Para evitar afectaciones económicas a los pequeños comercios y combatir la extorsión, el gobierno de la Ciudad de México implementará un nuevo esquema de verificación mercantil enfocado en la prevención y la corrección. El modelo establece que habrá cero clausuras para negocios de bajo impacto que incurran en faltas administrativas subsanables.
El mecanismo principal será el Código Avisa, un sistema preventivo con colores de semáforo que contempla avisos a los establecimientos para subsanar irregularidades antes de aplicar una suspensión. Los negocios de bajo impacto, como abarrotes, papelerías, cafeterías, lavanderías y talleres mecánicos, recibirán hasta tres avisos –notificación, reiteración y apercibimiento– antes de que se impongan medidas cautelares.
Para los establecimientos de impacto vecinal o mediano impacto, como restaurantes y salones de fiestas, las autoridades emitirán dos avisos antes de proceder a la suspensión. Por su parte, los giros de impacto zonal o alto impacto –bares, cantinas, antros y discotecas– recibirán únicamente un apercibimiento previo.
Durante la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, se aclaró que este criterio no se aplicará a faltas no negociables que pongan en riesgo la salud, la seguridad o la integridad de la población. Ante situaciones como la venta de alcohol a menores de edad, el consumo de sustancias prohibidas, los hechos de violencia o el exceso de aforo, se procederá al cierre inmediato del inmueble y a la suspensión de actividades.
Además, la mandataria capitalina informó que las visitas deberán estar respaldadas por una orden digital autenticable que permita comprobar su legitimidad y darles seguimiento. El personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) portará credenciales inteligentes con código QR y hologramas, uniformes con un número de identificación grabado, así como cámaras corporales y equipo de videograbación para registrar las diligencias de principio a fin.
El personal verificador también usará gorras de colores para identificar su área de adscripción: dorado para el gobierno central, naranja para el sector de transporte y gris para las alcaldías. Para comprobar la legitimidad de los operativos o reportar anomalías, la ciudadanía podrá comunicarse con Verificatel a través de Locatel. Este servicio podrá solicitar la intervención inmediata de la policía ante intentos de extorsión o suplantación de funciones, subrayó la jefa de gobierno.
Por su parte, el Invea habilitará un servicio de atención ciudadana con cita previa y se comprometió a reabrir los comercios suspendidos en un plazo máximo de 10 días hábiles después de recibir la documentación requerida. La Secretaría de Desarrollo Económico ofrecerá talleres informativos y esquemas de autoverificación voluntaria. El pago de multas deberá realizarse directamente ante la Secretaría de Administración y Finanzas.
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