La memoria histórica enfrenta una nueva disputa en Chile. El debilitamiento de las políticas de derechos humanos, los intentos por reformar instituciones de protección y la reducción de apoyos a sitios de memoria reflejan una ofensiva que, según especialistas y organizaciones civiles, amenaza los avances alcanzados en verdad, justicia y reparación

Santiago, Chile. El negacionismo sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) está en plena aplicación en Chile por el gobierno de ultraderecha de José Antonio Kast, en el poder desde marzo.

La primera medida fue desmantelar el programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia, principal perseguidor de los crímenes de lesa humanidad. Este programa implementó el plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos impulsado por el antecesor de Kast, el izquierdista Gabriel Boric.

Kast es un abierto defensor de Pinochet y su legado. Asimismo, ha incorporado a dos antiguos abogados del dictador en dos ministerios clave, Defensa y Justicia, entre otras medidas revisionistas para exculpar a la cruenta dictadura militar.

Al frenazo del programa de derechos humanos se sumó la demora en entregar recursos a los sitios de memoria, aprobados en el presupuesto estatal de 2025. Además, se advirtió a sus dirigentes que los fondos disminuirán en 2027.

Luego las autoridades de Justicia ordenaron a sus abogados que no participaran como querellantes en procesos judiciales donde los condenados por crímenes de lesa humanidad piden su libertad.

El gobierno anunció, además, que no impulsará un sitio de memoria en la Colonia Alemana Dignidad, que fue un campo de tortura y muerte de opositores a la dictadura. El gobierno alemán, que es la contraparte, había comprometido recursos.

“Estamos ante un cuadro que revela una estrategia coordinada de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad de protección de derechos humanos”, consideró Claudio Nash, coordinador de la cátedra de derechos humanos de la pública Universidad de Chile.

“No se trata simplemente de ‘negacionismo’, sino de algo más profundo: una reversión deliberada de las obligaciones estatales de memoria, verdad y no repetición que Chile asumió internacionalmente” en forma paulatina desde el retorno de la democracia, subrayó a IPS.

El abogado Nelson Caucoto, quien ha llevado adelante más de 300 causas de derechos humanos, atribuyó las acciones negacionistas al signo ideológico del gobierno.

“Nadie puede sorprenderse de lo que están actuando en derechos humanos porque las nuevas autoridades son completamente refractarias a esta temática partiendo por el presidente que es pinochetista”, dijo en diálogo con IPS desde la norteña ciudad de Iquique, donde estaba temporalmente.

Caucoto criticó el retiro desde la Contraloría General del tercer plan nacional de derechos humanos realizado conjuntamente por el alto comisionado de Naciones Unidas y la sociedad civil chilena.

“Este plan contempla medidas que promueven la igualdad, la no discriminación, la memoria histórica y la justicia transicional. El gobierno lo retiró para someterlo a ajustes… No sabemos cuáles”, dijo el abogado.

A su juicio, “es extremadamente grave porque Naciones Unidas está interesada en ese plan que exige considerar la opinión de la sociedad civil”.

La institucionalidad de derechos humanos bajo amenaza

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se autodefine como “una institución estatal, autónoma y pluralista que promueve una cultura respetuosa de los derechos humanos, monitorea el quehacer del Estado de Chile a partir de estándares en la materia y protege la dignidad de todas las personas que habitan el territorio nacional».

Creado en diciembre de 2009 por la presidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), enfrenta hoy cuestionamientos sin precedentes desde los partidos conservadores y ultraconservadores, que dominan actualmente el poder en Chile.

Esas críticas arreciaron tras el estallido social (octubre de 2019), cuando el INDH denunció judicialmente más de 3000 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros (policía militarizada) y militares.

Los cuestionamientos al INDH escalaron esta última semana de julio desde el Partido Republicano, eje del actual gobierno y fundado por Kast.

El senador Arturo Squella, presidente del partido, acusó al INDH de ser “una institución que no solo no cumple con su propósito originario, sino que sus autoridades se han encargado de desacreditar”.

“El sesgo ideológico y la persecución sistemática a Carabineros hacen concluir que el cierre es el único camino viable”, aseveró.

Kast, por su parte, promueve una reforma radical al INDH que cambie su actual composición plural.

Yerko Ljubetic, director del INDH, admitió una reforma siempre “que no neutralice ni haga inocua la existencia de un organismo relevante para la democracia” y su consolidación.

“Los países donde los INDH están en problemas son países donde efectivamente ha habido un retroceso autoritario”, planteó en una entrevista en la Radio Universidad de Chile.

Según Caucoto, el gobierno ultraderechista pretende reformar el INDH “para que no se exprese la sociedad civil en la designación de sus miembros y para que todo quede en manos del parlamento donde hay mayoría de derecha”.

La Red de Observadoras en Justicia y Memoria denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno de Kast ha tomado decisiones que implican “un retroceso institucional en materias vinculadas con verdad, justicia y reparación de las graves violaciones cometidas entre 1973 y 1990”.

La CIDH acogió el reclamo y convocó al gobierno chileno a una audiencia que tendrá lugar en Washington el 5 de agosto.

Derechos humanos, una batalla cultural

Hay un desmantelamiento de las políticas de memoria y justicia y, simultáneamente, se impulsa indultar a quienes fueron condenados por violación de derechos humanos durante las protestas del 2019, que promovieron un revulsivo democrático en el país.

Entonces millones de chilenos pusieron en jaque al presidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022). Hubo desmanes y grupos quemaron estaciones del Metro y más instalaciones en Santiago y otras ciudades. Una fuerte represión provocó cientos de heridos, decenas con pérdida ocular por disparos policiales.

“Están pidiendo que se indulte a Carabineros y militares que están presos, y eso es menoscabar la acción de la justicia”, criticó Caucoto.

Agregó que la justicia ha sido exigua en los casos de violaciones a derechos humanos durante las protestas del 2019.

“El INDH presentó 3000 querellas y solo en 70 se dictaron sentencias y ahora se quiere dejarlas sin efecto indultando a esas personas condenadas”, denunció.

“Aquí hay una lucha cultural porque para la ultraderecha la revuelta social del 2019 es simplemente delictual. Han criminalizado esa revuelta espontánea de la gente frente a los abusos de las autoridades del Estado”, argumentó el abogado.

Nash cree que Chile ha avanzado en derechos humanos, pero de forma fragmentaria e insuficiente, lo que ayuda a su retroceso ahora que el poder está en manos de la ultraderecha.

“Ha habido sentencias de la Corte Suprema condenando a perpetradores; ha habido identificación de víctimas mediante iniciativas de investigación colaborativa; hay un corpus de jurisprudencia que reconoce los derechos humanos. Pero estos avances coexisten con un vacío institucional: no tenemos una política estatal integral de derechos humanos conforme a estándares internacionales”, argumentó.

Con ese contexto, ahora “la expectativa no es avance, sino profundización de las brechas históricas respecto de las obligaciones internacionales ya contraídas”, adelantó.

Derechos humanos, una batalla cultural

Hay un desmantelamiento de las políticas de memoria y justicia y, simultáneamente, se impulsa indultar a quienes fueron condenados por violación de derechos humanos durante las protestas del 2019, que promovieron un revulsivo democrático en el país.

Entonces millones de chilenos pusieron en jaque al presidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022). Hubo desmanes y grupos quemaron estaciones del Metro y más instalaciones en Santiago y otras ciudades. Una fuerte represión provocó cientos de heridos, decenas con pérdida ocular por disparos policiales.

“Están pidiendo que se indulte a carabineros y militares que están presos, y eso es menoscabar la acción de la justicia”, criticó Caucoto.

Agregó que la justicia ha sido exigua en los casos de violaciones a derechos humanos durante las protestas del 2019.

“El INDH presentó 3000 querellas y solo en 70 se dictó sentencias y ahora se quiere dejarlas sin efecto indultando a esas personas condenadas”, denunció.

“Aquí hay una lucha cultural porque para la ultraderecha la revuelta social del 2019 es simplemente delictual. Han criminalizado esa revuelta espontánea de la gente frente a los abusos de las autoridades del Estado”, argumentó el abogado.

Nash cree que Chile ha avanzado en derechos humanos, pero de forma fragmentaria e insuficiente, lo que ayuda a su retroceso ahora que el poder está en manos de la ultraderecha.

“Ha habido sentencias de la Corte Suprema condenando a perpetradores; ha habido identificación de víctimas mediante iniciativas de investigación colaborativa; hay un corpus de jurisprudencia que reconoce los derechos humanos. Pero estos avances coexisten con un vacío institucional: no tenemos una política estatal integral de derechos humanos conforme a estándares internacionales”, argumentó.

Con ese contexto, ahora “la expectativa no es avance, sino profundización de las brechas históricas respecto de las obligaciones internacionales ya contraídas”, adelantó.

Memoriales, también amenazados

Amparo Gaete preside la Corporación Memorial Paine, en un municipio campesino a 46 kilómetros al sur de Santiago.

Tiene 52 años y es hija de Luis Alberto Gaete, campesino desaparecido detenido el 16 de octubre de 1973 cuando tenía 21 años. Ella nació 24 días después. Su madre tenía 19 años.

“Mi padre fue un campesino a quien le gustaba tocar la guitarra, sin militancia política, como muchos detenidos y desaparecidos en Paine”, contó en dialogo con IPS en el memorial donde hay 70 mosaicos que recuerdan a igual número de detenidos desaparecidos en la localidad.

“Con nosotros no se ha hecho justicia. Tras 35 años encontramos restos que estaban incompletos. A mi mamá le entregaron una muela de mi papá. Anteriormente le habían entregado un cuerpo que no correspondía y que tuvimos 11 años en una sepultura”, relató.

Consideró que “falta mucho para que sanen estas heridas. Nadie va a reparar el daño sicológico que tenemos”.

Para Gaete, “el memorial es muy importante porque representa lo que pasó en Paine”, como instalaciones de paz similares en otras localidades.

“Este año no tenemos dificultades económicas. Pero estamos atemorizadas por lo que pasará el 2027. Ya nos dijeron que habrá un recorte”, anticipó.

Cristian Castillo es vicepresidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, un lugar de memoria instalado en Santiago, donde funcionó un centro clandestino de tortura y exterminio de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía secreta de Pinochet, que persiguió, torturó, asesinó e hizo desaparecer a opositores con total impunidad.

Desde 1994, el que antes fue centro de detención y tortura se transformó en un memorial que recibe 25  000 visitantes cada año.

“De los más de 1000 sitios de memoria identificados, hay 70 protegidos y reconocidos como Monumentos Nacionales. Pero solo seis tienen financiamiento estatal” en el país, contó Castillo a IPS.

“El financiamiento tiene una fragilidad que no garantiza la permanencia porque está supeditado a la correlación de fuerzas en el parlamento. Y como el negacionismo paulatinamente gana fuerza, se hace más difícil la mantención de sitios de memoria”, afirmó,

Lamentó que “los sitios de memoria no requieren una decisión política para cerrarlos. Solo es necesario asfixiarlos económicamente para que vayan cerrando uno a uno”.

Orlando Milesi/Inter Press Service (IPS)*

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