La presentación de la consulta pública sobre los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias desató críticas de la oposición, quienes la calificaron como un intento del gobierno federal por censurar a la radio y la televisión. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el proceso busca establecer mecanismos para hacer efectivos derechos ya previstos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no intervenir en los contenidos ni restringir la libertad de expresión. Además, recordó que la CIRT estuvo de acuerdo con esa legislación

La consulta pública de los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias –impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT– abrió esta semana un nuevo frente de confrontación entre el gobierno federal y la oposición política y empresarial, incluidos medios de comunicación, opinadores, comunicadores e intelectuales de derecha. Estos últimos señalaron que la consulta abriría la puerta a una supuesta intervención del Estado en los contenidos de radio y televisión.

Frente a esos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que los lineamientos emitidos por la CRT no buscan restringir la libertad de expresión, sino establecer mecanismos para hacer efectivos los derechos de las audiencias previstos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La controversia se centró en disposiciones relacionadas con la obligación de los concesionarios de contar con códigos de ética, designar personas defensoras de las audiencias y establecer un procedimiento para atender las quejas de la ciudadanía. Ello, frente a un ecosistema mediático que recurre cada vez más a las mentiras. Además de la posibilidad de que la CRT intervenga cuando un medio incumpla las recomendaciones emitidas por su defensoría.

Aunque ni en México ni en el mundo existe el derecho a mentir, políticos de derecha, comentaristas e intelectuales señalaron que la regulación del derecho de las audiencias es un mecanismo de censura. Durante la presentación de la consulta pública, en la conferencia presidencial del pasado 28 de julio, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013, y desarrollados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.

Explicó que en 2017 una reforma eliminó parte de esas disposiciones y que, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esos cambios, al considerar que representaban un retroceso en la protección de esos derechos. Por ello, añadió que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión retomó ese marco y que los lineamientos buscan hacer operativos ya reconocidos por la legislación.

La funcionaria precisó que la consulta pública permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto, y está dirigida a audiencias, concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanía en general.

Entre sus disposiciones, el proyecto establece la obligación de que los concesionarios cuenten con un código de ética, designen una persona defensora de las audiencias y habiliten mecanismos para atender las inconformidades de la ciudadanía.

Asimismo, desarrolla derechos como recibir información veraz y oportuna, distinguir claramente entre información y opinión, diferenciar la publicidad de los contenidos informativos, garantizar el derecho de réplica y establecer medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.

La consejera, además, explicó que el procedimiento inicia cuando una persona presenta una queja ante la defensoría de las audiencias del propio medio de comunicación. Si ésta determina que existió una vulneración a los derechos de la audiencia, emite una recomendación al concesionario. Solo cuando esa recomendación no sea atendida, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir y, únicamente en los casos extremos previstos por la ley, aplicar sanciones.

En respuesta a las críticas generadas por la consulta pública, en sus conferencias del 29 y 30 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera reiterada que los lineamientos constituyeran un mecanismo de censura. “Es absolutamente falso. No hay censura ni va a haber censura”, afirmó.

Sostuvo que el proyecto no crea nuevas facultades para el Estado ni modifica el marco legal vigente, sino que desarrolla disposiciones ya previstas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. “La ley se aprobó hace un año. Ahora lo que se está consultando son los lineamientos. Es falso que haya censura; lo que se busca es proteger los derechos de las audiencias”.

Añadió que el propósito de la consulta es fortalecer mecanismos como las defensorías de las audiencias, los códigos de ética y los procedimientos para atender las quejas de la ciudadanía, además de permitir que el contenido del proyecto pueda enriquecerse con las observaciones recibidas durante el periodo de consulta.

Las acusaciones de censura continuaron durante la semana y marcaron parte de los intercambios entre la presidenta y los medios de comunicación. Al ser consultada nuevamente sobre el tema, la presidenta Sheinbaum sostuvo que esos señalamientos contrastan con prácticas que, dijo, sí ocurrieron en administraciones anteriores, cuando desde el poder se presionaba a propietarios de medios para modificar líneas editoriales o retirar a conductores críticos.

“Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publiquen y aquí hagamos derecho de réplica; y otra cosa muy distinta es lo que se hacía en el pasado, que se hablaba por teléfono con los dueños y se les decía: ‘corre a este conductor porque está hablando mal de mí’, o se les ofrecían recursos para cambiar su línea editorial. Nunca se ha hecho eso, ni es la pretensión con los lineamientos”.

La presidenta recordó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue discutida con la participación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y reiteró que el proyecto permanece sujeto a consulta pública, por lo que aún puede modificarse antes de la emisión de los lineamientos definitivos.

Asimismo, defendió la conferencia matutina como un espacio para ejercer el derecho de réplica y responder a la información difundida por los medios de comunicación. “Tenemos la Mañanera para debatir, para discutir, para poner nuestros puntos de vista y para defender el proyecto de nación que representamos. Pero no hay censura ni habrá censura, porque es nuestra convicción”.

Además, Sheinbaum Pardo sostuvo que el derecho de las audiencias no es una propuesta surgida con su administración, sino un tema discutido desde hace años en México para garantizar que la ciudadanía cuente con mecanismos para exigir información veraz, distinguir entre opinión e información y presentar inconformidades cuando considere vulnerados esos derechos.

De esta manera, el gobierno federal defendió que los lineamientos buscan hacer operativos derechos ya contemplados en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a partir de una consulta pública abierta, y no restringir la libertad de expresión.