Más de 80 campesinos, originarios de Guanajuato, fueron contratados para trasladarse a la capital sonorense para, supuestamente, trabajar en labores agrícolas en el rancho Las Mercedes (se ha mantenido en secreto el dueño que indudablemente ha de ser algún ricachón de la entidad donde los hombres de dinero tienen sus ranchos, casi haciendas, y grandes extensiones de tierra burlándose de los límites que impone a la propiedad la Constitución y sus leyes reglamentarias).

Los trajeron, en estos tiempos de agudización de la crisis económica, con promesas de buen pago, hospedaje, comida; aunque, claro, sin darlos de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero, eso sí, garantizándoles atención médica, y cubrirle, en autobús, el viaje de ida y regreso.

Más tardaron en arribar a Hermosillo, el municipio capital de Sonora (donde agoniza el corrupto y mal gobierno de los Robinson-Bours Castelo, una familia depredadora que, al menos el desgobernador merece ir a juicio político por abuso y penal por fraude), cuando los guanajuatenses se dieron cuenta que habían sido secuestrados y puestos a trabajar como esclavos durante más de 16 horas al día.

Sólo les daban de comer una vez y nada más frijoles con algunas tortillas (y no de harina, sino del peor maíz). En cuanto pudieron se dieron a la fuga y como su Dios les dio a entender, emprendieron el regreso. Únicamente volvieron 51 campesinos a la terminal de Irapuato.

El periódico Excélsior durante más de ocho días dio a conocer la información de quienes narraron cómo fue que los sometieron a trabajos forzados en los viñedos. El caso es que en la complicidad está el gobierno panista de Guanajuato, ya que fue a través del Sistema Estatal de Empleo que los esclavistas de Sonora dizque contrataron a los campesinos.

Una vez que fue denunciada la situación, tanto el gobernador Robinson-Bours como el señor Juan Manuel Oliva (éste panista y aquel priista) se deslindaron del asunto y punto. Empero, debe anotarse que no es de ahora que en la costa hermosillense, en campos agrícolas muy apartados de los centros urbanos, se ha practicado desde cuando menos hace medio siglo el trabajo esclavo.

Una y otra vez aparecida la información de esa esclavitud, hasta la fecha nada han hecho los gobiernos sonorenses ni el federal para hacer valer el artículo uno de la Constitución, en el sentido de que en México no debe existir la esclavitud. Lo de los campesinos guanajuatenses es lo más reciente. Pero, en esa entidad del noroeste del país todavía los agricultores, ganaderos y avícolas contratan a trabajadores a los que tratan como esclavos y no hay autoridad que, sabiendo el drama, tome parte y sancione a esos esclavistas.

No es la primera vez que sale a la luz pública que en Sonora todavía existe la trata de esclavos y que en la costa de Hermosillo es donde más se da ese fenómeno, así como rumbo para la sierra que hace frontera con Chihuahua. Ni la secretaria de la Reforma Agraria y en especial la de Trabajo y Previsión Social se dan por enteradas de la explotación por vía de la esclavitud.