnicos. Tras la inconformidad del doctor Zaragoza y una nueva revisión del caso, la votación final sobre el ensayo se dividió en cinco votos en contra y cuatro a favor, resultado que evidencia una fuerte división interna, posiblemente impulsada por intereses ajenos al mérito académico.

“Algunos miembros del Consejo Técnico coincidieron conmigo. Creo que hubo criterios que no fueron lo suficientemente claros, y eso se presta a pensar que pudiese haber cierto interés, cierta influencia, porque la Universidad no es un techado de pureza, no es una torre de marfil, no es una caja de cristal: hay intereses, hay grupos”, indica el profesor Veneroni.

Agrega que este sistema de evaluación responde a una concepción obsoleta de la Universidad, lo que deriva en evaluaciones marcadamente subjetivas. Frente a ello, propone la aplicación de un mecanismo de “doble sesgo” y la integración de consejos evaluadores plurales, con diversidad de enfoques teóricos y líneas de investigación, a fin de evitar –como en el caso del doctor Zaragoza– la conformación de comités dominados por una sola visión académica o ideológica.

A la incertidumbre laboral que generan los concursos viciados se suma una desigualdad estructural que atraviesa la vida cotidiana del profesorado. La profesora Olivia Maya, antropóloga social, doctorante y docente de las asignaturas de etnografía y seminario de investigación en la FCPyS describe la brecha abismal que existe entre los profesores de tiempo completo y los de asignatura. Una diferencia que se profundizó aún más durante la pandemia.

Mientras el profesorado en condiciones precarias costeaba de su propio bolsillo mejores conexiones de internet, equipos de cómputo y herramientas para sostener las clases a distancia por Zoom, algunos académicos titulares se resistían a regresar a las aulas bajo el argumento de riesgos de salud. Sin embargo, la profesora identifica que, en muchos casos, la verdadera razón era no abandonar la comodidad de sus hogares; incluso había quienes se encontraban fuera del país. “Los alumnos les valían; no les importaba si las clases se daban o no porque sabían que su salario y su plaza estaban seguros”, relata la doctorante.

La desigualdad también se expresa en cargas de trabajo no remuneradas. La profesora explica que las y los docentes de asignatura suelen encargarse de actividades como los exámenes extraordinarios –diseñar guías, aplicar pruebas, evaluar y subir actas– sin recibir “un solo peso extra” por ello. Lo mismo ocurre en los procesos de titulación: “si eres suplente en un sínodo, lees la tesis, comentas y acompañas al alumno igual que los demás, pero no recibes compensación”.

A la inestabilidad laboral se suma, además, el trato despótico por parte del área de personal. La profesora Olivia Maya describe un sistema que ignora por completo las condiciones reales del docente por horas: “nos regañan si no vamos a firmar la nómina en días que no nos toca dar clase. Te exigen gastar gasolina o pasaje y tiempo sólo para una firma, y si llegas fuera de su horario, aunque los veas ahí, te dicen que regreses mañana”.

La precariedad económica también se extiende hasta el final de la vida laboral. El profesor Pablo Saldaña, con una trayectoria de 22 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales –desde 2003 como adjunto y desde 2017 como profesor de asignatura–, destaca que las condiciones de retiro resultan prácticamente inviables. “Se jubila uno después de 40 o 50 años de trabajo con el salario base, que son aproximadamente mil 800 pesos mensuales. Obviamente, nadie se quiere jubilar con eso”.

La falta de reconocimiento del salario real y de la mayoría de las prestaciones provoca que el profesorado de asignatura pierda gran parte de sus ingresos al momento de jubilarse, lo que obliga a muchas y muchos docentes a prolongar su vida laboral para no perder los pocos “privilegios” asociados a su contratación activa.

Cuando, además, existe una constante interrupción de la continuidad laboral, la vulnerabilidad se duplica. El doctor Jorge Tenorio, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS y docente desde hace más de 15 años –inició como ayudante en 2005–, expone cómo la ausencia de reglas claras permite que la administración universitaria determine de manera arbitraria el futuro de las y los académicos.

Señala que la falta de definitividad convierte al profesorado en piezas desechables, pues en cualquier momento pueden dejar de ser contratados. “En 2018 regresé de una estancia, pero ya no tenía mi materia; se la habían asignado a otro [profesor]. Se vuelve caótico porque en cualquier momento te pueden dejar de llamar”.

Esta inestabilidad tiene consecuencias graves y directas: si un profesor o profesora deja de impartir clase durante un semestre, pierde la continuidad en la seguridad social (ISSSTE) y el acceso a estímulos económicos como el Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (Pepasig). A ello se suman los retrasos administrativos dentro de la FCPyS, donde las y los docentes llegan a firmar su contrato tres o cuatro meses después de haber iniciado el ciclo escolar.

“Es increíble que esto suceda en una Facultad donde se imparte la carrera de administración pública. Los procesos administrativos tardan tanto que parecen diseñados para que pierdas tus derechos”, lamenta el doctor Tenorio. Ejemplo de esta circunstancia es el semestre que recién concluyó, en el que profesoras y profesores de “reingreso” –como la FCPyS les llama a quienes imparten clase sólo un semestre– firmaron contrato a inicios de noviembre de 2025, y su pago por todo el semestre se les dará hasta enero de 2026.

Silencio impuesto

La ausencia de una organización sólida de profesores y profesoras que defienda sus derechos está cimentada en el “miedo a las represalias”, una situación que, según el académico Mario Zaragoza, evidencia una crisis “muy grave” al interior de la institución. “Es muy duro que no haya una organización de profesores y profesoras, porque lo que fundamentalmente permea en estos casos es el miedo”.

Ese temor, que admite “con tristeza”, se traduce en un silencio colectivo y en la falta de apoyo abierto, incluso entre colegas. El doctor Zaragoza explica que este mutismo responde a diversos factores: algunos profesores no pueden expresar públicamente su respaldo por miedo a represalias; otros, que se encuentran en situaciones similares o tienen procesos en revisión, optan por no denunciar; y están también quienes, tras ganar concursos y verse “favorecidos por estos grupos”, prefieren guardar silencio.

La situación se agrava al considerar que una gran parte de los afectados pertenece al sector del profesorado de asignatura, especialmente vulnerable. “Muchos de los casos son además en contra de profesores y profesoras de asignatura, personas expuestas a que, de un día para otro, el coordinador o la coordinadora te diga: ‘Ya no puedes regresar porque hay una persona que tiene más años que tú dando clases. Estás fuera’”. Esta amenaza constante convierte la inestabilidad laboral en un mecanismo eficaz de control y disciplinamiento.

Para el profesor Pablo Saldaña, cualquier intento de organización entre colegas se ve prácticamente anulado por la propia dinámica del trabajo por asignatura, que implica permanecer en la Facultad apenas unas horas a la semana, sin espacios reales de convivencia ni articulación colectiva. A ello se suma la falta de un respaldo sindical efectivo. Su evaluación es contundente: “tanto el STUNAM como la AAPAUNAM se limitan a darnos orientación. Nos dicen ‘podrías intentarlo por ahí’, pero la intervención directa o el apoyo real, creo que no. Se lavan las manos en la mayoría de los casos”.

Las irregularidades no sólo determinan quién ingresa o quién resulta ganador en los concursos, sino que también castigan a quienes manifiestan inconformidad o mantienen posturas críticas frente a las autoridades, convirtiendo estos procesos en un instrumento de control político.

El docente Saldaña ofrece uno de los ejemplos más claros de esta lógica punitiva: tras postularse como candidato al Consejo Técnico, en fórmula con una compañera, ambos fueron castigados con la pérdida de sus grupos. “No había una razón académica para quitarme la materia, pero por haber osado ser candidato, en esta ilusión democrática, me habían dejado sin materia”.

A esto se suma la existencia de grupos de poder internos que deciden quién permanece y quién es desplazado, favoreciendo o marginando al profesorado en función de su afinidad política. En algunos casos, las asignaturas se retiran de manera estratégicamente calculada para dejar a determinados docentes sin carga académica y, por tanto, sin ingreso.

En el mismo sentido, el doctor Tenorio advierte sobre el alto costo de exigir transparencia o mejores condiciones dentro de la propia institución. “Si llevas estas demandas al Consejo Técnico, sales perdiendo porque te metes con ciertos profesores. Terminas siendo tú el malo de la historia, el ‘incómodo’, cuando solo estás exponiendo un hecho”. Así, la denuncia no se traduce en justicia, sino en señalamiento y aislamiento, reforzando un círculo vicioso donde el silencio termina siendo, para muchos, la única forma de supervivencia laboral dentro de la UNAM.

Armas de doble filo y una estrategia de silencio

El docente Saldaña expone que los concursos se convierten en un arma de doble filo, puesto que, al no ser seleccionado, se brinda a las autoridades elementos para retirar alguna materia. Esta dinámica provoca que la mayoría de los profesores no soliciten participar en concursos por miedo a ser despedidos, lo que mantiene un ciclo constante de inestabilidad.

Además, la profesora Maya señala que, luego de no ser elegida en un concurso, la incertidumbre en la UNAM se gestiona por teléfono. Describe una práctica común de las autoridades para evitar la transparencia: la negativa a dejar por escrito las razones de los recortes laborales.

Cuando a la profesora Maya le recortaron una de sus dos materias habituales en el último semestre, solicitó por correo electrónico una justificación académica, tal como lo exigen los estatutos. La respuesta de la administración fue el silencio por escrito y una llamada telefónica.

“Te llaman por teléfono para no dejar asentados los argumentos”, denuncia la doctorante Olivia Maya. Al exigir una respuesta formal, se encontró con evasivas. “Les pedí que, así como yo hice la solicitud por escrito, ellos me respondieran igual. Obviamente no lo hacen porque sus argumentos son administrativos, no académicos, y dejar constancia atentaría contra temas laborales”.

Esta falta de transparencia alimenta lo que ella llama “radio pasillo”: rumores sobre por qué se asignan o se quitan materias, mientras las nuevas administraciones acomodan a sus grupos de interés sin rendir cuentas.

En la UNAM, los concursos de oposición han dejado de ser, en muchos casos, un mecanismo de evaluación académica para convertirse en un dispositivo de control político y administrativo. Lejos de garantizar mérito, transparencia y estabilidad, funcionan como filtros discrecionales que protegen intereses de grupo y castigan la disidencia. La precarización en la máxima casa de estudios no es un error del sistema, sino parte de su diseño.

Respeto a la institucionalidad

El doctor Zaragoza resalta el valor de la UNAM, señalando que “es el proyecto intelectual, político y cultural más importante de este país. La UNAM tiene los mecanismos idóneos para que esto no pase”.

El secretario de Organización Académica del STUNAM, Agustín Lazcano Bravo, desmiente que la precariedad sea un problema de diseño estatutario y sostiene que, en realidad, se origina en la sobrerrepresentación y la corrupción de algunos directores, quienes utilizan las plazas para ubicar a su “camarilla” y generar gasto innecesario.

Al identificar que la UNAM presenta un problema estructural, el sindicato insiste en la necesidad de establecer controles al poder directivo para salvaguardar la carrera académica, reconociendo que existe una deuda pendiente con los profesores de asignatura, cuya experiencia resulta clave para la universidad.

Para lograrlo, promueve los concursos cerrados, que buscan otorgar preferencia en la definitividad a la antigüedad y experiencia del profesor que ya imparte la materia, así como la transparencia total, exigiendo que todas las sesiones de las comisiones dictaminadoras sean grabadas y públicas para eliminar el amiguismo y el nepotismo.

La Universidad, enfatiza el secretario Lazcano, “no puede ser tan ingrata con sus académicos”. La solución pasa por reformar la legislación para que la asignación de materias responda a la preparación y el mérito, sin que intervengan el amiguismo, el nepotismo ni ningún otro factor ajeno a la academia en la UNAM.

A su vez, el doctor Zaragoza vuelve a subrayar el valor de la UNAM y señala que, para él, la solución está en el respeto a la institucionalidad universitaria. Enfatiza que “es muy triste ver cómo, cuando estos grupos se acomodan al interior de la universidad, lo que hacen es torcer los mecanismos que existen. Para que esto no se vuelva a repetir, debe respetarse la institucionalidad universitaria, las formas que ya tenemos: el Estatuto del Personal Académico y el Contrato Colectivo de Trabajo”.

En un contexto donde el conocimiento debería ser protegido, el futuro de la academia pública depende, más que nunca, de la capacidad institucional para mirarse a sí misma, corregirse y volver a colocar la dignidad docente en el centro.

 

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