Para combatir las extorsiones en coordinación con todos los actores del Estado, el gobierno de la Ciudad de México encabezó la firma del Pacto Contra la Extorsión, una iniciativa que detalla una serie de compromisos tanto a nivel gubernamental como de la sociedad para que cada vez haya menos crímenes de este tipo.

“Habrá tolerancia cero contra la extorsión, y estamos preparados para enfrentarla con toda la fuerza del Estado”, afirmó la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, quien apuntó el principal objetivo del acuerdo en “cerrar filas y, sobre todo, romper el silencio”. Ella, junto con los presidentes capitalinos de la mesa directiva del Congreso y el del Poder Judicial, Jesús Sesma Suárez y Rafael Guerra Álvarez, respectivamente, firmó el acuerdo.

Durante su participación en el evento –en el Centro Cultural del México Contemporáneo, ubicado en el centro histórico de la capital–, la mandataria hizo énfasis en la importancia que tiene la sociedad para combatir esta problemática, principalmente por las denuncias.

“Existe extorsión que no se traduce totalmente en denuncias”; hay un subregistro porque la gente tiene miedo muchas veces de denunciar cuando fue víctima de este delito. “Así que, cuando decimos que hay que convocar a la población para denunciar, es importante”.

En este sentido, la fiscal General de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, enumeró las acciones que la institución de procuración de justicia realizará para que las denuncias sean más fáciles para la sociedad, con la creación de unidades especiales que se movilicen hacia las personas, a fin de que estas no tengan que acudir a los ministerios públicos. “Sí vale la pena denunciar”, aclaró.

En la actual administración, han sido detenidas 335 personas por delitos de extorsión, y las detenciones contra los victimarios crecieron este año 170 por ciento más que en 2019, y en 45 por ciento más que en 2025, detalló, por su parte, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana.

Agregó que ello ha sido resultado de la armonización capitalina con el gobierno federal para combatir este crimen, en respuesta a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, anunciada en julio de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; por lo que la estrategia ha consistido en definir la extorsión como un delito grave, motivar la denuncia, fortalecer los números de emergencia, las capacidades y la coordinación. Además, se ha trabajado para impulsar redes vecinales, inhibir señales en centros penitenciarios y crear un gabinete que se enfoque únicamente en este delito.

En los juzgados también hay una gran actividad por estos crímenes. Rafael Guerra Álvarez detalló que los tribunales atienden 400 audiencias mensuales en promedio, que se traducen en unas 100 personas procesadas y en prisión cada mes, y desde octubre de 2024, anualmente se alcanzan 4 mil 800 audiencias y 1 mil 200 personas en prisión por extorsiones.

El titular del C5 en la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, agregó los datos recibidos a la institución que representa: el 87.5 por ciento de los 4 mil 515 reportes que recibieron fueron por tentativa de extorsión, y solo el 12.5 por ciento se consumaron.

Asimismo, celebró que la tendencia indica una disminución: En marzo de este año se registraron 29.2 por ciento menos extorsiones consumadas informadas al C5, en comparación con agosto de 2025. Y solo el 2.5 por ciento son casos presenciales, principalmente contra sectores informales.

Explicó que en el C5 se han planteado tres acciones principales: desactivar extorsiones en curso mediante asesoría técnica inmediata, operar acciones de respuesta ante extorsión presencial, y articular talleres y cursos de prevención.

Por todo ello, la jefa de gobierno invitó a la población a esparcir con las demás personas la cultura de la denuncia como herramienta contra las y los extorsionadores. “Convoco a que, de manera organizada, a través de este instrumento que es el Pacto Contra la Extorsión, podamos tener una decisión de no permitir que este delito provoque los daños que hasta hoy hemos tenido […] tienen la protección del Estado”.

Además, anunció la entrega al Congreso capitalino de un paquete de reformas para que la Ciudad de México se alinee con las leyes federales, así como crear un nuevo tipo penal llamado “hostigamiento coercitivo”, para que la extorsión consumada como la tentativa se vuelvan delitos graves.

Otras medidas que anunció son la instalación de cámaras, botones de emergencia y otras herramientas en espacios de comercio ciudadano para que las autoridades puedan actuar de manera inmediata ante la comisión de estos crímenes; la creación de un centro de atención inmediata contra la extorsión y un gabinete enfocado solo en este delito entre la Secretaría de Seguridad y la fiscalía.

En el acto estuvieron presentes grupos empresariales, representantes de la sociedad civil, pequeños comerciantes, Fuerzas Armadas, alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, y legisladores locales y federales.