Desde el pasado 11 de abril del año en curso entró en vigor el decreto que pone fin a las llamadas pensiones doradas de trabajadores de Petróleos Mexicanos, la extinta Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y Banco de Desarrollo Rural, ello luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La publicación en el DOF hizo oficial la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que modifica el Artículo 127 constitucional al establecer que las pensiones de altos funcionarios y personal de confianza en dependencias, empresas del Estado y organismos descentralizados “no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal”.
El decreto también establece que las jubilaciones ya otorgadas deberán ajustarse a este nuevo límite, salvo algunas excepciones previstas en la ley “a partir de la entrada en vigor del presente decreto todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme a la Fracción IV del Artículo 127 constitucional, y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, deberán ajustarse al límite establecido en el párrafo segundo de dicha fracción, incluyendo las que se encuentren vigentes”.
Entre las excepciones se encuentran las Fuerzas Armadas, pensiones derivadas de aportaciones individuales, sistemas complementarios con aportaciones sindicales y pensiones no contributivas establecidas en la Constitución.
De acuerdo con el gobierno federal los ahorros ascenderían a 5 mil millones de pesos que serán destinados a fortalecer los programas de Bienestar o asignados a obras de infraestructura. Mientras que un análisis de la revista Contralínea arrojó que por mes el ahorro sería de 1 mil 609 millones 853 mil 645 pesos.
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