A 10 meses de asumir el cargo de fiscal general de la República, Ernestina Godoy ha removido a subprocuradores, fiscales, ministerios públicos, investigadores y hasta personal administrativo para tratar de hacer más eficiente la impartición de justicia con la integración de carpetas de investigación y consignarlas lo más pronto posible ante el Poder Judicial, con las pruebas suficientes para que la justicia sea pronta y expedita.

Sin embargo, miles de carpetas siguen abiertas por años sin ser presentadas ante las autoridades correspondientes, por lo que la abogada de la nación trabaja hasta el límite para rendir cuentas, mientras que la población sigue en espera de que se haga justicia y se reduzcan los crímenes y la violencia.

Una evidencia de lo anterior son los preocupantes resultados que presenta la Fiscalía General de la República (FGR) por la negligencia de fiscales y servidores públicos, como por ejemplo, de 1 mil 300 denuncias penales que reporta haber presentado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sólo se han judicializado 80, lo que significa que un 93.9 por ciento están en espera de la acción de la justicia por parte del Ministerio Público Federal, mientras que los delitos de corrupción, abuso de poder, peculado, tráfico de influencias y mal servicio público continúan.

El área responsable de atender dichas denuncias es la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), cuya titular es la doctora María de la Luz Mijangos Borja, quien desde 2019 asumió el cargo; sin embargo, hay múltiples quejas sobre esa Fiscalía por su lentitud y negligencia para procesar e integrar los expedientes y consignarlos, pues hay casos penales en donde por su desatención los delitos prescriben y eso alienta la corrupción e impunidad, lo que causa enojo y preocupación entre la población que exigencia justicia.

Otro dato inquietante que llama mucho la atención al revisar las estadísticas, es que de todas las sanciones que ha aplicado hasta ahora la Secretaría Anticorrupción en contra de servidores públicos particulares, en ninguno caso la FGR ha abierto una carpeta de investigación, como si la labor de la Fiscalía Anticorrupción fuera proteger a los corruptos.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional del 22 de septiembre, se informó que en los dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría Anticorrupción presentó 517 denuncias contra servidores públicos, por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado, de los cuales sólo 53 han sido vinculados a proceso, lo que significa que casi el 90 por ciento ha quedado en la impunidad y lo único que esto revela es que la burocracia corrupta apenas enfrenta un riesgo del 10 por ciento de ser encarcelada por cada delito que comete.

Estas fallas y lentitud en la Fiscalía que preside la doctora Mijangos Borja permiten preguntar si es momento de sustituir a esta fiscal que lleva en el cargo 8 años con resultados mínimos, como por ejemplo cuántos funcionarios han sido sancionados por huachicol fiscal, cuántas denuncias penales se han resuelto por el contrabando de combustible y cuántos casos siguen archivados sin resolver.

Agronitrogenados: caso emblemático de negligencia en Fiscalía Anticorrupción

Un caso que preocupa a la misma presidenta de la República y que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción es la carpeta de investigación sobre la corrupción en la compra que hizo Pemex de la empresa Agronitrogenados, cuya denuncia tiene años de haber sido presentada sin que se actúe en contra de los responsables y que involucra un daño patrimonial por 700 millones de dólares a las finanzas públicas de Petróleos Mexicanos.

Esa Fiscalía mantiene prácticamente congelado dicho expediente que involucra a quien fuera director general de PMI Comercio Internacional (filial de Pemex) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, José Manuel Carrera Panizzo, a quien la Secretaría Anticorrupción ya le impuso una multa de 4 mil millones de pesos y la denuncia penal en su contra es por 700 millones de dólares; sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sólo le quiere imputar 200 millones de dólares y con eso lleva casi 10 años sin que haya justicia.

Carrera Panizzo firmó directamente las autorizaciones para esa corrupta adquisición de la empresa chatarra Agronitrogenados, del corporativo de Altos Hornos de México, presidido por el prófugo de la justicia Alonso Ancira, lo que lo hace directamente responsable y a pesar de las suficientes evidencias que hay el exfuncionario petrolero sigue en libertad.

Otro grave problema es este caso es que el delito cometido podría prescribir en diciembre próximo, dentro de 2 meses, y la Fiscalía Anticorrupción no ha podido o no ha querido imputarlo, mientras que desde el 30 de julio de 2019, la entonces Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex y exdirector de PMI, José Manuel Carrera Panizzo, por daño al erario con la compra de dicha planta en 2013, por tres veces más su valor de mercado y le impuso una sanción resarcitoria por 4 mil 206 millones de pesos.

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