Autoridades detuvieron al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta participación en la desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia vinculados con el caso Ayotzinapa, al ser señalado de participar en “la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, informó Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un mensaje público, la fiscal explicó que la captura deriva de una nueva etapa de investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Detalló que uno de los elementos centrales de la investigación son las grabaciones captadas la noche del 26 de septiembre de 2014. “El autobús Estrella de Oro número 1531 en el que viajaba el grupo de normalistas fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia de Iguala en el momento en el que era detenido por policías municipales y estatales”.

La funcionaria recordó que durante años se sostuvo que ese material no existía, pero esta versión fue desmentida por las nuevas líneas de investigación. “Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa”.

Como parte de las nuevas indagatorias, señaló que en enero de 2026 un colaborador aportó información que confirmó la existencia de las grabaciones, y reveló quién las sustrajo para entregarlas directamente al entonces gobernador.

Asimismo, informó que un segundo testigo protegido fortaleció esa línea de investigación en mayo de este año, cuando confesó que presuntamente “Ángel ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.

De acuerdo con la titular de la FGR, la dependencia cuenta con pruebas que apuntan a que la instrucción fue emitida directamente por el entonces mandatario estatal “con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”.

Además, sostuvo que las evidencias obtenidas indican que el ocultamiento de las grabaciones respondió a una decisión tomada desde la administración estatal. “Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder Ejecutivo estatal”.

Con base en esos elementos, dijo, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Aguirre Rivero por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

La orden fue cumplimentada este jueves en el Estado de México, “con pleno respeto a sus derechos humanos”, precisó la fiscal. Al concluir su mensaje, aseguró que las investigaciones continuarán para esclarecer el caso Ayotzinapa, y destacó que “donde haya impunidad habrá investigación, y donde haya crimen habrá consecuencias”.