El 25 de septiembre pasado, la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó “la suplencia del magistrado Pedro Rodríguez Chandoquí”, quien estaba adscrito a la Décimo Segunda Sala Metropolitana y se encuentra vinculado a proceso por un caso de violación sexual agravada presuntamente ocurrida hace 5 años contra una joven, entonces estudiante de derecho y hoy abogada.
En una nota informativa, el TFJA indicó a Contralínea que con ello se garantizará independencia en la investigación interna que se le sigue al magistrado. Ello, luego de que esta revista expuso en la conferencia presidencial que el juez de la causa penal que lo vinculó a proceso, lo dejó en libertad dado que su reincorporación al TFJA –que también resolvió la Junta de Gobierno el 4 de agosto pasado– sirvió para determinar que estaba arraigado a la Ciudad de México por motivos laborales, por lo que el juzgador presumió que no se daría a la fuga.
El Tribunal indicó que se le regresó a sus labores porque habían vencido los dos plazos de separación del cargo, y que esa decisión no fue para beneficiarlo procesalmente. Acerca de la nueva separación que se aplicó desde el 25 de septiembre, detalló que se da porque se consideraron los elementos supervenientes que fueron hechos del conocimiento del TFJA. Y, por acuerdo de la Junta, “a efecto de garantizar la objetividad, independencia, autonomía e integridad del procedimiento de investigación interno, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el que tenga lugar de conformidad con las leyes penales correspondientes”.
Asimismo, precisó que al 29 de septiembre “el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no ha sido notificado ni se le ha solicitado aplicar alguna medida por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que lleva el proceso penal”.
Además, reiteró que la reincorporación de Rodríguez Chandoquí a sus labores, de fecha 4 de agosto de 2026, fue independiente del proceso penal por violación sexual agravada. La institución que encabeza el magistrado presidente José Ramón Amieva afirmó que quienes integran dicho órgano colegiado se enteraron de la existencia de una carpeta de investigación iniciada contra el magistrado por un escrito recibido en fecha 11 de marzo de 2026, que les envió la Colectiva Morada en Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual. “Por ello, los cinco integrantes de la Junta de Gobierno y Administración (JGA) de este Tribunal, determinaron iniciar una investigación interna de carácter administrativo, en el ámbito laboral, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Agregó que, “mientras se llevaba a cabo dicha investigación, se determinó aplicar dos medidas de separación temporal en términos del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la primera del 13 de mayo al 15 de junio, y la segunda del 16 de junio al 10 de julio de 2026, ello con el objetivo de asegurar la integridad y objetividad de la investigación interna, así como evitar la revictimización de personas servidoras públicas adscritas al TFJA posiblemente afectadas, siempre bajo la atención y seguimiento de la Comisión para la Igualdad de Género de este Órgano Jurisdiccional, instancia que se reunió en diversas ocasiones con integrantes de la citada Colectiva”.
Según el Tribunal, “una vez realizadas las diligencias que dieron lugar a las medidas antes mencionadas, y considerando la independencia que rige el procedimiento penal a cargo de la autoridad competente, en relación al procedimiento administrativo y bajo la premisa de que ya se encontraban agotadas las actuaciones correspondientes e iniciado el análisis de los elementos recabados, en ese momento no se contaba con motivación y fundamento alguno para aplicar una medida adicional. En este sentido, resulta falso que la Junta de Gobierno y Administración hubiera levantado la suspensión, a efecto de que al magistrado no le fuera aplicada alguna medida preventiva por parte de la autoridad competente en torno al proceso penal que se le sigue”.
El Tribunal refirió que, tal como lo aseguró el magistrado presidente José Ramón Amieva Gálvez, en entrevista con el periodista Miguel Badillo, director de Contralínea, no se benefició al magistrado Rodríguez Chandoquí. “En dicha entrevista también se informó que actualmente se lleva a cabo el análisis de los resultados de la investigación interna, a fin de cumplir con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tomando en consideración el dictamen emitido por la Comisión para la Igualdad de Género entregado a la JGA el mismo 24 de septiembre.
En su nota informativa, añadió que, “sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que en fechas posteriores al término de las diligencias de investigación interna de este Tribunal, y durante la valoración de los hallazgos, fueron hechos del conocimiento de este Órgano Jurisdiccional nuevos elementos que dieron lugar a la implementación de actuaciones extraordinarias que permitieran aclarar los mismos, siendo el último de éstos un escrito de la mencionada Colectiva, de fecha 22 de septiembre, en el que informó sobre la presunta vinculación a proceso del magistrado”.
Documento Completo: NOTA INFORMATIVA TFJA (29092026)
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