En pocas ocasiones los empleados de la banca extranjera en México hablan de temas relacionados con la seguridad o la delincuencia; sin embargo, ante el clima de violencia que se vive en todo el país fue inevitable hace unos días eludir esos temas en la convención bancaria celebrtada en Acapulco, en donde la prensa financiera fue insistente, al menos durante las primeras horas del cónclave bancario, en los problemas de seguridad que enfrentan los negocios crediticios en el país.

El Comité de Seguridad de la banca dio a conocer en su informe anual que desde finales de 2008 las áreas de seguridad de los bancos comenzaron a tener conocimiento de amenazas y extorsiones a directivos y empleados bancarios, así como a sus familias, principalmente en las zonas del norte del país y la región del bajío.

Esto motivo que el Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México se reuniera con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para hacer de su conocimiento la nueva modalidad de la delincuencia, la cual se agrava cuando, habiendo informado a las autoridades locales con tiempo suficiente de los hechos, éstas no se presentan o lo hacen tardíamente. Por ello, pidieron al secretario responsable de la política interna que las autoridades coordinen mejor sus acciones para enfrentar en mejores condiciones la lucha contra la extorsión y el secuestro, a fin de evitar que estos ilícitos se extiendan a otras poblaciones ante la falta de respuesta oportuna de las autoridades.

Para atender de inmediato la petición de directivos que cuidan los intereses de la banca extranjera, el secretario Gómez Mont dispuso un enlace con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la cual se giraron instrucciones de mantener la comunicación abierta con los empleados bancarios.

Lo que cuentan funcionarios bancarios de aquella reunión, según lo confirmado por varias fuentes, es que también se analizaron temas relacionados con los problemas federales en los que se encuentran involucrados los recursos y la infraestructura bancaria.

Este es el caso de la extorsión telefónica a la población en general y el uso de cuentas bancarias por parte de los delincuentes, un tema que comienza a agravarse ahora que el nuevo modelo de engaño a víctimas incluye argumentos como el de la amenazante presencia de la organización de Los Zetas.

Como informamos aquí la semana anterior, entre 2006 y 2009 las autoridades hacendarias ubicaron un preocupante incremento en el número de reportes inusuales de cuentas con depósitos y retiros constantes que presuntamente estaban relacionados con el delito de extorsión y con una creciente actividad en regiones con Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Baja California, varias de las zonas en las que se ha recrudecido la violencia.

La Asociación de Bancos de México (ABM) mantiene, por ello, comunicación constante con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de analizar el incremento en el número de reportes sobre operaciones inusuales e irregulares en la banca. Continuamente la banca, asegura, está enviando información a la UIF para acelerar las investigaciones y análisis en esta área.

Los dirigentes de la ABM también tienen línea abierta con la Procuraduría General de la República, en donde han entregado información relevante sobre el aprovechamiento de los circuitos bancarios por parte del crimen organizado.

Este esfuerzo, igual que el monto de los créditos que está otorgando la banca para financiar a la economía, resulta insuficiente. Así lo reconocen los propios banqueros que, en principio, saben que en las sucursales bancarias no deberían estarse abriendo este tipo de cuentas y prometen que durante los próximos meses tomarán las medidas necesarias para que esto no suceda.

El uso, por ejemplo, de la Cédula de Identidad a cargo de la Secretaría de Gobernación y de mayores medidas de seguridad, podría contribuir a que los delincuentes no usaran las cuentas de las instituciones de crédito para cobrar el dinero que exigen a sus víctimas.

Los banqueros también saben, por lo tanto, que tendrán que obtener mayor cooperación por parte de las autoridades. Un preocupante foco rojo en el uso de la credencial de elector, uno de los documentos de identificación más aceptados, se presume que se ha venido falsificando de forma consistente. Por ello, proponen que la Cédula de Identificación, que aún no resulta voluntario, sea el instrumento que sirva para enfrentar este problema.

No abrir este tipo de cuentas, en principio, sería una solución para comenzar a atacar este problema. Los empleados de la banca lo saben y no quiere correr el riesgo de una injerencia federal, con una política de Estado, como lo que impulsó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). De hecho, argumenta, en la banca ya existe un registro general de usuarios con amplios expedientes que, al menos en teoría, tendría que contribuir a evitar que la tecnología y recursos del sector bancario se coloquen al servicio de la delincuencia. No hay cuentas anónimas, aseguran, el problema es que funcionarios del máximo nivel del gobierno federal impiden que se actúe en contra del dinero sucio.

Además, el tradicional lema “Conoce a tu cliente”, debe regir cada proceso en la banca. No obstante, la realidad es otra: se están autorizando cuentas y se aceptan documentos apócrifos que respaldan la actividad de supuestos comerciantes, amas de casa o empleados. La banca, definitivamente, está fallando en blindar la seguridad de sus circuitos financieros.

Sin la posibilidad de ofrecer una cuenta bancaria a sus víctimas, los extorsionadores simplemente no podrían cobrar sus ilícitos dividendos. Los banqueros saben que en muchas ocasiones son la base para evitar que el dinero sucio se mueva dentro de la economía.

No obstante, si se decidieran a rechazar ese tipo de cuentas estarían perdiendo muchos negocios hormiga que le dan flujo a la banca. Es, por lo tanto, una decisión que tendría que involucrar no sólo los buenos deseos de los banqueros, sino también una política de Estado que prevenga este tipo de comportamientos.

Otra área de oportunidad para Hacienda es el ingreso de dólares a la economía. No son sólo los centros cambiarios sino los bancos los que están recibiendo este tipo de recursos que podrían estar relacionados con el crimen organizado.

Los perdones fiscales

En materia de justicia fiscal las cosas no son siempre parejas o simplemente injustas. Mientras que algunos prominentes empresarios y políticos son tratados con mucha benevolencia por el fisco hasta llegar al perdón, a otros mexicanos, a los de menos recursos y que se niegan a pagar sobornos a los funcionarios y auditores, se les persigue y se les amenaza con aplicarles todo el peso de la ley si Hacienda les descubre algún error fiscal.

Por ejemplo en el sexenio de Vicente Fox, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, instruyó a la Procuraduría Fiscal para que sobreseyera los expedientes de nueve prominentes empresarios evasores de impuestos, en lo que se conoce popularmente como el “perdón fiscal”, de acuerdo con el controvertido artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, pero en cambio a otros mexicanos que militan en la oposición o simplemente son críticos de las políticas de gobierno, se les acosa mediante auditorías y amenazas de cárcel.

El problema es que sin rendir cuentas a nadie y de manera discrecional, el titular de Hacienda puede ordenar a su subalterno, el procurador fiscal, sobreseer los procesos penales abiertos contra los contribuyentes que él decida. Algo injusto cuando sólo unos cuantos se ven beneficiados con esto “favores” que otorga ese secretario de Estado a sus amigos, compañeros de partido, políticos o simplemente a empresarios corruptos capaces de llenar las bolsas de dinero de funcionarios fiscales.

Aunque esta facultad del “perdón fiscal” no había sido invocada por ningún secretario en más de 20 años, fue hasta el gobierno anterior cuando se decidió perdonar a nueve personas para que se les cancelaran las órdenes de aprehensión que había en su contra y sus expedientes fueran cerrados en definitiva.

“De enero de 2000 a diciembre de 2006 se hicieron nueve peticiones de sobreseimiento de procesos penales relativos a delitos fiscales”, informó la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, amparada en la impunidad de los secretos comercial, bancario, fiscal y fiduciario, esa dependencia simplemente se niega a informar a todos los mexicanos a quienes beneficia con permitirles la evasión fiscal y contrario a su obligación de informar todo lo que hace y proporcionar los nombres de los empresarios privilegiados –de un total de casi 19 millones de contribuyentes activos–, simplemente ha rechazado las solicitudes de información y las órdenes del IFAI para que dé a conocer los nombres las personas beneficiadas.

“La información contenida en los expedientes respectivos está reservada”, advierte Hacienda, y agrega que ni siquiera otorgará una versión pública de los documentos porque “los expedientes relacionados con el presente asunto han sido clasificados como reservados en todas sus partes y por un periodo de 12 años”.

El asidero jurídico del “perdón fiscal” se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, donde se señala que “los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.

Así, la ley establece que basta con que Hacienda negocie con el procesado y se declare “satisfecha” con el acuerdo. Aunque el Código dice que los créditos fiscales deben quedar “garantizados” o saldados los adeudos y los montos por las acciones, la SHCP no está obligada a rendir cuentas a nadie ni a informar de qué manera se saldarán las deudas fiscales.

Antes de que Agustín Carstens dejara la Secretaría de Hacienda para convertirse en gobernador del Banco de México, también reconoció haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos, ante lo cual se archivaron nueve causas penales abiertas en 2003, 2004 y 2006.

Los empresarios privilegiados no se acogieron a ningún programa de la SHCP, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del titular de la dependencia.

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